Carmena renuncia a los ‘microbarrios’ prefabricados por el “rechazo vecinal”

El gobierno de Ahora Madrid espera resolver la escasez de pisos protegidos con la compra de vivienda a particulares

Marta Higueras con la alcaldesa Manuela CarmenaJaime Villanueva

El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, da marcha atrás en su proyecto de levantar pisos protegidos prefabricados, llamados microbarrios, por el "rechazo vecinal" en los distritos afectados. Vecinos y oposición consideraban que se crearían "guetos". Estas soluciones habitacionales temporales estaban pensadas para paliar la escasez de vivienda oficial para personas sin recursos, después de que la exalcaldesa Ana Botella (PP) vendiera miles de casas municipales a fondos de inversión para hace...

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El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, da marcha atrás en su proyecto de levantar pisos protegidos prefabricados, llamados microbarrios, por el "rechazo vecinal" en los distritos afectados. Vecinos y oposición consideraban que se crearían "guetos". Estas soluciones habitacionales temporales estaban pensadas para paliar la escasez de vivienda oficial para personas sin recursos, después de que la exalcaldesa Ana Botella (PP) vendiera miles de casas municipales a fondos de inversión para hacer frente a la crisis. El gobierno local dice ahora que comprará pisos en el mercado libre.

"Hemos tenido una contestación muy grande y nosotros lo que tenemos que hacer es servir a los ciudadanos", declaró este miércoles la delegada de Equidad, Marta Higueras, para explicar la decisión del gobierno municipal de anular el proyecto de viviendas públicas prefabricadas para personas sin recursos.

La inauguración del primer microbarrio (tal y como empezó a denominarse a pesar del rechazo del Consistorio) estaba prevista para abril de 2018 en una parcela pública de 3.500 metros cuadrados situada entre Canillejas y San Blas, al noreste de la ciudad. Después, estaban planeadas otras operaciones similares en Hortaleza, Chamartín y Moncloa. La propuesta, adelantada por EL PAÍS a mediados de agosto, consistía en levantar pequeños barrios de viviendas prefabricadas para familias sin hogar en parcelas municipales de los distritos del norte de la ciudad. El Ayuntamiento contemplaba levantar en un primer momento 70 prefabricados.

Este miércoles, sin embargo, Higueras admitió en declaraciones a Europa Press que ese planteamiento no contaba con el apoyo vecinal suficiente. Fuentes del área de Equidad resaltaron a este periódico que el fracaso del planteamiento se ha debido a una "mala información" difundida por los grupos políticos de la oposición. Estos hablaron de la posibilidad de que estas "soluciones habitacionales de emergencia" podían convertirse en "guetos".

El equipo de gobierno cree que "es rotundamente falso" que en esas viviendas iban a realojarse habitantes de la Cañada Real, y resalta que, además, el proyecto contemplaba destinar asistentes sociales en cada bloque.

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El presidente de la Asociación Vecinal Suanzes, Goyo Gutiérrez, sin embargo, lamentó la falta de información por parte del Ayuntamiento. Gutiérrez sostuvo que solo pudo conocer de oídas los detalles del plan, y abogó por proyectos inclusivos, pero solo si se hace adecuadamente. "Nosotros queremos que el Ayuntamiento les dé una vivienda digna y se integren en la comunidad", afirmó.

Los grupos políticos de la oposición —Ahora Madrid gobierna en minoría— también manifestaron sus dudas sobre el proyecto. Mercedes González, edil del PSOE y responsable de Política Urbanística del grupo, afirmó en el último pleno que la idea de los microbarrios es una idea "vieja" y "caduca".

Los socialistas critican el ritmo de ejecución de las viviendas sociales prometidas por el Consistorio y piden que se amplíe el parque de pisos en alquiler protegidos. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, aplaudió la decisión municipal de dar marcha atrás: "Me alegro de que el gobierno municipal haya rectificado porque proyectos de esta tipología, como se ha demostrado en otros lugares de España, pueden generar guetos y conflictos", dijo.

También el PP consideró acertada la decisión de Higueras. José Luis Martínez-Almeida tachó de "disparate" el proyecto del Ayuntamiento, por colocar bloques prefabricados como alternativa a las viviendas públicas e impedir la integración con los residentes. Por su parte, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, sostuvo que es "bueno y sano" rectificar. Aunque no ahorró una crítica al equipo de gobierno, que en opinión de Villacís "solo acierta cuando rectifica".

"¿Quién querría vivir en una casa hecha de chapa?"

"¿En unas casas de chapa? ¿Quién querría vivir así?", opina Pepe Lucas, vecino y miembro de la Asociación Vecinal de Suanzes. Vive en el barrio desde los años sesenta y asegura que con los microbarrios el Ayuntamiento solo cambiaría de sitio un gueto y no solucionaría el problema.

Lucas cuenta que "eso de que San Blas-Canillejas pertenezca a la zona norte de Madrid" es falso. "Esto no es Pozuelo, el barrio de Salamanca ni Arturo Soria, esto es San Blas. Todo el mundo sabe que este barrio tiene algo de delincuencia. No mucha, ni en todas partes, pero tiene", añade.

Lucas explica que muchos vecinos tienen miedo de que el barrio vuelva a tener la delincuencia que tuvo durante los años ochenta, cuando era conocido popularmente como "un mercado de la droga". Además, subraya que aunque rechacen este proyecto no son una comunidad que esté en contra de la inclusión social. "¿Cómo no voy a querer que a una persona que lo está pasando mal le den una casa? Lo que no quiero es que se traslade el problema de sitio, y al final ni se integren y la delincuencia suba en el barrio", concluye Lucas.

El presidente de la asociación, Goyo Gutiérrez, añade que mucha gente joven con niños ha comprado una casa en el barrio y temen que la inseguridad se incremente.

Jorge García, vecino del distrito, cuenta que hay muchas empresas en la zona que tienen miedo de que la delincuencia aumente y puedan verse afectadas. No obstante, García comenta que ve adecuado que realojen a las personas en pisos en lugar de concentrar a las 70 familias en un mismo lugar.

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