Chile buscará a más de 1.000 desaparecidos de la dictadura, la mayor apuesta de Boric a 50 años del golpe militar

En vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el próximo 11 de septiembre, el presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, ha presentado el Plan de Búsqueda Verdad y Justicia en la Plaza de Constitución, frente a La Moneda, en Santiago, ante unos 500 asistentes, gran parte de ellos familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue una ceremonia emotiva, en la que Boric firmó un decreto,...

En vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el próximo 11 de septiembre, el presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, ha presentado el Plan de Búsqueda Verdad y Justicia en la Plaza de Constitución, frente a La Moneda, en Santiago, ante unos 500 asistentes, gran parte de ellos familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue una ceremonia emotiva, en la que Boric firmó un decreto, junto al ministro de Justicia, Luis Cordero —quien fue ovacionado— a fin de que el programa sea una política permanente y sistemática del Estado para la búsqueda e identificación de 1.092 personas.

El Plan de Búsqueda es el proyecto más importante del Gobierno de Boric para la conmemoración de los 50 años y ha sido preparado con meses de anticipación. Está destinado a conocer las circunstancias y el tránsito por el que pasaron las personas que fueron detenidas, hechas desaparecer y ejecutadas por la dictadura de Pinochet, y hacer un trazado y cotejar los datos con los cientos de investigaciones judiciales que aún siguen abiertas en los tribunales chilenos.

Durante la dictadura, que se prolongó por 17 años, al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer. De acuerdo con la información que recopiló el Ministerio de Justicia, 1.469 personas fueron víctimas de desaparición forzada y de ellas, 1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas.

Aún hay 377 personas ejecutadas cuyos cuerpos no han sido entregados a sus familias, mientras que solo 307 víctimas de desaparición forzada han sido identificadas. “Esa cifra nos debe doler, nos debe hacer arder la sangre porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y como sociedad”, dijo el mandatario. “Con esta política pública, que es permanente, nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de lo que nos han dicho que es posible para esclarecer las circunstancias de desaparición y / o muerte, y el destino final de los y las compatriotas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”, agregó.

Boric recordó en su discurso las recientes sentencias que han emanado desde la Corte Suprema, entre ellas la del cantautor chileno Víctor Jara, en la que se condenó a siete exmilitares por su secuestro y homicidio. “La justicia ha tardado demasiado. Por cierto, hay que valorar a los jueces valientes y a quienes hasta hoy siguen empujando, pero cuando pensamos que ayer, no metafóricamente, en los últimos días de agosto de 2023 emanan sentencias que condenan a autores materiales de crímenes como el de los asesores de La Moneda o el de Víctor Jara, uno se pregunta también, y es un deber del Estado preguntárselo, que no lo enseñan en las aulas de las facultades de Derecho: si la justicia es tal, cuando no es oportuna, es mejor que llegue a que no llegue, pero algo pasó en el camino y que haya pasado no significa que tengamos que olvidarlo”.

“Por eso hoy estamos acá y decimos que este, lo que estamos haciendo hoy, es un gesto de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso de la vida y la dignidad humana es conocer toda la verdad”, añadió. Y agregó que son no solo gestos, sino “políticas públicas concretas y con financiamiento”, pues “tenemos la convicción que son necesarios para contar con democracias robustas que se puedan proyectar con coraje hacia el futuro”.

Durante la ceremonia, antecedieron al mandatario, las presidentas de Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira. Ambas destacaron el papel del Gobierno de Boric. Rivera recordó que, tras el golpe de Estado y los crímenes de los agentes de la dictadura, que de parte del Estado “nunca hubo una explicación ni la más mínima deferencia con las familias”, por lo que valoró “la voluntad política” de la actual Administración. “El Estado hizo desaparecer a los familiares y el Estado tiene que hacerse cargo. Y si tenemos que estar 50 años más, así estaremos”, dijo Rivera.

El Plan de Búsqueda ha sido presentado el 30 de agosto, el Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas.

Un país dividido

La conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado ha provocado una serie de choques entre políticos de las izquierdas y de la oposición en Chile. El pasado el 22 de agosto, en la Cámara de Diputados se vivió un episodio con gritos e insultos entre parlamentarios de derechas y del oficialismo de izquierdas.

Parlamentarios de la UDI, junto al bloque Chile Vamos, de la derecha tradicional, respaldados con los votos del Partido Republicano, de la extrema derecha, impulsaron en la Cámara la lectura de una antigua declaración del 22 de agosto de 1973, 20 días antes del golpe de Estado, que denunciaba el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República” del Gobierno de Allende y pedía a los ministros que eran parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros “poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes”.

El 15 de julio, durante su primera gira a Europa, Boric anunció en una entrevista a la Cadena SER que convocaría a los partidos políticos chilenos a suscribir una declaración conjunta con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe. “Convengamos todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se deben resolver con más democracia y no con menos. Por lo tanto, un golpe de Estado es inaceptable. Ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos de quien piensa distinto”, dijo.

Sin embargo, su planteamiento no fue acogido por la oposición, pues consideraron que el mandatario pretendía dar una sola visión del golpe. “No estamos disponibles para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada y coaptada por el Partido Comunista, con una visión de pasado”, dijo entonces el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, de la derecha tradicional, Frank Sauerbaum.

Y este miércoles, cuando finalizaba su discurso durante la presentación del Plan de Búsqueda, el mandatario volvió al punto. Primero, lamentó “las ausencias en esta ceremonia porque acá fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos y no vinieron todos”. Y luego insistió: “Creo que es momento en que nos pongamos de acuerdo en algo que es muy básico, que no requiere contexto, que no requiere mayores explicaciones, que es que nunca más vamos a interrumpir la democracia por medio de la violencia y nunca más vamos a violar los derechos humanos de otra persona por pensar distinto, nada más. Y para quienes interpreten cosas, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de lo que viene para adelante, de la sociedad que estamos construyendo”.

El Gobierno de Boric ha tenido problemas en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe. A comienzos de julio, el asesor presidencia para la fecha, el escritor Patricio Fernández, renunció a su cargo tras ser acusado por parlamentarios comunistas y agrupaciones de derechos humanos de haber disociado el golpe de Estado de las consecuencias criminales contra la población. Luego, el ministro de Cultura a cargo de la coordinación de las actividades, Jaime de Aguirre, fue removido del Gabinete.