Un sargento de la Guardia Civil admite el robo de contenedores
El jefe policial del puerto permitía la salida de camiones con mercancía robada del puerto de Barcelona
El sargento de la Guardia Civil Santiago Viana ha confesado y ha salido más o menos airoso de un complejo proceso penal. Viana ha admitido que formó parte de una banda de atracadores que robaba contenedores del puerto de Barcelona. La lentitud del proceso le ha permitido obtener una sustancial rebaja de la pena: la fiscalía ya no pide 21, sino 8 años de cárcel, y en pequeñas penas por delito, lo que permitirá al sargento cumplir un máximo de cuatro, según fuentes judiciales.
La banda empezó a robar contenedores en 2009, cuando Viana asumió el mando de la policía judicial del puerto de B...
El sargento de la Guardia Civil Santiago Viana ha confesado y ha salido más o menos airoso de un complejo proceso penal. Viana ha admitido que formó parte de una banda de atracadores que robaba contenedores del puerto de Barcelona. La lentitud del proceso le ha permitido obtener una sustancial rebaja de la pena: la fiscalía ya no pide 21, sino 8 años de cárcel, y en pequeñas penas por delito, lo que permitirá al sargento cumplir un máximo de cuatro, según fuentes judiciales.
La banda empezó a robar contenedores en 2009, cuando Viana asumió el mando de la policía judicial del puerto de Barcelona para combatir (en teoría) ese tipo de conductas. La red controlaba todos los eslabones de la cadena: estibadores a sueldo, connivencia de empleados de una de las terminales de carga del puerto —la antigua Tercat, hoy BEST—, transportistas y, sobre todo, la protección de un mando de la Guardia Civil. Viana permitía que los camiones atravesaran el puesto aduanero sin control para llevarse el material robado. Una vez descargado en el almacén, el camión devolvía el contenedor al muelle con material de escaso valor o, directamente, relleno con agua y arena.
El enlace chino de la banda les informaba de la llegada de contenedores con mercancías valiosas. En especial, perfumes y tabaco. El tabaco se fabricaba ilegalmente en China y se vendía después en España y en otros países europeos, como Reino Unido. El Estado dejó de ingresar así millones de euros en impuestos, según denunció en el juicio uno de los cabecillas de la red, alias Puma, que también admitió los hechos.
Durante la investigación, los Mossos d’Esquadra supieron que Viana había facilitado, desde su ordenador, un número de matrícula. La policía autonómica llevaba tiempo con los teléfonos intervenidos y escuchando frases como la que el sargento espetó a Puma el día que estaba previsto uno de los robos. “¿El sorteo de la lotería es hoy? Que voy a comprar un boleto para esta semana”. La banda permaneció activa hasta mayo de 2010, cuando los Mossos lanzaron la operación y detuvieron a 24 personas.
El proceso judicial ha resultado tedioso. Unos hechos de 2010 han acabado juzgándose en 2018. El planteamiento de la fiscalía era, inicialmente, de máximos: pedía 21 años de cárcel para el sargento de la Guardia Civil y diversas penas (algunas muy severas) para una veintena de personas más. El último día del juicio, se replanteó ese esquema. En su declaración, Viana había aceptado los hechos de la fiscalía, pero sin ofrecer detalles adicionales. Puma, sin embargo, habló largo y tendido sobre la implicación capital de éste y de otros guardias civiles en los robos de contenedores en el puerto. Fue más allá: apuntó que se trata de una dinámica generalizada y que los Mossos apenas detectaron unos pocos de los cientos de contenedores que desaparecen cada año.
El caso está pendiente de sentencia. En su escrito definitivo, el fiscal atribuye diversos delitos a Viana. Pero el que implica mayor pena es solo de un año y medio. De modo que, en aplicación de las leyes procesales, podría estar en prisión un máximo de cuatro años. En la práctica, sin embargo, y como ya estuvo en prisión preventiva, fuentes judiciales aseguran que su estancia en prisión será más bien breve. Aunque no tiene en cuenta su confesión para rebajar la pena, la fiscalía sí aplica al sargento dos atenuantes: reparación del daño —Viana abonó 100.000 euros por su responsabilidad civil en el caso antes de la vista— y dilaciones indebidas. La causa, admite el fiscal, “ha permanecido paralizada” desde octubre de 2014 hasta el inicio del juicio, en enero de 2018. Además de Viana, cinco personas más asumieron su participación en los robos.