El Gobierno vasco ordena la limpieza “inmediata” de los juzgados de Gipuzkoa
Las dependencias judiciales acumulan basura, polvo y desperdicios tras cuatro meses de huelga de las empleadas de la limpieza
El Gobierno vasco ha ordenado a la empresa Garbialdi, adjudicataria del servicio de limpieza de los edificios judiciales de Gipuzkoa, que proceda a la "limpieza extraordinaria" de forma "inmediata" de los juzgados de San Sebastián, que presentan una gran acumulación de bolsas de basura en los pasillos, papeles tirados, pelusas de polvo y desperdicios derramados por el suelo tras los más de cuatro meses de huelga de los trabajadores que cumplen estas labores.
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El Gobierno vasco ha ordenado a la empresa Garbialdi, adjudicataria del servicio de limpieza de los edificios judiciales de Gipuzkoa, que proceda a la "limpieza extraordinaria" de forma "inmediata" de los juzgados de San Sebastián, que presentan una gran acumulación de bolsas de basura en los pasillos, papeles tirados, pelusas de polvo y desperdicios derramados por el suelo tras los más de cuatro meses de huelga de los trabajadores que cumplen estas labores.
El Ejecutivo ha firmado este lunes una orden que obliga a la citada empresa a llevar a cabo la "limpieza y desinfección de todas las instalaciones judiciales", que incluye los baños, escaleras, pasillos, salas de reuniones, despachos... También ordena "la recogida de todo tipo de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos". Ante esta medida, los sindicatos han convocado este martes una concentración de protesta contra el "decretazo" por la "gravedad" de la decisión gubernativa.
Las trabajadoras encargadas de la limpieza de los edificios judiciales y policiales de Gipuzkoa se declararon en huelga en septiembre pasado ante la falta de acuerdo en las negociaciones que mantienen con la empresa Garbialdi, contratada por la administración vasca para prestar esos servicios. Las limpiadoras exigen una mejora de sus condiciones laborales y que desaparezca la "brecha salarial" que existe con los empleados de la misma empresa que realizan la limpieza viaria, que en algún caso cobran hasta un 13 % más.
Asociaciones de jueces y fiscales elevaron una queja al Gobierno vasco la semana pasada en la que le instan a que intervenga porque "los malos olores y efluvios están poniendo en riesgo la salud de las personas". El Ejecutivo ha reaccionado con una decisión tajante: mantiene los servicios mínimos decretados en octubre pasado, pero exige a Garbialdi que ponga los medios humanos necesarios para retirar toda la basura acumulada en las dependencias judiciales.
"La respuesta del Gobierno vasco ha sido incrementar de forma salvaje y unilateral, sin audiencia previa a las trabajadoras, los servicios mínimos ya decretados y en torno a los que las partes implicadas en el conflicto habían alcanzado acuerdo el 19 de diciembre", ha denunciado ELA en una nota. Las empleadas han convocado una concentración de protesta este martes ante el Palacio de Justicia de San Sebastián para expresar su disconformidad con la orden de limpieza.
El Departamento de Trabajo y Justicia asegura que ante las "diversas quejas y denuncias" recibidas por la acumulación de basura, la Inspección de Trabajo ha realizado "varias visitas" a los locales afectados para comprobar su estado. La primera, el 2 de noviembre de 2018 en la sede de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que concluye con un informe en el que se hace constar que "se observan ciertas situaciones de suciedad o disconfort por acumulación de bolsas de papel y cajas", aunque no se contemplan medidas adicionales en los servicios mínimos.
Dos semanas después, en respuesta a una denuncia, la Inspección de Trabajo elabora un informe sobre el estado del Palacio de Justicia de la capital guipuzcoana: "Las condiciones higiénico-sanitarias no son adecuadas en distintas dependencias del edificio", se recogió en el examen, lo que motivó la exigencia a la empresa Garbialdi a cumplir totalmente con los servicios mínimos decretados.
En un informe posterior, fechado el 11 de enero, el inspector destaca lo siguiente: "En las plantas primera, segunda y tercera [del Palacio de Justicia] se comprueba la presencia de varios cúmulos de bolsas de basura (de unos 10 litros de capacidad) ubicadas en pasillos de uso público y, por tanto, de fácil acceso. No obstante, en la inspección se comprueba la presencia en dichas zonas de olores desagradables y proliferación de insectos, particularmente en el acceso a las dependencias de la Fiscalía de Gipuzkoa".
Las inspecciones a los locales y edificios judiciales, a los que acuden muchas personas a diario, concluyen con la constatación de que "la situación se ha ido deteriorando" y el riesgo sanitario se ha "incrementado". Y todo ello porque se han producido "deficiencias" en el cumplimiento de los servicios mínimos ordenados a la empresa adjudicataria, que no ha recogido "residuos de cualquier naturaleza que pudieran estar contaminados con materia orgánica", tal y como se acordó con Garbialdi en diciembre de 2018. Por estas razones, el Gobierno vasco decide ahora ampliar los servicios mínimos y exigir una "limpieza extraordinaria" de los locales.