Recuperar la audacia, el reto de Boric

Son cuatro los procesos constituyentes que han tenido lugar en Sudamérica los últimos 24 años: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Chile. Los tres primeros contaron con un impulso fundamental cuando los proyectos políticos que los incluían entre sus principales demandas accedieron a los respectivos gobiernos y lo hicieron, además, en un marcado clima refundacional y aupados por abultadas mayorías electorales. El hecho de haber sido precedidos por la conformación de los gobiernos les supuso también una suerte de límite y control por parte de los mismos. Los Gobiernos de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales ataron su suerte a sus respectivos procesos constitucionales y por ello no dejaron de incidir en ellos cuando estimaron oportuno. En la mayor parte de las ocasiones se trataba de una suerte de coordinación política: la mayoría de los asambleístas eran también miembros o personas cercanas de los partidos de gobierno pero en algunos casos más extremos, la intervención adquirió matices más gruesos como cuando, en el caso boliviano, el Gobierno de Evo Morales, mediante un acuerdo político con las fuerzas de la oposición, promovió la modificación de al menos un centenar de artículos del borrador final previo a someterlo a referéndum popular.

El papel activo de los Gobiernos venezolano, ecuatoriano y boliviano respecto a sus procesos constituyentes se puede resumir en limar ciertas posiciones para lograr que el orden que estos textos constitucionales fundaban fuera, como argumenta Iñigo Errejón, “un orden nuevo que dé certezas y que incluya también a quienes estaban en contra de él”. El 15 de diciembre de 1999 se ratifica vía referéndum la Constitución Bolivariana con un 71,78% a favor; el 28 de septiembre de 2008 el 63,93% de los ecuatorianos ratifica la nueva Carta Magna; y el 25 de enero de 2009 se lleva a cabo en Bolivia la consulta y ésta se salda con un 61,43% por el apruebo.

Para cierto sector de la izquierda los procesos constituyentes parecen ser los sinónimos contemporáneos de las revoluciones del siglo XVIII, por supuesto sin violencia y con una lógica de deliberación más bien parlamentaria. Sin embargo, estos cuatro procesos señalados contaron con asambleístas o intelectuales totalmente entregados a esta idea de que el poder constituyente para ser verdadero no debe conocer más limite que el que quiera darse. El caso chileno se diferencia de los otros en aspectos centrales que bien pueden explicar al menos parcialmente los resultados conocidos hasta ahora, tanto en septiembre pasado como el día de ayer. Primero, las urnas tanto del referéndum para decidir si se iniciaba un proceso constituyente como los de la elecciones de miembros de la Convención fueron previos a las urnas que le dieron la victoria a Gabriel Boric; la elección de convencionales tuvo lugar en un momento de fuerte desconfianza con los representantes políticos “profesionales” y los partidos políticos, y se llevó a cabo en el auge de la figura del “independiente” y los movimientos; Boric asume la presidencia del país ya en la mitad del proceso cuando ya había tenido no pocos tropezones públicos.

Las dudas en el Gobierno Boric sobre cómo relacionarse con la Convención no fueron escasas y se sumaron como dificultad a lo apuntado ya sobre la no dependencia orgánica de un número elevado de convencionales y al tema de la legitimidad previa. Finalmente el Gobierno apoyó y ató su suerte a la Convención pero sin por ello poder intervenir o moderarla – quizás la evidencia más clara de esta impotencia fue la frase “aprobar para cambiar”, que a la vez que pedía el voto afirmativo reconocía que habían temas que luego deberían ser modificados de inmediato. Se puede sostener que la Convención, sin ese rol de moderación efectivo por parte del gobierno, fue demasiado audaz; el envés de esta audacia fue que el Gobierno de Boric decidió postergar la toma y ejecución de grandes decisiones, apostó por un discurso y una práctica consensualista esperando a la aprobación de la nueva constitución para entonces ejecutar recién, bajo ese marco, decisiones de calado. El gobierno fue demasiado de orden cuando el mandato de diciembre de 2021 era mas bien de cambio. Por otro lado, mientras ordenaban sus procesos constituyentes, los gobiernos de Chávez, Correa y Evo fueron decididamente audaces y no esperaron a la finalización de dichos procesos para llevar adelante algunas decisiones que marcaron sus primeros años.

La derrota del primer texto sometido a referéndum en septiembre pasado, un 62% por el rechazo, puso al Gobierno Boric en un dilema trascendental y abrió la larga primaria de la derecha por ver quien era el mayor intérprete de ese caudal de votos. El nuevo proceso constituyente se ha desarrollado en unos parámetros de notable tutela partidaria -mucho mayor al de los otros casos mencionados- y con los llamados “bordes” ya prefijados que garanticen que lo que salga del proceso sea un texto de orden (con los resultados de ayer, un orden claramente escorado a la derecha). El Gobierno, pero sobre todo el presidente Boric y el Frente Amplio deben resolver su dilema del lado de la audacia, no tienen mucha más alternativa si no quieren ir viendo reducido su margen de acción ( externo porque la oposición abandonó hace mucho la búsqueda del consenso; e interno en su relación con los partidos de la ex concertación). La derecha, sobre todo la extrema derecha convertida en primera fuerza política con el resultado de ayer, no va a perder el tiempo en, primero, consolidar su hegemonía procurando subordinar a Chile Vamos y, después, salvo insuperable torpeza, buscando una aprobación mayoritaria de un texto claramente conservador pero que le sirva de ensayo de primera vuelta de las futuras elecciones generales.