Suspendidas las obras de la C-32 por falta de garantías ambientales
El tribunal admite la demanda de la plataforma Aturem la C-32, que desde hace años denuncia el elevado impacto medioambiental de la infraestructura
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido cautelarmente las obras de ampliación de la autopista C-32 entre Blanes, Tordera y Lloret de Mar. En un auto señala que existen indicios de que la concesionaria de las obras, Invicat, y la empresa contratada para realizarlas, Dragados, no han ejecutado correctamente el plan medioambiental. “La evaluación ambiental que se ha hecho no parece completa y suficiente a los efectos de la evaluación ambiental técnica requerida por l...
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido cautelarmente las obras de ampliación de la autopista C-32 entre Blanes, Tordera y Lloret de Mar. En un auto señala que existen indicios de que la concesionaria de las obras, Invicat, y la empresa contratada para realizarlas, Dragados, no han ejecutado correctamente el plan medioambiental. “La evaluación ambiental que se ha hecho no parece completa y suficiente a los efectos de la evaluación ambiental técnica requerida por la Ley del Cambio Climático”, sostiene el auto.
La paralización cautelar implica que hasta la resolución definitiva del proceso judicial en marcha —cuya sentencia puede demorarse meses— se deben paralizar inmediatamente los trabajos de ampliación que se estaban ejecutando en el paraje del Vilar, un bosque situado entre Blanes y Lloret de Mar. Con este auto, el tribunal admite la demanda de la plataforma Aturem la C-32, que desde hace años denuncia el elevado impacto medioambiental de la infraestructura y pide como alternativa realizar el desdoblamiento de la N-II entre Tordera y Maçanet de la Selva.
Las obras, que empezaron hace poco más de un mes, ya se paralizaron en 2017 tras un recurso de la misma plataforma ecologista. Entonces, el alto tribunal ya estimó que el proyecto no tenía ninguna evaluación de impacto ambiental. La Generalitat, que volvió a tramitar el proyecto en 2018 sin esperar la resolución del TSJC, vuelve a ver truncada su infraestructura y, además, deberá llegar a un acuerdo de compensación con Invicat.