Un error judicial retrasa un fraude millonario a Hacienda de 2003

La Audiencia de Barcelona dice que no es competente y aplaza el juicio contra Roman Sanahuja

Promoción de pisos de la inmobiliaria Sacresa en Tarragona.

El presunto fraude fiscal de dos millones de euros cometido por Román Sanahuja y otros tres empresarios está cada vez más cerca de acabar sin castigo. O, al menos, de concluir con un castigo mínimo. La Audiencia de Barcelona debía iniciar hoy la celebración del juicio contra Sanahuja por deducirse gastos de forma fraudulenta para pagar menos impuesto de sociedades y menos IVA. Pero resulta que el órgano no es competente y que la vista debe celebrarse en un juzgado de lo penal. Así lo ha confirmado hoy el tribunal a las partes, de modo que se aleja más en el tiempo el final de una causa que ya ...

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El presunto fraude fiscal de dos millones de euros cometido por Román Sanahuja y otros tres empresarios está cada vez más cerca de acabar sin castigo. O, al menos, de concluir con un castigo mínimo. La Audiencia de Barcelona debía iniciar hoy la celebración del juicio contra Sanahuja por deducirse gastos de forma fraudulenta para pagar menos impuesto de sociedades y menos IVA. Pero resulta que el órgano no es competente y que la vista debe celebrarse en un juzgado de lo penal. Así lo ha confirmado hoy el tribunal a las partes, de modo que se aleja más en el tiempo el final de una causa que ya acumula multitud de retrasos.

La fiscalía pide tres años y ocho meses de cárcel para Román Sanahuja Escofet, hijo del dueño de la constructora Sacresa, por un fraude fiscal cometido entre 2003 y 2005. Sanahuja, un socio y otros dos empresarios defraudaron a Hacienda con los beneficios de promociones inmobiliarias que la empresa Prosavi -participada por Sacresa- impulsó en el levante español. En su escrito de acusación, la fiscalía ya aplica a los acusados una rebaja importante en los delitos de fraude fiscal por dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo prácticamente parada desde 2009.

Al inicio de la vista, la fiscalía ha advertido a la sala de que no es competente para juzgar los hechos. Los delitos no superan los cuatro años de cárcel, por lo que deben ser atendidos por un juzgado de lo penal. "Es evidente que se ha cometido un error", ha admitido el tribunal, informa  Efe. El juez que investigó el caso debió haber remitido la causa al juzgado de lo penal, y no a la Audiencia de Barcelona, que enjuicia los delitos más graves. Los magistrados no han tenido más remedio que acordar la suspensión de la vista.

La defensa de Sanahuja ha señalado que la suspensión de este lunes "no es más que un añadido en la lista de dilaciones reconocidas por la propia fiscalía" y ha anunciado su intención de pedir el archivo de la causa al entender que los delitos han prescrito.

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