El gobierno a través de los jueces

Se ha dicho a veces que una de las consecuencias más graves de la judicialización de la política es la politización de la justicia. Como si una fuera la consecuencia de la otra. Ahora empezamos a ver que no es exactamente así. Que no estamos solo ante un proceso de politización de la justicia sino ante una estrategia consciente y deliberada, emprendida hace tiempo por el principal partido de la derecha, el PP, de utilizar la administración judicial para garantizar que podrá ganar en los tribunales las batallas que pierda en el ámbito parlamentario o, en su defecto, para torpedear la labor de g...

Se ha dicho a veces que una de las consecuencias más graves de la judicialización de la política es la politización de la justicia. Como si una fuera la consecuencia de la otra. Ahora empezamos a ver que no es exactamente así. Que no estamos solo ante un proceso de politización de la justicia sino ante una estrategia consciente y deliberada, emprendida hace tiempo por el principal partido de la derecha, el PP, de utilizar la administración judicial para garantizar que podrá ganar en los tribunales las batallas que pierda en el ámbito parlamentario o, en su defecto, para torpedear la labor de gobierno del adversario político. No es el gobierno de los jueces, sino a través de los jueces. Así lo viene practicando el PP desde hace tiempo y ahora, tanto Pablo Casado como Santiago Abascal anuncian sin disimulo que recurrirán a los tribunales para torpedear al nuevo Gobierno e incluso amenazan con demandar a Pedro Sánchez por prevaricación y alta traición.

Pero esa forma de proceder no tendría ningún éxito sin la aquiescencia y colaboración de decenas de jueces sobre los que pesa la sospecha de que actúan movidos más por la voluntad de defender determinados criterios y objetivos partidistas que por el deseo de aplicar la ley e impartir justicia. La propia administración de los tiempos judiciales, tan lentos para los proceso ordinarios, parece con frecuencia estar al servicio de la oportunidad política, como ha ocurrido ahora con la sorprendente decisión de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitación del presidente Quim Torra, cuyo contenido fue adelantado, no por casualidad, por Pablo Casado a pocas horas del debate de investidura.

Resulta del todo anómalo que un órgano meramente administrativo, y por tanto, no judicial, se atribuya la potestad de interpretar y aplicar la ley electoral de tal manera que su decisión implique el cese del presidente de la Generalitat, pasando por encima de la potestad del Parlamento catalán y conculcando derechos tan fundamentales como el de defensa o el de presunción de inocencia.

La sentencia que inhabilita a Torra no es firme, y podría darse el caso de que una vez cesado, un tribunal de casación revocara la resolución de la Junta Electoral. Estaríamos ante una situación de hechos judiciales consumados de efectos irreversibles. Y no sería la primera vez. Ya ocurrió con la acusación por rebelión que permitió mantener en prisión preventiva y privar de sus derechos políticos a los líderes independentistas procesados. Y volvió a ocurrir cuando el Tribunal Supremo decidió presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras y, sin esperar su respuesta, continuar con el proceso, de manera que ahora, ante una resolución que reconoce la inmunidad del eurodiputado, pueda decir que la sentencia ya no es aplicable porque entretanto ha sido condenado.

La resolución de la Junta Electoral sobre la inhabilitación del Presidente Torra es el último ejemplo de un largo rosario de resoluciones, sentencias y actuaciones judiciales controvertidas que, todas juntas, explican la quiebra de la confianza en la Administración de Justicia. Estamos ante el escenario de un poder judicial que corre el riesgo de dejar de ser respetado porque ya no es percibido como el garante del imperio de la ley. ¿Cuántas más controversias jurídicas puede admitir nuestro sistema judicial sin que se derrumbe su legitimación social? Son ya demasiadas, y el hecho de que cualquier decisión jurídica pueda ser objeto de discusión porque la aplicación de la ley está sujeta a un margen de interpretación no debería ser coartada para un uso perverso del debate jurídico. El resultado es un clima de confusión que alimenta una idea peligrosa para la democracia: la de que ni siquiera la Justicia es confiable.

Hemos llegado a esta situación porque el sistema de gobierno de la Administración de Justicia ha permitido que los partidos mayoritarios hayan tenido la potestad de decidir la composición del órgano de gobierno de los jueces, y a través de este, de órganos jurisdiccionales tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo o la Junta Electoral Central, todos ellos protagonistas hoy del devenir político. El PP se ha preocupado de asegurar la presencia de jueces afines en cada uno de estos órganos y no ha dudado en maniobrar para mantener las posiciones alcanzadas, como cuando alteró la composición del Tribunal Constitucional para conseguir una mayoría favorable a sus tesis sobre el Estatut de Cataluña. El alto tribunal no se ha recuperado de esa maniobra. La misma degradación amenaza ahora a toda la cúpula judicial. La única forma de que pueda recuperar la confianza es una reforma en profundidad del sistema de elección y gobierno de los jueces.