Fortalecimiento del recurso humano y la coordinación en gobiernos regionales

De acuerdo con información de la Alta Dirección Pública, basado en datos de la Dirección de Presupuesto (DIPRES), Chile cuenta con una dotación de 453.154 funcionarios públicos que se desempeñan en diversos servicios centralizados, desconcentrados y descentralizados. Esta cifra representa el 11,9% del empleo total en el país, debajo del 21% promedio de la OCDE y en torno al promedio de América Latina y el Caribe. De ese total, el 36,7% de los funcionarios públicos se desempeña en la Región Metropolitana y un 63,3% en el resto de las regiones.

De ellos, en calidad de planta y contrata, en las 345 municipalidades se desempeñan 52.868 trabajadores, sin contar los funcionarios que lo hacen en calidad de honorarios financiados con programas externos o con financiamiento municipal, el cual en su totalidad supera los 57.000 trabajadores.

Por su parte, los funcionarios que se desempeñan en los 16 gobiernos regionales de Chile no superan las 2.003 personas, lo que equivale a un 0,44% del total de trabajadores del sector público en el país. Esta primera aproximación, deja claro que la mayoría de los funcionarios públicos se desempeña en instituciones centralizadas, desconcentradas y municipalidades.

Como consecuencia, con el exiguo 0,44% de los funcionarios públicos que se desempeñan en los gobiernos regionales, se dificulta avanzar en materia de descentralización, política, fiscal y administrativa a escala regional.

Esto es muy importante de señalar dado que, en la actualidad, los gobiernos regionales cumplen tres funciones esenciales, dos de las cuales se han venido realizando desde comienzos de siglo. La primera se refiere a planificar el desarrollo regional y, la segunda, a financiar proyectos para ese propósito. Con la nueva ley de transferencia de competencias, aparece una tercera función, que tiene relación con la capacidad formuladora de programas y la coordinación de servicios públicos desconcentrados.

Producto de que la mayor cantidad de funcionarios públicos no está en los gobiernos regionales, su capacidad formuladora y de control de los recursos transferidos a servicios públicos se ven reducidos. Por ello, y dado que el porcentaje de empleo público en relación con el empleo total en Chile está bajo el promedio OCDE, esto nos indica que es necesario fortalecer a los gobiernos regionales en sus distintas funciones.

Dado el actual contexto institucional en Chile, es indispensable reforzar con recursos humanos la capacidad de coordinación de los gobiernos regionales con los servicios públicos desconcentrados. O lo que podríamos llamar la capacidad de coordinación del gobierno de la región con el gobierno en la región. Como lo he dicho en otras columnas, es demasiado relevante para los gobiernos regionales contar con recursos humanos que garanticen la capacidad de coordinar servicios públicos desconcentrados, los que tienen un gran volumen de inversión pública en regiones. Por ejemplo, del total de 100 pesos que se invierten en una región, entre 85 a 90 provienen de fondos de instituciones desconcentradas entre 10 a 15 pesos provienen del gobierno regional y entre 0 a 2 pesos de fondos municipales.

Actualmente, el gobierno regional no es la institución que coordina a los servicios públicos desconcentrados que invierten en regiones entre el 85 a 90% de los recursos públicos, sino que lo hace el gobierno central a través de su respectivo delegado presidencial regional. En la actualidad, la ley no es suficientemente clara en establecer que la coordinación con este tipo de servicios forme parte de las atribuciones y competencias de gobernadores regionales, sin mediar un convenio de programación u otro instrumento de planificación específico que vincule a la región con algún ministerio.

En síntesis, la dificultad parece estar en cómo garantizar mediante recursos humanos y herramientas legislativas, la capacidad de los gobiernos regionales para coordinar los servicios públicos desconcentrados en el territorio. Luego de encontrar ese consenso, se debe reforzar el capital humano y establecer mecanismos formales y legales de coordinación en favor de uno u otro nivel de gobierno, sea el regional o nacional en el territorio. Una vez disipada esta sustantiva discusión y desarrolladas las capacidades regionales, se puede avanzar de manera mucho más sólida en transferir competencias o, incluso, la totalidad de servicios públicos desconcentrados a gobiernos regionales.