Alquileres sociales antes de desahuciar
El Gobierno retira dos de los recursos contra la ley catalana de vivienda
El anuncio definitivo por parte del Gobierno español de la retirada parcial de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley catalana de vivienda y contra los desahucios provocó ayer satisfacción general entre administración y entidades, aunque con matices.
La PAH, que lucha a diario contra los desahucios y fue una de las ...
El anuncio definitivo por parte del Gobierno español de la retirada parcial de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley catalana de vivienda y contra los desahucios provocó ayer satisfacción general entre administración y entidades, aunque con matices.
La PAH, que lucha a diario contra los desahucios y fue una de las entidades impulsoras de la célebre 24/2015 (la ley recurrida), se mostró eufórica y sus activistas lo celebraron en la plaza de Sant Jaume, aunque alertaron de que vigilarán que se cumpla y para conseguir una ley que contemple la dación en pago para conseguir cancelar la deuda hipotecaria. En el Ayuntamiento de Barcelona, calificaron la retirada de “buenísima noticia” y el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner aseguró que durante los dos años de suspensión, si el texto hubiera sido vigente habría evitado 600 desahucios. Y desde el Observatorio Metropolitano de la Vivienda, su presidenta, Carme Trilla, alertó de que pese a la “buena noticia, la ley afecta sobre todo a las entidades y grandes tenedores, pero muchos desahucios los instan propietarios que no son grandes tenedores”.
La gran novedad de la recuperación de dos artículos de la ley es que obligará los bancos o grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de ejecutar un desahucio. Una medida que entidades, ayuntamientos y servicios sociales recuerdan que evitó centenares de desahucios durante los seis meses que la ley estuvo plenamente vigente. Ayer mismo, la PAH de Barcelona aseguraba que de los 11 casos de desahucio que llegaron a la asamblea de esta semana, seis se hubieran convertido automáticamente en alquiler social.
La segunda cuestión sobre la que se retirará el recurso es que la administración podrá imponer la cesión obligatoria de viviendas vacías para destinarlas a la bolsa de alquiler público. En este caso, con todo, la Generalitat tendrá que negociar la contraprestación que ofrece a las empresas por estas cesiones. “Que haya que hacer una concreción normativa no evita que la ley se tenga que cumplir”, manifestó la portavoz de la PAH, Lucía Delgado. “Estaremos vigilantes para evitar los desahucios”, manifestó y recordó que Cataluña encabeza el ranking español, con 61 ejecuciones diarias, entre compra y alquiler.
La dimensión del restablecimiento parcial de la ley 24/2015 es compleja de medir en cifras. Si el Ayuntamiento de Barcelona habla de que se han evitado 600 desahucios en dos años, la PAH eleva los casos a 30.000. Una cifra que se explica porque la entidad recuenta todos los desahucios: los que instan los grandes tenedores que tendrían que hacer alquileres sociales obligatorios; los de pequeños propietarios (que meten en el saco de los afectados porque al recuperar la ley, con las cesiones obligatorias se ampliaría el parque de pisos sociales); e incluso incluyen los desahucios de familias que ocupan ilegalmente viviendas (unos casos que no salen en las estadísticas pero entienden que también se beneficiarían del incremento del parque o de la obligatoriedad de hacer alquileres).