Archivada la causa contra los ‘mossos’ acusados de proteger a un supuesto narco

La Fiscalía y el sindicato ultra Manos Limpias no han presentado acusación contra los agentes

El juez en la sede central de Mossos en busca de unas escuchas telefónicasAlejandro García (Efe)

Una de las causas más complejas y mediáticas de supuesta corrupción policial, que puso en la picota al Área de Investigación Criminal (AIC) de los Mossos d'Esquadra, ha sido finalmente archivada. Tras ocho años de investigación, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se ha visto obligado a dar carpetazo a la parte del bautizado como caso Macedonia que sostenía que seis mossos encubrieron a un supuesto narcotraficante. 

En un escueto auto, que ha avanzado la ag...

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Una de las causas más complejas y mediáticas de supuesta corrupción policial, que puso en la picota al Área de Investigación Criminal (AIC) de los Mossos d'Esquadra, ha sido finalmente archivada. Tras ocho años de investigación, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se ha visto obligado a dar carpetazo a la parte del bautizado como caso Macedonia que sostenía que seis mossos encubrieron a un supuesto narcotraficante. 

En un escueto auto, que ha avanzado la agencia Efe, el juez argumenta que puesto que ni la Fiscalía ni la acusación popular representada por el sindicato ultra Manos Limpias han presentado escrito de acusación "a pesar del elevado tiempo concedido" se ve obligado a sobreseer las actuaciones. El magistrado señala que el sindicato "se encuentra en fase de liquidación" después de que su máximo responsable, Miguel Bernad, fuese detenido y acusado de formar parte de una red de extorsiones a empresas y bancos. Y subraya también que la Audiencia de Barcelona avaló que existían indicios de que los agentes le ocultaron información.

La investigación sostenía que un equipo de mossos, liderados por un inspector, ocultaron al juez intervenciones telefónicas que implicaban a un supuesto narco y confidente policial, Manuel Gutiérrez, para protegerlo a este y su relación con la policía catalana, además de preservar aquellas investigaciones en las que el confidente era un testigo nuclear. El juez acabó ordenando a la Policía Nacional que entrase en la sede central de Mossos, Egara, y recabase el original de las escuchas de la red criminal que investigaba la policía catalana y que supuestamente lideraba Gutiérrez porque desconfiaba de la copia aportada por los Mossos.

A resultas, el inspector, dos sargentos, dos cabos y un agente fueron imputados por los delitos de   omisión de perseguir delitos, obstrucción a la justicia, encubrimiento e incluso tráfico de drogas. La Fiscalía, sin embargo, presentó un recurso en contra, alegando que el análisis de las intervenciones telefónicas no se desprendía "elementos fundados" que permitiesen afirmar que los agentes habían ocultado conversaciones al juez para proteger a un narco, y se refería a la "irrelevancia desde cualquier punto de vista" del contenido analizado. La Audiencia, en cambio, cuestionó la "finalidad" con la que unas escuchas fueron transcritas y otras no. 

En el sustrato de la causa, los implicados vieron siempre una vendetta entre policías: en aquellos momentos los Mossos investigaban a mandos de otros cuerpos policiales. A ello se suma un desencuentro inicial y fatal, sostienen fuentes policiales, con el juez, que ordenó verbalmente a los Mossos pinchar unos teléfonos de la Guardia Civil, de quienes también sospechaba. Los agentes pidieron al magistrado que lo solicitase por escrito, algo que el juez nunca hizo. El episodio generó una desconfianza que nunca se recompuso.

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