El 1-0, punto final

Ante las resistencias, desafío y, en definitiva, abierto incumplimiento por el Govern de Catalunya de las Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la prohibición de celebración del referéndum, taxativamente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC), el Auto de la Juez Instructora del 27 de este mes, de obligado cumplimiento, entendemos que debería determinar, por un mínimo respeto a las instituciones democráticas de las que aún forma parte, a que el Govern suspendiera inmediatamente dicha convocatoria.

La Generalitat, como Gobierno de la Comunid...

Ante las resistencias, desafío y, en definitiva, abierto incumplimiento por el Govern de Catalunya de las Resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la prohibición de celebración del referéndum, taxativamente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC), el Auto de la Juez Instructora del 27 de este mes, de obligado cumplimiento, entendemos que debería determinar, por un mínimo respeto a las instituciones democráticas de las que aún forma parte, a que el Govern suspendiera inmediatamente dicha convocatoria.

La Generalitat, como Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es plenamente consciente de su actual integración en el Estado. Así lo acreditan a diario, la presencia de los diputados y senadores del PDeCAT y de ERC en el Congreso de diputados y el Senado, retribuidos —dietas incluidas— con cargo a los impuestos de todos los españoles, como la presencia de representantes de la Generalitat en el TC y el Tribunal de Cuentas. Un mínimo de coherencia democrática obliga taxativamente al Govern a impedir ese referéndum ilegalmente convocado.

El Poder Judicial se ha pronunciado con meridiana claridad y, asumiendo, plenamente, las decisiones hasta ahora adoptadas por la Fiscalía, toma decisiones que impiden totalmente la celebración de dicho referéndum. Recuerda que el TC hizo “especial advertencia a los miembros del Govern… de abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación que permita (su) preparación o celebración…”. Pero el President Puigdemont y su Govern, creyéndose por encima de la Ley y del Poder Judicial, continuó en una actuación no solo abiertamente ilegal sino presuntamente delictiva, como se desprende de las decisiones inculpatorias ya adoptadas por el Tribunal. Pero la decisión judicial finalmente adoptada, sitúa la cuestión en un ámbito perfectamente definido y claramente excluyente de cualquier posibilidad de que dicho referéndum pueda celebrarse.

Por todo ello, la Juez Instructora decide “acoger cuantas medidas sean necesarias para la protección del correcto funcionamiento del Estado de Derecho…. (que) pasa necesariamente por adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum…”. Medidas que, entre otros cometidos, se centran en que el 1-0, respecto de “locales o edificios públicos” “se impedirá su apertura o se procederá al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a aperturarse”, la “requisación de todo el material que estuviera en disposición de introducirse o fuera habido dentro de dichos locales”. Y, además, “se impedirá la actividad y/o apertura de establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística y/o de cálculo”.

Pero lo más relevante del citado Auto es que la jornada del 1-0 “aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deberán actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado”. Y, con evidente acierto, recuerda que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986, además de regular las funciones de las policías autonómicas como policía judicial, en el Art. 38 de la misma contempla el deber de dichos cuerpos policiales de cooperar con las Fuerzas de Seguridad estatales. Lo que algunos pretenden olvidar. En consecuencia, la Instructora acuerda la actuación conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra para que “presten el auxilio y apoyo necesario… para el estricto cumplimiento de lo que se dispone…”.

La resolución judicial debe cumplirse ya y en su integridad. Por tanto, ya no caben, en el marco de nuestro Estado democrático, más maniobras oscuras, si no clandestinas, del President y del Govern, como las que acordó el conseller Comín respecto del uso de los ambulatorios para votar. Es absolutamente necesario que pongan fin a sus resistencias y reiteradas desobediencias a las autoridades plenamente legítimas de los jueces y fiscales. No son enemigos del pueblo catalán, son servidores del Estado que tienen como función, entre otras, poner fin, como en este caso, a los grandes abusos del poder, cualquiera que sea, y hacer progresar la libertad y seguridad de todas las personas. En consecuencia, President Puigdemont suspenda ya la convocatoria del referéndum para evitar males que, en su caso, también serían atribuibles a usted.

Carlos Jiménez Villarejo es miembro de Federalistes d‘Esquerres