Viña del Mar un mes después de los incendios: “Vino mucha gente, pero ya siguieron con sus vidas”

Un mes después de que los incendios forestales en el centro-sur de Chile destruyeran 134 vidas, la incertidumbre ha reemplazado al caos. EL PAÍS regresó esta semana a El Olivar alto, la población construida a finales de los ochenta en lo alto de un cerro viñamarino, epicentro de la tragedia, convertida hoy en un desolador paisaje de viviendas quemadas. Ya no se ven escombros ni voluntarios. “Vino mucha gente, pero ya siguieron con sus vidas”, sostiene Jorge Torrijo, de 71 años, damnificado. Sí abundan los letreros de se busca: Lilith, Bob, Titi, Jack. Son las mascotas de los dueños que aún no pierden la esperanza. En la calle Chusmiza, donde la cifra de muertos alcanza los 16, el grueso de los vecinos se ha ido. Otros, se resisten a abandonar sus terrenos por temor a que se los tomen. Son adultos mayores para los que el trauma de las llamas no supera al dolor de dejar atrás el esqueleto de los inmuebles donde hicieron sus vidas durante casi 40 años.

Los vecinos reconocen las ayudas económicas entregadas por el Gobierno de Gabriel Boric, pero su principal preocupación es que les comuniquen con claridad cuándo van a volver a reconstruir sus viviendas. El Ejecutivo ha entrado dos bonos para quienes perdieron completamente su hogar o el daño impide que puedan habitarlo: el de recuperación, de 1.500.000 pesos (unos 1.500 dólares); y el de acogida, para las familias recibidas por terceros o que están alquilando un lugar, de 368.000 pesos mensuales (380 dólares).

Sobre la reconstrucción de las 4.555 viviendas con graves afectaciones –un tercio de ellas en barriales–, según el último catastro del Ministerio de Obras Públicas, la fecha de reconstrucción ha variado. “Normalmente son más de dos años, pero si podemos acortar los plazos, hay que trabajarlo. Hay varios casos de reconstrucciones de hace 15 o 20 años”, puntualizó este jueves el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en una entrevista a 24 Horas. La ONG Desafío Levantemos Chile, una de las más grandes iniciativas de la sociedad civil para apoyar en las emergencias, estimó que puede tardar hasta cinco años.

Autoridades gubernamentales le informaron a los vecinos de Chusmiza que en marzo comenzaría la destrucción de lo que quedó de sus casas, según cuentan. Desde los incendios, Sonia Zapata, de 61 años, y su marido, han dormido en distintos hogares de familiares. La mayoría del tiempo donde su madre, en Ventanas, una localidad 250 kilómetros al norte. Diariamente, sin embargo, acuden a limpiar los restos de la vivienda donde vieron nacer a sus dos hijos. A la técnico paramédica le ocurre un lapsus fugaz, y doloroso, propio de tragedia. “De repente despertamos y decimos ‘ya, hemos pasado mucho tiempo acá ¿por qué nos volvemos a la casa?’ Y es como... verdad que no tenemos casa y nos derrumbamos”, comenta este jueves en lo que fue su patio durante 35 años.

El marido de Zapata, un carabinero retirado, construyó con sus propias manos la ampliación de la cocina, un taller de herramientas y un gimnasio. De todo eso solo quedan los fierros estructurales deformados por el fuego. Sobre una escalera, a cielo abierto, el hombre los remueve. “Él empezó ganando casi nada. Esta casa se fue haciendo de a poco, costó mucho. Y ahora verlo a él mismo echarla abajo es muy difícil”, lamenta Zapata, vestida con ropa regalada por sus cercanos. Incluso la caja fuerte se fundió con las llamas, donde tenía guardado poco más de un millón de pesos (unos 1.000 dólares), sus ahorros. “Entre las cenizas quedaron unos pedacitos de billetes. Yo los cogía y le decía a mi familia: miren, tengo mucha plata”, recuerda con una sonrisa amarga.

Marianela Jofré, de 55 años, vive en su casa de El Olivar alto desde 1988, cuando se entregaron los primeros inmuebles del proyecto gubernamental del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Es de las que se rehusan a abandonar la carbonizada cuna de sus recuerdos. En el área trasera de su casa levantó una tienda de campaña y tiene previsto construirse una pequeña cabaña ahí mismo. La inspectora de patio en el Liceo Bicentenario de Viña del Mar arrancó de las llamas con su hijo de 34 años, con quien vive, y su nieta de ocho, que estaba de visita. “Fue bastante terrible. Es muy doloroso perder años de sacrificio y esfuerzo en un dos por tres. He recibido los bonos, pero ayudas para una mediagua o vivienda, nada. Y yo no me voy a mover de acá, aunque tenga que vivir en una carpa”, advierte.

Por las noches, Jofré se va a dormir donde su hermana, unas calles más abajo del cerro. “No tengo ningún problema con ella, pero necesito mi espacio. También un lugar donde mi hijo pueda recibir a su chiquita”, sostiene. La nieta no quiere ir a la casa de su abuela porque dice que todo huele a humo y teme que se vuelva a incendiar. Por la tarde, la damnificada tiene una cita con un psiquiatra. En marzo inicia el nuevo año escolar y no se siente emocionalmente preparada para retomar sus labores. Un hermano que trabaja en una mina del norte la está ayudando a construir su nuevo hogar y otras dos hermanas la acompañan de sol a sol. Dentro de lo que fue su casa, hay una mesa larga donde almuerzan trabajadores de una compañía eléctrica. Les prestó el recinto para que no coman en la calle. Las casas ya cuentan con electricidad y agua.

El silencio que impera en El Olivar alto se rompe con los sonidos de martillos y taladros de Villa Independencia, ubicada en el cerro del frente. El incendio arrasó con las casas de madera construidas ilegalmente en un terreno. En las pocas semanas desde ocurrida la tragedia, ya han levantado nuevamente un poblado. Algunas de hasta tres pisos, pintadas de alegres colores. “Cuando nosotros llegamos, no había nada en ese cerro”, comenta Zapata. “Nosotros no podemos hacer eso. Si echamos abajo lo que quedó en pie, el Gobierno no nos construye una nueva”, explica.

En un grupo de Whatsapp de los vecinos de Chusmiza se comparten las noticias sobre su futuro. Lo que dijo una autoridad, lo que escucharon por ahí, las acciones que deberían adoptar. Hay quienes defienden presentar una demanda colectiva. Un abogado ha estado visitándolos para representarlos. Por ahora, no hay voluntad ni fuerzas para meterse en una batalla judicial, aseguran los consultados en este reportaje. Torrijo, chófer de taxi, que sigue viviendo con su esposa en una casa quemada en un 75%, asegura que no es su prioridad meterse en líos legales.

“El abogado dijo que venía de un partido político que no voy a nombrar. Pero la única política que importa ahora es la solución al problema que tenemos. ¿Y cuál es ese? La vivienda”, aclara ad portas de mudarse temporalmente a Valparaíso tras los reiterados llamados de atención de los especialistas que han inspeccionado su débil inmueble. La pareja se va con miedo. No temen no volver a su barrio. Están convencidos de que eso ocurrirá. Tienen miedo de que cuando regresen, les hayan robado lo que poco se salvó de su hogar.

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