“De aquí me tienen que sacar muerto”

Juan Manuel López, un vecino de la localidad madrileña de Alcorcón de 86 años, se echa a llorar. Casi no puede articular palabra delante de los periodistas. Es uno de los 93 afectados por la decisión judicial que obliga a que compren los pisos del llamado Plan Permuta puesto en marcha hace una década por la empresa municipal de la vivienda de Alcorcón (Emgiasa). “Tendrá que venir la policía. De aquí me van a tener que sacar muert...

Juan Manuel López, un vecino de la localidad madrileña de Alcorcón de 86 años, se echa a llorar. Casi no puede articular palabra delante de los periodistas. Es uno de los 93 afectados por la decisión judicial que obliga a que compren los pisos del llamado Plan Permuta puesto en marcha hace una década por la empresa municipal de la vivienda de Alcorcón (Emgiasa). “Tendrá que venir la policía. De aquí me van a tener que sacar muerto porque sino, no me echan. No les voy a dar las llaves”, afirma con voz rotunda y pausada, mientras los hijos de otros afectados le abrazan y le dan apoyo.

López reside en la calle de Alfredo Nobel desde hace ocho años, cuando dejó su vivienda, en un tercer piso sin ascensor en el barrio de Torres Bellas. Su mujer, de 88 años, sufrió un derrame cerebral que le obliga a ir en silla de ruedas. “Es imposible que ella vuelva a ese piso. Si se lo hacen, se quedará encerrada hasta la muerte”, se queja López. “Me piden 129.000 euros más el IVA por este piso. Tengo unos pequeños ahorros, pero eso no lo puedo sacar. Si lo hago, me muero de hambre”, añade, mientras se echa a llorar.

El caso de este matrimonio se repite desde hace una semana, cuando las 93 familias beneficiarias del Plan Permuta recibieron la notificación de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa, 169.500 habitantes) de que, por orden de un auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, tenían que comprar sus pisos actuales o regresar a sus antiguas viviendas en el centro de la localidad. El magistrado entiende en su escrito que las 93 casas cedidas de por vida deben servir para pagar a los acreedores de Emgiasa.

Entre los afectados por la decisión judicial están los padres de María Ángeles Castillo, a los que piden 190.000 euros por quedarse en el piso en el que viven ahora. La afectada acusa al Ayuntamiento de Alcorcón de “dejación”: “Podía haber alquilado los pisos que cedieron los mayores y se desentendieron. Ahora ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros. La única comunicación que han recibido ha sido la carta de que o compraban o se iban a sus antiguos pisos”.

Representantes de Podemos se reunieron ayer con parte de los afectados para conocer su problema y ver qué soluciones les podían dar. El candidato de Unidos Podemos Ganar Alcorcón, Jesús Santos, anunció que el PSOE y su formación van a presentar una moción conjunta en el próximo pleno para que el Ayuntamiento se haga cargo de las 93 viviendas. Santos también adelantó que ampliará la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción contra los administradores de Emgiasa, a los acusó de dejar de pagar las hipotecas de los mayores. “No vamos a consentir que dejen a nuestros mayores en la calle. No permitiremos este atropello. Es una barbaridad y de ser muy sinvergüenza que el alcalde no haya venido a verlos y a solucionar sus problemas”, añadió Santos.

El PSOE también ha expresado su compromiso de “intentar recuperar este programa para evitar el grave daño que se va a generar a estos mayores”. Los socialistas han recurrido el auto para ver si frenan la salida de los mayores.

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón se insiste en que se encuentran dentro de un plan de ajustes, lo que les impide adquirir patrimonio, además de que la deuda es con Emgiasa. Añaden que el pasivo de esta empresa alcanzó los 333 millones de euros y que se generó por la mala gestión del PSOE. Por eso, afirman que se pidió el concurso de acreedores voluntario.