Margallo propone destruir las urnas para evitar el referéndum
El exministro de Exteriores asegura que ya dio esa idea para el 9-N
El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha explicado hoy que en 2014 propuso aplicar por un día el artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno del Estado asumiera el mando de los Mossos d'Esquadra y les ordenara "requisar y destruir" las urnas de la consulta del 9N. A su juicio, el referéndum que ahora quiere organizar el Govern "no se puede hacer", por lo que "volvería a recomendar exactamente lo mismo", porque habría que "hacer todo lo posible para que no se celebrase"....
El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha explicado hoy que en 2014 propuso aplicar por un día el artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno del Estado asumiera el mando de los Mossos d'Esquadra y les ordenara "requisar y destruir" las urnas de la consulta del 9N. A su juicio, el referéndum que ahora quiere organizar el Govern "no se puede hacer", por lo que "volvería a recomendar exactamente lo mismo", porque habría que "hacer todo lo posible para que no se celebrase". Su afirmación llega un día después de que la Generalitat haya iniciado los trámites para comprar urnas.
En el marco del ciclo de diálogo organizado en Barcelona por la Fundación Diario Madrid y la Asociación de Periodistas Europeos, junto a la exvicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega, García-Margallo ha rememorado uno de los planteamientos que defendió en el seno del Gobierno antes de la consulta soberanista del 9N de 2014.
Según García-Margallo, "la consulta se debería haber impedido, las papeletas y las urnas se estaban haciendo en una cárcel de Lleida". "Mi tesis fue pedir a la Generalitat la requisa y destrucción de urnas y papeletas y, si la Generalitat no hubiese obedecido, poner a los Mossos d'Esquadra durante 24 horas a las órdenes del Ministerio del Interior. Simultáneamente, empezar una negociación sobre reforma constitucional", ha expuesto.
García-Margallo ha explicado que le contestó "el propio ministro del Interior", entonces Jorge Fernández Díaz: "Él jamás había oído hablar de la aplicación del artículo 155, insisto, por 24 horas y solo en un tema muy concreto".
Para el exministro, "esto solo se arregla hablando dentro del marco legal, es un problema político que no se resuelve solo acudiendo a los tribunales, las leyes hay que cumplirlas, por supuesto, pero además hay que hacer política".
Reflexionando sobre los "errores" que han conducido al problema territorial, ha mencionado la decisión del expresidente Pasqual Maragall de impulsar un nuevo Estatut "sin contar con el PP". También fue un error, ha dicho, la renuncia del PP a "presentar una enmienda" que plantease una alternativa a ese Estatut.
La sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut "no fue afortunada", como tampoco lo fue la manifestación que convocó luego el entonces president José Montilla, ha añadido. Por su parte, la exvicepresidenta catalana Joana Ortega, condenada a 1 año y 9 meses de inhabilitación por su papel en la organización del 9N, ha dicho que la aplicación del 155 hubiera sido "una gran irresponsabilidad".
Ortega ha retado a García-Margallo a decir "qué opina" de esta condena, una pregunta directa a la que el exministro ha argumentado que no podía dar respuesta: "No voy a hablar nunca de un procedimiento judicial. No sé si la sentencia es justa o no porque no me la he leído", ha apuntado.
Por otra parte, Ortega ha explicado que "una semana antes" de la convocatoria del 9N viajó a Madrid para reunirse con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con el fin de "buscar un acuerdo" que hiciera posible celebrar la consulta, pero se llevó "un 'no' por respuesta".
Según Ortega, en esa reunión se "topó con una vicepresidenta que hablaba de una Constitución hermética imposible de modificar", por lo que "no hubo punto de encuentro" pese a la "voluntad" del Govern de llegar a un acuerdo "hasta el último momento".
Para la exvicepresidenta del Govern, "judicializar la política" ha sido "el más gran error" cometido en este proceso, porque "los conflictos políticos deben resolverse por la vía política" y no hay que utilizar "el mazo de los magistrados en vez del diálogo".