Chile a cuatro semanas del plebiscito constitucional: los pronósticos anuncian un nuevo rechazo

El domingo 17 de diciembre, cerca de 15 millones de chilenos acudirán obligatoriamente a las urnas para votar A favor o En contra de una nueva propuesta de Constitución. Es un texto apoyado por las derechas y sectores de centro y rechazado por las izquierdas, incluyendo el oficialismo de Gabriel Boric (que no apoya la propuesta, pero no lo dice abiertamente). A juzgar por los pronósticos electorales, se tratará de un nuevo fiasco para la institucio...

El domingo 17 de diciembre, cerca de 15 millones de chilenos acudirán obligatoriamente a las urnas para votar A favor o En contra de una nueva propuesta de Constitución. Es un texto apoyado por las derechas y sectores de centro y rechazado por las izquierdas, incluyendo el oficialismo de Gabriel Boric (que no apoya la propuesta, pero no lo dice abiertamente). A juzgar por los pronósticos electorales, se tratará de un nuevo fiasco para la institucionalidad chilena, porque unos y otros habrán fracasado en su intento de reemplazar la Carta Fundamental redactada en dictadura, aunque sometida a unas 60 reformas desde 1989. En septiembre de 2022 el primer intento fue echado abajo por un 62% –en aquella ocasión era una propuesta de izquierda–, y ahora se vislumbra un resultado parecido. De acuerdo al pronóstico Pulso Ciudadano de Activa, un 66,3% estará por rechazar y un 33,7% por aprobar.

Es cierto que los resultados se van estrechando. En el primer pronóstico de la misma encuestadora, del 23 de octubre, había un 69,7% por la opción En contra y un 30,3% para la alternativa del A favor. Pero el ritmo de movimiento del electorado no parece suficiente como para dar vuelta a la ciudadanía, en menos de cuatro semanas. Es una campaña rara, muy corta y con una sociedad que no parece involucrada: se aprecia, más bien, un gran desinterés. Tras cuatro años de un período constituyente abierto –el 15 de noviembre se cumplieron cuatro años desde el acuerdo por cambiar la Constitución– el electorado está cansado y con fundadas dudas de que una nueva Carta Fundamental resuelva sus urgencias cotidianas. La principal, la crisis de delincuencia que azota sobre todo a los más humildes.

“Muchos políticos, desde ambos lados del espectro, se preguntarán en qué hora se embarcaron en el camino constitucional para contener el estallido [social de octubre de 2019], en lugar de intentarlo con un plan más modesto de reformas socioeconómicas”, se preguntaba en una columna de EL PAÍS el sociólogo Eugenio Tironi hace unos días.

Hoy lo que preocupa a la gente es el clima de inseguridad pública y lo refrendan las encuestas. El tipo de criminalidad que ha debutado en Chile en los últimos años impacta a la sociedad en su conjunto. La Fundación Paz Ciudadana entregó a mediados de octubre su índice de percepción sobre la seguridad pública que muestra que los habitantes de Santiago, las mujeres y los más pobres son los que tienen mayor temor. Entre sus conclusiones, el índice mostró que la proporción de personas con alto temor a sufrir un delito alcanza el 30,5%, el número máximo desde el año 2000, cuando Paz Ciudadana puso en marcha el análisis.

Mientras, según cifras oficiales, la tasa de homicidios ha pasado en Chile desde 2015 a 2022 de un 3,3% a 6,7% por cada 100.000 habitantes. No es raro, como ha pasado en los últimos días, que en una playa cualquiera se encuentren pedazos de cuerpo humano, como ha sucedido en las últimas horas en Peñuelas, en la región de Coquimbo.

Sólo 22% ve el futuro del país con optimismo, el nivel más bajo que ha registrado la encuesta Cadem desde enero 2015, según el estudio difundido el domingo. El temor a la delincuencia llega a 84% y es el nivel más alto desde octubre de 2014. Además, un 85% cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos tres meses, 93% considera que es más violenta, 55% lo atribuye al aumento de la inmigración y 54% está de acuerdo con decretar estado de excepción en la Región Metropolitana.

Las fuerzas políticas se preparan para el día siguiente del plebiscito, cuando comiencen a analizarse los ganadores y los perdedores de este segundo proceso, pero, sobre todo, cuando haya que ponerse en sintonía nuevamente con una sociedad irritada y desencantada “por una especie de statu quo en el que las personas sienten que tienen que luchar mucho por sus vidas individuales, pero que no hay una idea de futuro común, de mejora común”, como explicaba en EL PAIS hace una semanas la investigadora de la vida social chilena, Kathya Araujo.

No será raro que, nuevamente, unos y otros trabajen en clave electoral, considerando que 2024 y 2025 vienen cargados: el otro año las municipales y elección de gobernadores y, el siguiente, las parlamentarias y presidenciales. Comenzarán –ya han arrancado– las propuestas para echar abajo ministros. Un partido de la derecha tradicional, RN, ha anunciado que si de aquí a fin de año no se expulsan a los 12 mil inmigrantes irregulares, buscará la destitución en el Congreso de la ministra del Interior, Carolina Tohá, la principal responsable política de la seguridad pública. El Gobierno se ocupa de mostrarse activo en esta materia y, tras reuniones con el presidente Boric donde se ha anunciado un nuevo plan de seguridad, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha anunciado este domingo que usará facultades especiales para expulsiones de inmigrantes.

La política chilena apura el tranco. Sea cual fuere el resultado del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, los problemas para la gente seguirán casi intactos el día 18 del próximo mes.