División en el Gobierno catalán por la acusación en el ‘caso Palau’
Cuatro consejeros votan en el Parlament a favor de actuar y dos en contra
El Gobierno catalán evidenció ayer de nuevo su fragilidad al quedar patente su división sobre cómo afrontar el caso Palau. La CUP y Catalunya Sí que es Pot lograron in extremisque se votaran sendas propuestas de resolución a favor de hacer las gestiones para lograr que el letrado del Consorcio del Palau de la Música cambiara de criterio y acusara a Convergència en el juicio. Los dos textos, que reflejaron la división de Junts pel Sí (formado por PDeCAT y ERC), prosperaron con la única abstención de los diputados del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), heredero ...
El Gobierno catalán evidenció ayer de nuevo su fragilidad al quedar patente su división sobre cómo afrontar el caso Palau. La CUP y Catalunya Sí que es Pot lograron in extremisque se votaran sendas propuestas de resolución a favor de hacer las gestiones para lograr que el letrado del Consorcio del Palau de la Música cambiara de criterio y acusara a Convergència en el juicio. Los dos textos, que reflejaron la división de Junts pel Sí (formado por PDeCAT y ERC), prosperaron con la única abstención de los diputados del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), heredero de CDC, que justificaron su posición por la lealtad con la decisión tomada un día antes por el Ejecutivo de aguardar a la sentencia.
Los diputados de ERC votaron junto a los de la oposición y la misma fractura se trasladó a los consejeros que son diputados (seis sobre 12): votaron a favor Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Toni Comin (ERC) y Raül Romeva, exeurodiputado de Iniciativa, y se abstuvieron Carles Puigdemont y Josep Rull (PDeCAT).
Vila: "Colau ha hecho un uso sectario y partidista"
Durante la sesión de control al Gobierno, el diputado del PSC Jordi Terrades preguntó al consejero de Cultura, Santi Vila, sobre el voto en contra de la personación del Consorcio del Palau y cuestionó la voluntad de la antigua Convergència de luchar contra la corrupción. En esa línea, Terrades recordó que el Ayuntamiento de Barcelona se retiró del proceso en cuanto Xavier Trias llegó a la alcaldía y ha sentenciado que los esfuerzos de este partido para "huir de la corrupción" no "resultaban creíbles".
VIla justificó la actuación de la Generalitat asegurando que "no es el momento procesal oportuno" para que se se persone como acusación y añadió que hacerlo supondría "sumarse al pacto que ha hecho la fiscalía con delincuentes confesos", en alusión a Fèlix Millet y Jordi Montull. En su opinión, la personación supondría "dejar indefensos a terceros". El consejero agregó que "es falso que esté en riesgo recuperar ni un solo euro" y cargó contra "el uso sectario y partidista" que, en su opinión, ha hecho del caso Ada Colau. Vila insistió en que él es "el primer interesado" en combatir la corrupción y aludió a la "clave generacional", en un intento de marcar así distancia con la antigua Convergència.
La votación dejó secuelas: fuentes de ERC señalaron que la decisión del Gobierno de no actuar no fue “unánime”, como había asegurado la portavoz Neus Munté, mientras fuentes de Presidencia resaltaron que Puigdemont y Junqueras habían acordado no ejercer acciones judiciales. Ninguno de los dos presenció el debate desde el escaño. Curiosamente, tanto Albert Batet (PDeCAT) como Gerard Gómez del Moral (ERC) achacaron su voto a la lealtad con el Ejecutivo. El republicano recordó los más de 80 años de historia de su partido sin casos de corrupción y Batet rechazó hacer “seguidismo” de la Fiscalía con los acuerdos de Millet y Montull para rebajar su condena.
En cualquier caso, fue la CUP, socio parlamentario de Junts pel Sí, la que forzó la votación al pedir a la Mesa que autorizara el debate al no estar incluido en el orden del día. Su idea fue aplicar la misma fórmula que ha empleado en otras votaciones secesionistas: que dos grupos pidieran al pleno permiso para discutirlo. Primero, la Mesa se reunió y aceptó a trámite las dos proposiciones. Por unanimidad, el pleno votó luego de forma excepcional saltarse los trámites reglamentarios —el cambio de orden del día y reducir a una hora la presentación de enmiendas— para facilitar el debate.
</CS>Benet Salellas, diputado de la CUP, pidió “luz y taquígrafos” y “madurez” a la Generalitat. “No queremos más omertà. Hay que romper la ecuación partido-país-negocios”, dijo, recordando que el Parlament aprobó en 2016 una moción instando a la Generalitat a personarse cuando sus recursos se vieran perjudicados. “Les han pillado con el carrito del helado”, arrancó Inés Arrimadas. La líder de la oposición afeó a ERC que nunca haya exigido, a diferencia de Ciudadanos con el PP, requisitos al PDeCAT para luchar contra la corrupción. El PP lanzó este dardo a Ciudadanos: “Si son ustedes tan maravillosos, ¿por qué nunca han ganado unas elecciones?”. La sesión salvaguardó, por un lado, la figura de Carme Forcadell, que habría quedado en una situación incómoda de haber vetado el debate. Y el procés sobrevoló, en palabras de la socialista Eva Granados, sobre el mismo: la oposición insinuó que la forma de votar es la que se puede utilizar para la ley de desconexión. Joan Coscubiela (Sí que es Pot) avisó de que ayer sí se protegieron los derechos de todos los diputados.