Dos alcaldes exhiben cómo pasan el aviso del Gobierno sobre el 1-O por la trituradora
Un edil de la CUP y uno de ERC ‘archivan’ el requerimiento sobre la ilegalidad del referéndum haciéndolo añicos
El alcalde de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, y el de L'Ametlla de Mar (Tarragona), Jordi Gaseni, han exhibido en Twitter cómo pasan por la trituradora de papel el requerimiento del Gobierno que han recibido en sus ayuntamientos que les alerta de la inconstitucionalidad de la votación. El documento avisa los consistorios de la ilegalidad del referéndum. De este modo, los dos responsables municipales afirman que dan por "archivado" el documento.
Calvo (CUP) y Gaseni (ERC) han compartido sus respectivos vídeos en sus perfiles de Twitter. La Asociación de Municipios por la Independenc...
El alcalde de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, y el de L'Ametlla de Mar (Tarragona), Jordi Gaseni, han exhibido en Twitter cómo pasan por la trituradora de papel el requerimiento del Gobierno que han recibido en sus ayuntamientos que les alerta de la inconstitucionalidad de la votación. El documento avisa los consistorios de la ilegalidad del referéndum. De este modo, los dos responsables municipales afirman que dan por "archivado" el documento.
Calvo (CUP) y Gaseni (ERC) han compartido sus respectivos vídeos en sus perfiles de Twitter. La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) también ha hecho difusión del vídeo de Gaseni, así como de un mensaje del alcalde del PDeCAT de Tavèrnoles (Barcelona), donde afirma sentirse "amenazado" por el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, con el uso del verbo "conminar" en la carta que les ha hecho llegar. El alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, de Compromís per Cerdanyola (formación que integra la CUP), rompió en público este documento el pasado viernes.
El pasado jueves el Tribunal Constitucional decidió que advertiría personalmente a los 948 alcaldes catalanes y a al menos 62 altos cargos de la Generalitat de su deber de no participar en la organización del referéndum del 1-O. El día siguiente de la aprobación de la ley del referéndum, el alto tribunal la suspendió de forma cautelar. El Gobierno, que impugnó la ley, ha mandado una carta a los ayuntamientos donde les advierte de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".
La misiva del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, avisa a los alcaldes de que su deber de es velar por la no celebración del referéndum y les avisa de que las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender a este requerimiento". La carta de Millo va acompañada de una copia de la publicación de la impugnación de la ley del referéndum, publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado día 8.
A pesar de la advertencia, más de 600 ayuntamientos han anunciado que cederán locales municipales para la celebración del referéndum. Girona, gobernada por el PDeCAT, es la única capital de provincia que se ha posicionado a favor de la votación. Barcelona, con Ayuntamiento de la confluencia Barcelona En Común, no cederá locales. Tarragona y Lleida, con alcaldes del PSC, han dicho que no colaborarán con el referéndum, del mismo modo que 12 poblaciones más, entre ellas L''Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad catalana en número de habitantes.