Un mal resultado de la lista oficialista y una Constitución partisana: la pesadilla de La Moneda ante la elección del domingo en Chile

El Gobierno de izquierda de Gabriel Boric enfrenta con realismo la elección del próximo domingo en Chile, donde 15,1 millones de personas votarán de forma obligatoria para elegir a los 50 consejeros que redactarán una propuesta de Constitución. Es el segundo intento del país sudamericano por reemplazar su Carta Fundamental, después del fiasco del proceso anterior que culminó en septiembre pasado, cuando un 62% rechazó en un plebiscito el texto redactado por la primera convención. A diferencia de aquella ocasión, cuando La Moneda tomó partido abiertamente por aprobar la fracasada propuesta, el Ejecutivo chileno ha tomado una distancia estratégica, para evitar que la elección se observe nuevamente como una especie de referéndum a una gestión que tiene una baja popularidad, en torno al 30%. El termómetro electoral no ayuda al buen ánimo de esta Administración. Aunque la elección tiene elementos que hacen impredecibles asuntos como la participación y el resultado, la derecha tradicional y la extrema llegan como favoritas.

Los más de 350 candidatos que postulan para los 50 cupos están agrupados en cinco opciones y el corazón del oficialismo de Boric está fundamentalmente en Unidad para Chile, la lista integrada por el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Liberal, estos dos últimos de la izquierda moderada. Pero el oficialismo, en esta ocasión, compite dividido. Existe una segunda lista –medio oficialista–, que está compuesta por los partidos de Gobierno PPD y Partido Radical, que postulan junto a la Democracia Cristiana, que está fuera La Moneda. Es la lista Todo por Chile.

En ese sentido, existen varios asuntos que inquietan al Gobierno y uno apunta al lugar en que quedará la lista del oficialismo entre las cinco fuerzas en competencia. Al menos de acuerdo a las proyecciones como las del analista Pepe Auth, la oficialista Unidad para Chile quedaría segunda tras la derecha tradicional, consiguiendo entre 14 y 15 consejeros. Pero existe la posibilidad de las dos listas ligadas al oficialismo no alcancen en conjunto los 21 consejeros representantes, el piso mínimo para tener poder de veto dentro del órgano que redactará la nueva propuesta de Constitución.

En el Gobierno chileno se habla de una cifra base para la lista oficialista Unidad para Chile: un 38%, el porcentaje que obtuvo en septiembre pasado la opción de los que aprobaron la propuesta de nueva Constitución. Este porcentaje en esta ocasión equivaldría a 19 consejeros, aunque todavía faltarían dos para llegar a los 21, lo que no les parece un imposible.

“Ninguna de las izquierdas saldrá bien parada”

“Todo indica que la elección del 7 de mayo no cambiará favorablemente la situación del Gobierno que encabeza Boric. Es más: su resultado –tomando en cuenta la situación actual del país en términos económicos, políticos y sociales– tendería a resultarle esquivo”, opina Ernesto Ottone, ensayista de centroizquierda. “Ello probablemente significará un gran revuelo entre las fuerzas que lo apoyan, que no conforman una izquierda, sino dos orientaciones, dos izquierdas, que agravarían sus diferencias en consonancia con las lecturas del resultado electoral”, dice el sociólogo con respecto a la fuerza de los moderados del Partido Socialista y a las del Frente Amplio y el Partido Comunista, que conformaban la coalición original del presidente. Para Ottone, “el resultado no será bueno para ninguna, pero contará mucho cuál salga más bien parada”.

El nuevo ministro Álvaro Elizalde, el socialista que lleva las relaciones con el Parlamento, en la previa de las elecciones del consejo constitucional aseguró que, independiente del resultado, el Gobierno persistirá en su empeño de dialogar con las distintas fuerzas políticas: “El Gobierno tiene un mandato claro”, dijo el martes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en un intento de evitar lo que ocurrió tras el plebiscito de septiembre pasado. En 2022, La Moneda se percató demasiado tarde que era altamente probable el triunfo de los que rechazaban la propuesta de nueva Constitución. Tras un resultado aplastante que fue entendido como una derrota del propio Gobierno, por semanas se observó una especie de vacío de poder, porque el Ejecutivo quedó prácticamente paralizado, sin discurso.

Elizalde, en ese sentido, actualmente no solo intenta bajar las expectativas, sino que, sobre todo, busca separar el destino del proceso constituyente del futuro de la actual Administración. “El Gobierno tiene un mandato claro de hacerse cargo de problemas anteriores, como el cuadro inflacionario y los problemas de seguridad. Además, avanzar en las demandas como, por ejemplo, un programa de seguridad social a través de la reforma previsional. Obviamente el Ejecutivo va a insistir en estas materias. Esta voluntad no va a cambiar”, señaló el ministro, que asumió el pasado 19 de abril tras renunciar al Senadoo, del que fue presidente.

Una Constitución que no una

En La Moneda no se descartan sorpresas, porque esta elección, como el plebiscito pasado, será con voto obligatorio, lo que supone una entrada al sistema de millones de ciudadanos que no siempre ejercen su derecho al sufragio y cuyas preferencias son desconocidas. Pero, a diferencia de septiembre, esta vez no se tratará de un referéndum, sino de una elección de candidatos de partidos políticos, lo que le agrega incertidumbre a lo que ocurrirá el 7 de mayo. Pese a la apatía de la gente –en las ciudades chilenas no se observa ambiente electoral–, habría alta intención de asistir a las urnas. De acuerdo al Servicio Electoral, Servel, podrían concurrir más de 12 millones de personas.

En el Gobierno de Boric, sin embargo, existe bastante claridad sobre el escenario adverso que enfrenta la izquierda y el oficialismo. No se descarta que el Partido Republicano, de la extrema derecha de José Antonio Kast, obtenga el mayor número de escaños en el órgano constituyente, incluso superando a la derecha tradicional, agrupada en la lista Chile Seguro. En este escenario, la derecha histórica –la que formó parte del primer y segundo Gobierno de Sebastián Piñera–, se estaría desangrando por la derecha, lo que los obligaría a endurecer sus posturas. “Uno de los motivos del alza de los republicanos es el abandono del proyecto político de la centroderecha. Esta dejó de representar a mucha gente, así como de ofrecer un futuro. La moderación no es un objetivo en sí. Eso no impide mirar con distancia crítica el proyecto de Kast”, escribe Rodrigo Pérez de Arce, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES.

En cualquier caso, el clima del país está a favor de la oposición. En parte por el fiasco del proceso anterior, por la baja popularidad del actual Gobierno y por la crisis de seguridad ciudadana, que siempre afecta a los que están en el poder. En este escenario parece altamente posible que ambas derechas consigan los tres quintos del consejo, es decir, 30 escaños. No tendrían necesidad de negociar con la izquierda ni la centroizquierda. Si se le suma otro de los grupos opositores, el populista Partido de la Gente, los no oficialistas alcanzarían por lejos los 30 integrantes de los 50 del consejo que se conformará el próximo 7 de junio para comenzar a trabajar.

Como las proyecciones del oficialismo no son buenas –aunque no se pierda la esperanza de un empate técnico con la oposición–, en el Ejecutivo chileno aseguran que el principal temor radica en que el actual proceso constituyente llegue a un texto igual o peor que el vigente, pero legitimado por la ciudadanía en el plebiscito de salida de diciembre próximo. Que, finalmente, se trate de una propuesta que no convoque a las grandes mayorías y partisana en favor de la derecha (a diferencia del proceso anterior, que estuvo fuertemente inclinada a la izquierda).

No se descarta tampoco que en el referéndum de diciembre se rechace la propuesta, lo que terminaría, por ahora, con los intentos constituyentes de Chile. En ese caso, reconocen en La Moneda, la alternativa sería solamente realizar reformas parciales a través del Congreso.

Si bien una nueva Constitución sería uno de los principales legados de la Administración de Boric, de terminar con éxito, se trata de una meta que no está asegurada.