La vigilancia de los juzgados deja sin patrullaje nocturno comarcas enteras
La Fiscalía investiga los ataques con heces de los CDR a los edificios y requiere a los Mossos las gestiones hechas para identificarlos
La vigilancia de unas 60 sedes judiciales, ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha provocado que los Mossos dejen de patrullar en municipios que ya sufrían escasez de efectivos, según denuncian sindicatos y fuentes policiales. El único vehículo policial nocturno de lugares como Cervera, Cornellà o Esplugues o de las regiones de Terres de l’Ebre, Terra Alta o Pirineus se destina ahora a proteger el juzgado de la zona. “Si no tienen efectivos, pueden pedir refuerzos a ot...
La vigilancia de unas 60 sedes judiciales, ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha provocado que los Mossos dejen de patrullar en municipios que ya sufrían escasez de efectivos, según denuncian sindicatos y fuentes policiales. El único vehículo policial nocturno de lugares como Cervera, Cornellà o Esplugues o de las regiones de Terres de l’Ebre, Terra Alta o Pirineus se destina ahora a proteger el juzgado de la zona. “Si no tienen efectivos, pueden pedir refuerzos a otras policías”, indican fuentes judiciales, que critican la labor de los Mossos al no prevenir o abortar los ataques con heces en los juzgados.
La orden del TSJC obliga a los Mossos a tener, de manera permanente, presencia policial. Dos policías uniformados y un coche logotipado protegen desde el miércoles, 24 horas al día, cada juzgado, sine die. Fuentes judiciales aseguran que es la última medida después de insistir de manera recurrente a los Mossos en la necesidad de mejorar la protección de los juzgados.
El principal problema derivado es por la noche, cuando hay menos agentes trabajando. En el caso de Terra Alta, la única patrulla nocturna solo puede abandonar el juzgado que custodia si obtiene el permiso de sus superiores, según denunció ayer el sindicato mayoritario Sap-Fepol. El miércoles, en Cornellà y Esplugues, también por la noche, se cerró la oficina de atención al ciudadano para que sus efectivos patrullasen.
El Maresme, en la costa catalana, es uno de las comarcas donde más protesta ciudadana ha habido por la inseguridad y el incremento de robos, hasta el punto de que se han montado patrullas de vecinos. “Ahora les decimos que el único coche que había para dar seguridad a 10 municipios se va a proteger un juzgado”, critica el portavoz del SPC, David Miquel.
Los sindicatos de Mossos denuncian la inseguridad que supone la decisión. “No discutimos que haya que vigilar las sedes judiciales, pero como sufrimos escasez de efectivos por culpa del Departamento de Interior, estas nuevas vigilancias perjudican a la seguridad del ciudadano”, lamenta el portavoz de Fepol, Toni Castejón. El portavoz de USPAC, Josep Miquel Milagros, considera un “despropósito” y una “barbaridad” que se “hipotequen diariamente 60 patrullas” teniendo en cuenta la carencia de efectivos (en 2015 debían ser 18.200 y en la actualidad hay 16.600).
En ciudades como Barcelona, la protección de diversos edificios judiciales (Ciudad de la Justicia, Palacio de Justicia o la Fiscalía Superior del TSJC) perjudica también a dispositivos de seguridad ciudadana, como puede ser la lucha contra el top manta o la prevención de robos en zonas conflictivas. “Algunos distritos tienen una única patrulla”, critica Miquel, que describe la situación como “muy grave”. “Estamos a nivel 4 de alerta terrorista, la delincuencia está aumentando en Barcelona [20% más] y en algunos sitios hay dos patrullas o una”, indica. “Los jueces, que hablan siempre de la proporcionalidad, deberían tener en cuenta que el bien jurídico de la vida está muy por encima de un edificio”, se queja la responsable del CAT, Mònica Saltor. Los sindicatos llevan meses enfrentados con el Departamento de Interior, exigiendo más efectivos y mejoras laborales.
Fuentes policiales critican que la actual cúpula policial se haya plegado a los deseos del TSJC, sin proponer un plan alternativo. “Además de reunirse, deberían haberles informado de que se pone en riesgo de manera exponencial al ciudadano”, lamenta Milagros, de USPAC. Mandos de los Mossos aseguran que no tienen más opción que obedecer una orden judicial, a lo que están obligados, y recuerdan la relación especialmente complicada que vive el cuerpo con la judicatura fruto del procés y del referéndum del 1 de octubre.
El CGPJ pidió ayer al presidente del TSJC, Jesús Barrientos, que le informe de cómo funciona el dispositivo de Mossos y, si no es suficiente, que el Gobierno proteja los juzgados con Policía o Guardia Civil. La Fiscalía anunció ayer que investiga los ataques con heces de los CDR a una veintena de juzgados el pasado lunes y ha requerido a los Mossos qué gestiones han hecho para identificarlos.