El debate sobre el reconocimiento del “Estado plurinacional” divide a los chilenos

Las dos principales razones de los ciudadanos que rechazarán el domingo la propuesta de nueva Constitución en Chile están relacionadas con los pueblos indígenas. De acuerdo con la última encuesta Feedback difundida a mediados de julio, existen dos asuntos cruciales para los que no apoyarán el texto redactado por la convención constitucional: la idea de que “no todos van a ser iguales ante la ley” (39%) –los chilenos y los pueblos orig...

Las dos principales razones de los ciudadanos que rechazarán el domingo la propuesta de nueva Constitución en Chile están relacionadas con los pueblos indígenas. De acuerdo con la última encuesta Feedback difundida a mediados de julio, existen dos asuntos cruciales para los que no apoyarán el texto redactado por la convención constitucional: la idea de que “no todos van a ser iguales ante la ley” (39%) –los chilenos y los pueblos originarios– y la premisa de que “con la plurinacionalidad Chile corre el riesgo de dividirse” (31%). Según el mismo sondeo, el tercer aspecto que preocupa a quienes rechazarán es que “no se podrá elegir libremente el sistema de salud”, pero esta opción está muy por debajo que las otras dos (10%). Los derechos de los indígenas en un país con el 13% que se reconoce como tal ha sido, por lejos, uno de los temas que se han discutido con mayor fuerza tanto en la redacción de la nueva Constitución como en el período de campaña.

La propuesta señala en su artículo uno que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. En el artículo dos se indica que “la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por distintas naciones”. El texto indica en el artículo cinco que “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado” y luego enumera las once pueblos y naciones preexistentes. “Es deber del Estado –indica la propuesta– respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder”. Más adelante, en el capítulo IX, de sistema de Justicia, indica que “el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho de libre determinación, coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de Justicia”, (que regiría para el 87% de la población que no se reconoce como parte de los pueblos originarios).

El carácter de la propuesta de una nueva Constitución se da en un contexto particular. “La nueva Constitución chilena debe resolver la exclusión política del pueblo mapuche”, explicaba a EL PAÍS en septiembre de 2020 el constitucionalista mapuche Salvador Millaleo, que luego fue asesor clave de estas materias en el programa del actual presidente Gabriel Boric y, tras un breve paso por La Moneda, renunció a las pocas semanas. Con un conflicto histórico en La Araucanía y las regiones aledañas por las tierras ancestrales, que desde 1997 solo se ha complejizado y escalado en intensidad, la apuesta de dirigentes como Millaleo era institucionalizar la conversación entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche y, de alguna forma, que este camino se fortaleciera frente a la vía violenta que han liderado agrupaciones radicales como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

“Si se afirma querer erradicar la violencia, el sistema político chileno debe abrir un camino a una solución genuina, porque los que ha abierto hasta ahora, en lugar de resolver el conflicto, lo escala aún más”, indicaba Millaleo hace justamente dos años. Luego, la clase política acordó 17 escaños reservados para los pueblos indígenas en la convención, la académica mapuche Elisa Loncon se convirtió en la primera presidenta del órgano y, tras un año de trabajo, el texto no solo reconoce constitucionalmente a los originarios –una de las demandas históricas–, sino que avanza hacia una plurinacionalidad, como países de la región como Bolivia o Ecuador.

La plurinacionalidad ha sido debatida desde diversos ámbitos, como el académico. La historiadora Sofía Correa Sutil, profesora de la Universidad de Chile, ha dicho que “si se destruye el concepto de nación chilena se termina Chile tal como lo hemos conocido desde antes de 1810″. Lo ha explicado así: “Chile ha sido siempre una nación de carácter plural que ha acogido, especialmente luego de su independencia, a una diversidad social enorme, con personas de diversas culturas, credos, lenguas, orígenes étnicos. Personas provenientes de los lugares más diversos y distantes del planeta se han incorporado a la nación chilena, se han radicado, se han integrado, han formado familias, han realizado muy variadas actividades económicas y han enriquecido y transformado la cultura del país. Las siguientes generaciones, plenamente integradas a la nación, han moldeado su historia, han participado de la vida política, han formado parte de todas sus instituciones”.

El profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile Arturo Fontaine describía en julio en la revista Letras Libres que en Chile “se sostiene que los indígenas pasan a ser privilegiados, que los cupos reservados rompen el principio de ‘una persona, un voto’, que adquieren un poder de veto, que se multiplicarán los conflictos por las tierras que los indígenas reclaman”. Pero el novelista tomó posición: “A mí me parece que es mejor intentar que un mismo Estado albergue a diversas naciones, me parece más natural. Aunque no sea fácil. Habrá una manera aymara o mapuche de ser chileno y una manera propia de ser chileno en Rapa Nui, junto a una gran mayoría de chilenos criollos, culturalmente mestizos. Veo que esto tiene riesgos, pero es un desafío. Vislumbro unidad en la diversidad. No desintegración. Y un patriotismo generoso nutrido por esa diversidad”, aseguraba el exdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Los críticos hablan de una propuesta de Constitución indigenista en un país mestizo, mientras los que respaldan el texto indican que se trata de un nuevo contrato de poder entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios, tantas veces aplazado y tan necesario hoy, que el conflicto en la Araucanía se agudiza. Pero existe determinado consenso en el mundo político en torno a la necesidad de moderación en las normas relativas a los indígenas. El pasado 11 de agosto los partidos oficialistas de Gabriel Boric dieron a conocer un documento en que se comprometieron a realizar modificaciones al texto de nueva Constitución una vez que se plebiscite y se apruebe, uno de los aspectos a los que se refirieron con fuerza fue a la plurinacionalidad.

“Sobre la consulta indígena, se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo, al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”, dice el acuerdo de la izquierda, empujado por el presidente Boric, que buscó calmar las preocupaciones de los electores antes del referéndum. “Las autonomías territoriales contempladas en la Constitución –dice el acuerdo oficialista– se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile”.

En el texto de los líderes de la izquierda se hace referencia a la Justicia: “Respecto a los sistemas de Justicia indígena, reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de Justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La Justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La Justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la Justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”, indica el acuerdo de mediados de agosto.

En el caso de ganar el rechazo, en cambio, se iniciaría un nuevo proceso constituyente. Probablemente una nueva convención, pero con nuevas reglas. Y no resulta nada evidente que los pueblos originarios vuelvan a tener 17 escaños reservados. Mientras, el conflicto sigue ardiente en el sur del país, donde los violentos desprecian a los convencionales indígenas y no están por el camino político. Héctor Llaitul, el líder de la CAM recientemente detenido, se ha referido en duros términos a los que fueron parte de los escaños reservados: “Zanganá [tropa] de vendidos”, aseguró Llaitul en una conservación telefónica interceptada por la policía.