Los 50 años del golpe de Estado reviven el debate sobre Punta Peuco, la cárcel para violadores a los derechos humanos

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó al mandatario socialista Salvador Allende (1970-1973), el próximo 11 de septiembre, ha reactivado en Chile el debate sobre el penal de Punta Peuco, una cárcel especial para militares condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura del general...

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó al mandatario socialista Salvador Allende (1970-1973), el próximo 11 de septiembre, ha reactivado en Chile el debate sobre el penal de Punta Peuco, una cárcel especial para militares condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) que hoy aloja a 134 exuniformados. La mayoría de los reclusos -el 80% de ellos supera los 70 años- fueron agentes de inteligencia y de seguridad del régimen autoritario que pertenecieron a la DINA y la CNI, organismos responsables de ejecuciones, desapariciones y torturas, entre otros crímenes de lesa humanidad.

Parlamentarios del oficialismo han iniciado una ofensiva y han pedido al Gobierno de Gabriel Boric -en particular a su ministro de Justicia, Luis Cordero- una señal en la víspera de la conmemoración del golpe para que la cárcel especial sea reacondicionada como centro de detención de reclusas embarazadas o con hijos pequeños, y que los exuniformados sean trasladados a Colina 1, un penal para delitos comunes donde también cumplen condenas otros 129 exagentes luego que Punta Peuco superara su capacidad.

Ubicada en la comuna de Tit Til, a 44 kilómetros de Santiago, desde su creación en 1995 durante la presidencia del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), la cárcel de Punta Peuco, como es conocida en Chile, ha provocado siempre un agitado debate entre la izquierda y la centroizquierda chilena. Además, ha contado históricamente con la oposición de los familiares de las víctimas de la dictadura, que consideran que los exmilitares deben estar privados de libertad en penales comunes y no especiales. Incluso, en marzo de 2018, cuando la presidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) terminó su segunda Administración y entregó el poder a Sebastián Piñera (2018-2022), de la derecha tradicional, ordenó su cierre. Pero su ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a hacerlo pues, según ha dicho, “habría implicado una transgresión a la Constitución”.

Cinco años después, nuevamente la mantención de Punta Peuco está en entredicho. El domingo, Boric fue consultado en Canal 13 respecto de si cerrará Punta Peuco. “Ese tipo de cosas se hacen, no se anuncian”, contestó. Fue una frase que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró: “Como dijo el presidente, son cosas que no se anuncian, sino que se hacen. No es un tema sencillo, tiene sus complejidades. Por eso siempre se está mirando, estudiando y observando cómo resolver este tema”. Sin embargo, Vallejo fue más allá y dijo que el penal de Punta Peuco “significa el desigual trato a personas que cometen delito” y que tiene “privilegios intolerables”.

Ambas frases generaron expectativas de un eventual cierre de la cárcel, pues hay un precedente: en 2013, durante su primer gobierno, el presidente Piñera sorprendió con el cierre del penal Cordillera, en Santiago, en el que también estaban privados de libertad exmilitares implicados en violaciones a los derechos humanos. Fue una determinación que tomó pocos días después de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado.

Sin embargo, el ministro de Justicia de Boric, Luis Cordero, de cuya cartera depende Gendarmería, el organismo a cargo de las cárceles en Chile, recordó que en el país sudamericano hay sobrepoblación penal, “de modo que cualquier decisión que se adopte sobre Punta Peuco se va a hacer en el contexto general de la política penitenciaria del país”.

Los primeros tres reclusos

Punta Peuco ha sido, desde sus orígenes, una cárcel controvertida. De hecho, cuando el expresidente Frei impulsó su creación, en 1994, quien era ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos -en el 2000 asumió como el primer presidente socialista después de Allende-, se negó a firmar el decreto que permitía la construcción del penal.

Hoy la mayoría de los internos tiene un dormitorio privado, pero desde que su capacidad -de 130 personas- fue sobrepasada, hay algunos que comparten habitaciones. El patio además es usado por algunos exagentes como cancha de tenis. Y, ante la falta de cupos, otros 129 exuniformados hoy están Colina 1, una cárcel común.

Punta Peuco fue creada para los primeros militares de alto rango que fueron sentenciados por crímenes de la dictadura: el director de la DINA y exbrazo derecho de Pinochet, el general Manuel Contreras y el segundo jefe de ese organismo, el brigadier Pedro Espinoza. Ambos fueron condenados en 1995 por el asesinato en Washington, en 1976, del excanciller de Allende, Orlando Letelier, quien murió en un atentando cuando la DINA puso una bomba en su automóvil.

Espinoza -hoy condenado por cientos de causas- fue el primer recluso en llegar a Punta Peuco. Hoy tiene 93 años y es el interno de mayor edad del penal. Luego ingresó Contreras (fallecido en 2015 y con sentencias que sumaban 520 años de cárcel), quien se negaba a entrar, por lo que el Gobierno de Frei debió realizar un complejo operativo para encerrarlo.

En sus inicios, Punta Peuco era manejada en el interior por el Ejército, mientras que el perímetro exterior era custodiado por Gendarmería, que dependía del Ministerio de Justicia. Aquel sistema también fue controvertido, pues Contreras y Espinoza, por sus altos rangos, eran atendidos por subalternos del Ejército y tratados de acuerdo con su jerarquía. A fines de los noventa, ese régimen cambió.

Durante los primeros años, los exjefes de la DINA estuvieron solos en Punta Peuco, y sin hablarse. Incluso, eran los dos únicos asistentes a misa dentro del penal, sin mirarse entre sí. También tuvieron varios conflictos domésticos. Mientras Contreras se quejaba de ruidos molestos pues Espinoza aprovechaba un muro como frontón para jugar tenis y tenía una jaula con varios pájaros como mascotas, el brigadier denunció en los años noventa que el jefe de la DINA tenía privilegios, como acceso a un fax, a teléfono y a internet.

El tercer preso en esta cárcel fue el mayor Carlos Herrera Jiménez, alias Bocaccio, condenado en ese entonces solo por el crimen del transportista Mario Fernández, ocurrido en 1987. Herrera fue parte de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), pero en 2000 fue sentenciado por otros dos crímenes perpetrados en 1982: el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría, a quien la CNI asesinó para encubrir el homicidio de Jiménez.

El exagente -quien sigue en Punta Peuco- pasó sus primeros años de cárcel dedicado a entrenar a Kazán, el pastor alemán de Manuel Contreras.

Con los años, y a medida fueron avanzando los juicios por violaciones a los derechos humanos, Punta Peuco comenzó a tener cada vez más internos. Entre ellos, los carabineros -y un civil, Miguel Estay Reyno, alias El Fanta- condenados por degollar, en 1985, a tres profesionales comunistas. Además, en su larga lista se encuentran dos exagentes emblemáticos por sus crímenes: el brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, de la DINA, quien acumula más de 1.000 años de condenas, y el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla.

Corbalán está condenado por decenas de delitos, entre ellos por a pena perpetua por el crimen del carpintero Alegría en 1983; por el asesinato en 1986 del periodista José Carrasco y otros tres opositores a Pinochet y, además, por el homicidio de doce exintegrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987. En la cárcel mantiene una guitarra, ha compuesto canciones e, incluso, en 2018 publicó un libro, Las respuestas de Corbalán.

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