Las 15 sedes embargadas de CDC son insuficientes para cumplir el fallo

A Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) no le alcanza con las 15 sedes que tiene embargadas por orden judicial para afrontar el comiso dictado por la Audiencia de Barcelona. Esas sedes tienen un valor de 3,6 millones de euros, mientras que el comiso (pago al Estado) ordenado ayer asciende a 6,6 millones. Si el Tribunal Supremo confirma la condena, Convergència tendrá que buscar nuevos recursos para afrontar su responsabilidad económica. Las fuentes consultadas señalan que la formación deberá poner a disposición de la justicia más patrimonio; por ejemplo, otras sedes de las que es propiet...

A Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) no le alcanza con las 15 sedes que tiene embargadas por orden judicial para afrontar el comiso dictado por la Audiencia de Barcelona. Esas sedes tienen un valor de 3,6 millones de euros, mientras que el comiso (pago al Estado) ordenado ayer asciende a 6,6 millones. Si el Tribunal Supremo confirma la condena, Convergència tendrá que buscar nuevos recursos para afrontar su responsabilidad económica. Las fuentes consultadas señalan que la formación deberá poner a disposición de la justicia más patrimonio; por ejemplo, otras sedes de las que es propietaria.

Inicialmente, CDC puso como aval la que había sido su sede central, en la calle Còrsega de Barcelona, que con un valor de 12 millones cubría sobradamente la responsabilidad. Más tarde decidió venderla y poner 15 sedes más pequeñas como garantía.Apenas cinco años después de iniciarse el caso Palau —que ha acreditado ahora la financiación ilegal hasta 2009—, a Convergència le estalló el caso 3%, que aún está en fase de investigación pero cuyas presuntas mordidas se extienden ya a la etapa de Artur Mas como president (a partir de 2010).

Todos esos escándalos de corrupción obligaron a CDC a cambiar de nombre: en 2016 nació el PDeCAT. Pero Convergència mantuvo su personalidad jurídica y una “oficina de liquidación” prevista por sus abogados, precisamente, para afrontar posibles responsabilidades en caso de condena.Temeroso de que CDC pudiera declararse insolvente, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pidió en el juicio que esos pagos fueran asumidos, en cualquier caso, por la formación política que la haya sucedido. En su sentencia, la Audiencia de Barcelona aparca por ahora ese tema y dice que deberá resolverse durante la ejecución de la sentencia.