El voto obligatorio y el triunfo de la derecha en Chile

Desde la recuperación democrática, en Chile existió una preocupación por establecer mecanismos inclusivos de participación electoral. Por más de dos décadas, la existencia de un sistema de inscripción voluntaria provocó un decrecimiento en el universo de votantes y un envejecimiento del padrón electoral. Los segmentos más jóvenes de la población, que habían tenido una notoria participación en el plebiscito de 1988, así como en las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989, fueron manifestando cada vez menos interés en inscribirse previo a las elecciones que se sucedieron hasta inicios de 2010. En los primeros meses de 2012, tras un intenso debate parlamentario, se logró aprobar un sistema de inscripción automática, pero que dejaba la participación en condición de voluntaria.

Varios fueron los argumentos que se esgrimieron a favor del voto voluntario, para la aprobación de esa reforma. En primer lugar, se afirmaba que se debía dejar la participación a la libre disposición de las personas, evitando que el acto electoral fuera considerado una forma de coacción por parte del Estado. En segundo lugar, se decía que el carácter voluntario del voto obligaría a los partidos a tener que intensificar la competencia, en aras de la movilización y la adhesión ciudadana. Ambos argumentos eran compartidos desde los sectores más conservadores de la derecha a representantes del Partido Socialista. Por el contrario, quienes cuestionaban el voto voluntario y se mostraban partidarios de la obligatoriedad, apuntaban a la necesidad de revertir la baja participación dado que a la larga eso afectaba la sostenibilidad del propio sistema democrático. En base a evidencias internacionales, también se destacaba que el voto voluntario tendía a elitizar la participación, generando una situación análoga a lo que en otras épocas fue la participación censitaria.

Desde que entró en vigencia el voto voluntario se produjo una notoria segmentación del electorado, como quedó demostrado en los comicios que se efectuaron desde octubre de 2012 a diciembre de 2021. Por ejemplo, se pudo constatar que en la Región Metropolitana de Santiago, en las comunas de más bajos ingresos la participación solía ser menor al 30%, mientras que en la de más altos ingresos sobrepasaba el 75%. Además, algo que se dice poco, el voto voluntario permitía elegir gobiernos que –si se consideraba al conjunto de la población en edad de votar– lo terminaban haciendo por mayoría relativa más que por mayoría absoluta. Esto terminó redundando en gobiernos que rápidamente perdían respaldo ciudadano, transformándose además en gobiernos para una minoría y generando un problema de legitimidad para el conjunto del sistema político.

Los dos últimos eventos electorales se efectuaron con voto obligatorio, previo acuerdo de su restablecimiento legal. Así ocurrió con el plebiscito de salida, del 4 de septiembre de 2022, y con la reciente elección de los miembros al Consejo Constitucional, en el marco de un nuevo proceso constituyente. En el plebiscito de salida se impuso con holgura la opción de rechazo (61,8%) a la propuesta de nuevo texto constitucional. En la elección de consejeros del domingo pasado, obtuvo una rotunda victoria el Partido Republicano (35,4%), de extrema derecha, que junto a la votación obtenida por el resto de la derecha (21,7%), le permitirá a ese sector tener el control del nuevo proceso constituyente.

En ambos casos, la puesta en vigencia del voto obligatorio permitió la participación de una franja, que fluctuaba entre un 40 a 50%, de no concurrente a eventos electorales previos. Vale decir, un segmento de la población desafecto o que con frecuencia manifestaba un desinterés por la política. En ambos casos, y sobre todo en la reciente elección, la presencia de ese segmento de desinteresados tendió a sintonizar con el discurso de la derecha más extrema.

Pese a ello, el resultado favorable al Partido Republicano no puede ser interpretado como une efecto directo del voto obligatorio. Previo a 1973, en año del golpe de Estado, la ampliación de la participación favoreció a sectores de centro e izquierda, partidarios de reformas estructurales profundas. En los últimos años, en Europa, la extrema derecha ha crecido y tenido mejor desempeño electoral en países en los cuales existe voto voluntario: Francia, Italia, España, Finlandia, entre otros. En Chile, José Antonio Kast obtuvo el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones de 2021, estando en vigencia el voto voluntario.

El reciente triunfo del Partido Republicano se explica por tres importantes factores.

En primer lugar, por haber canalizado de manera efectiva el malestar generado por el proceso constituyente anterior, mientras que el resto de la derecha decidió respaldar la continuidad de dicho proceso tras el plebiscito del 4 de septiembre. En segundo lugar, porque es el Partido Republicano quien ofrece una promesa de orden y estabilidad, en un contexto marcado por el incremento de la delincuencia, los efectos de la crisis migratoria, la contracción económica y el aumento de la inflación. Fenómenos, todos ellos, que han sido parte del repertorio del crecimiento de la derecha en países europeos. En tercer lugar, una crítica frontal a la gestión del actual Gobierno.

En un contexto marcado por la agudización de la crisis de las instituciones políticas, el establecimiento del voto obligatorio parece una medida tardía, pero no por eso innecesaria. En efecto, ingresa un contingente de electores apolitizados, con escaso interés en los asuntos públicos y que se había restado de participar en los comicios anteriores. Para que los ciudadanos se hagan responsables del acto de votar se requiere de tiempo, así como de un proceso de socialización, en el cual intervienen otros agentes e instituciones. En suma, se requiere de un tiempo para la adaptación y la normalización de ciertas prácticas. De ahí que el voto obligatorio, al ser establecido, puede tener efectos no esperados, al dejar espacio a que los electores puedan ser permeados por fuerzas antisistémicas o antidemocráticas. No obstante, también garantiza una mayor legitimidad de las decisiones adoptadas, algo que resulta crucial tratándose de la elección de representantes y autoridades, o bien de un proceso de cambio institucional.