Así es la Constitución que seguirá vigente en Chile y que se intentó cambiar dos veces en cuatro años

La de Chile ha sido una vuelta más que larga, que ha implicado dos procesos constitucionales en cuatro años, para volver al mismo punto. Porque, tras el plebiscito de este domingo 17, la opción en contra de la propuesta de nueva Constitución ha sido respaldada en las urnas por más del 55% de la ciudadanía frente a un 44 % que votó a favor, con el 96 % escrutado. Es un resultado que implica que sigue vigente la Ley Fundamental que rige desde 1980, impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet...

La de Chile ha sido una vuelta más que larga, que ha implicado dos procesos constitucionales en cuatro años, para volver al mismo punto. Porque, tras el plebiscito de este domingo 17, la opción en contra de la propuesta de nueva Constitución ha sido respaldada en las urnas por más del 55% de la ciudadanía frente a un 44 % que votó a favor, con el 96 % escrutado. Es un resultado que implica que sigue vigente la Ley Fundamental que rige desde 1980, impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero que ha sufrido 70 reformas desde 1989, la mayoría de ellas en periodo democrático.

Incluso, desde 2005, esta Constitución, con 168 artículos en 15 capítulos, lleva la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006). “Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile”, dijo el exmandatario cuando se publicaron, en agosto de ese año, las 58 reformas en el Diario Oficial. En el paquete se eliminaron varios de los principales enclaves autoritarios que mantenían viva gran parte del alma de la dictadura, entre ellos los senadores designados y vitalicios, como lo fue el propio Pinochet, y la función de garantes de la institucionalidad que tenían las Fuerzas Armadas. También se redujo de seis a cuatro años el periodo presidencial sin reelección inmediata y se dieron mayores facultades fiscalizadoras a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, se mantuvo el modelo de Estado subsidiario, implícito en la Constitución, de prestaciones sociales, como en salud y pensiones, con participación de organismos públicos y especial protagonismo de los privados. De hecho, este es un texto que, además, no tiene integrados ni el derecho al trabajo (se refiere a la libertad de trabajo) ni el de vivienda, y que se refiere a las mujeres en una norma, incluida en una reforma en 1999, que señala que “hombres y mujeres son iguales ante la ley”.

También, en el texto vigente, el Tribunal Constitucional (TC) tiene la facultad de realizar el control preventivo de las leyes, es decir, examinarlas antes de que sean promulgadas. Es un papel que ha sido cuestionado, sobre todo por las izquierdas, que lo han catalogado como una tercera cámara legislativa. Por ejemplo, en 2017 los jueces declararon inconstitucionales algunas de las normas que reformaban al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), entre ellas poder investigar, sancionar y aplicar multas a los proveedores que infringieran la ley.

A pesar de todas sus reformulaciones en los últimos 30 años y que se haya sacado el nombre de Pinochet, esta es una Constitución a la que las izquierdas le han cargado como pecado de origen haber nacido en dictadura. Pero en este segundo proceso, paradójicamente, han votado por mantenerla.

Ese pecado de origen fue una de las razones por las que en noviembre de 2019, tras el estallido social, se impulsara el primer proceso constitucional que resultó un fracaso cuando una convención dominada por las izquierdas presentó una propuesta que fue rechazada en un plebiscito en 2022 por un 62%. Pero, la principal motivación, fue para fortalecer los derechos sociales.

Tras ese fiasco, en 2023, la clase política levantó este segundo proceso. Esta vez un Consejo Constitucional electo, en que las derechas lograron la mayoría, entregó una propuesta que el oficialismo de izquierdas rechazó. Por lo tanto, hicieron campaña por mantener la misma Ley Fundamental que han criticado por décadas, argumentando que peor era el nuevo proyecto que se plebiscitó este domingo. Según una de las portavoces del voto en contra, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, democristiana, era una “Constitución 2.0 de la de 1980″.

Pero las ansias de cambiar esta Constitución, que ha sido ratificada en este plebsicito, vienen de mucho antes. En 2018, al terminar su segundo Gobierno, la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) también intentó reemplazarla. No fue con un proceso con convenciones o consejos, como los dos últimos, sino con el envío de un proyecto de reformas al Congreso que no tuvo respaldo político ni de la izquierda ni de la derecha.

De escrita en piedra a reformable

La Constitución que seguirá vigente en Chile fue promulgada el 21 de octubre de 1980. En su redacción trabajaron desde 1976 tres comisiones de abogados nombradas por la Junta Militar, compuesta por cuatro generales, y que lideraba Pinochet. Fue plebiscitada en un referéndum en que no había ni Tribunal Calificador de Elecciones y ni Registro Electoral, por lo que los alcaldes designados por el régimen autoritario cumplieron ese papel en el proceso. Entonces ganó el voto a favor con un 65,71% de los sufragios, un resultado que fue cuestionado desde el primer día por la oposición a la dictadura.

La Constitución actual ha tenido tres principales reformas. “Las tres más importantes son las de 1989, que habilitaron la transición a la democracia; las del 2005 [del Gobierno de Lagos] y las que inauguraron los procesos constituyentes de este período”, ha dicho a El PAÍS el constitucionalista Gonzalo García, quien fue el coordinador de las reformulaciones impulsadas por Lagos.

Pese a todos los cambios, es una Constitución que en su origen fue, y por muchos años, escrita en piedra, es decir, que era muy difícil de modificar: para reformarla requería un alto quórum, de 2/3.

Pero aquello cambió en agosto de 2022, un mes antes del plebiscito de salida del 4 de septiembre del primer proceso constituyente. Cuando ya se avizoraba, claramente por las encuestas, que la propuesta de la Convención Constitucional sería rechazada, un grupo de senadores, entre ellos Ximena Rincón, exdemocristiana y hoy en Demócratas, impulsaron como plan B una reforma que rebajó de 2/3 a 4/7 el quórum para hacer reformas constitucionales, que fue aprobado.

Tras ello, apunta el constitucionalista Gonzalo García a EL PAÍS, la actual Carta Fundamental chilena se convirtió en un texto flexible. Incluso, dice el politólogo de la Universidad Católica David Altam, hoy es un texto que, para cambiarlo, tiene de los quórum más bajos de Latinoamérica: “Solo necesitas 4/7 del Congreso”, mientras que “en la mayoría es de 2/3″.