Colau mantiene el pulso con las grandes empresas

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, protagonizó la semana pasada el último de sus enfrentamientos con los sectores económicos de la ciudad. Esta vez fueron las grandes compañías eléctricas, a propósito del contrato para el suministro municipal de la luz. Pero no ha sido el único choque. Nada más llegar al poder, Colau puso en pie de guerra al sector turístico al dictar la moratoria hotelera. Y las políticas de la regidora han levantado ampollas en la banca, las inmobiliarias o los restauradores.

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El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, protagonizó la semana pasada el último de sus enfrentamientos con los sectores económicos de la ciudad. Esta vez fueron las grandes compañías eléctricas, a propósito del contrato para el suministro municipal de la luz. Pero no ha sido el único choque. Nada más llegar al poder, Colau puso en pie de guerra al sector turístico al dictar la moratoria hotelera. Y las políticas de la regidora han levantado ampollas en la banca, las inmobiliarias o los restauradores.

La alcaldesa prometió “un cambio de modelo” en su programa electoral, en el que criticaba que el gobierno de Xavier Trias (CiU) “preparara la pista de aterrizaje” a “grandes corporaciones” mientras las desigualdades en la ciudad crecían. Ya en el cargo, Colau no ha desaprovechado su participación en foros empresariales como los de la Cámara de Comercio o el Círculo de Economía para reclamar para el Ayuntamiento el liderazgo en la economía ante la insistencia de los empresarios de que siga con la colaboración entre los ámbitos público y privado de los anteriores ejecutivos municipales.

Las eléctricas. En abril del año pasado, la alcaldesa advirtió a las suministradoras de luz y gas de que las sancionaría si cortan la luz a vecinos sin recursos. “La única ley que cumplen Endesa y Gas Natural es la del mínimo esfuerzo”, espetó Colau. Nueve meses más tarde, el Ayuntamiento presentaba el concurso público para el suministro del alumbrado de edificios municipales (65 millones) advirtiendo de que exigiría a las eléctricas que cumplan con el convenio que las obliga a corresponsabilizarse de la factura de las familias que no pueden pagar. El resultado es que las dos grandes no se presentaron al concurso mientras sí lo hicieron empresas medianas y pequeñas. “Lo dijimos: hay que cumplir la ley. Barcelona no quiere trabajar con eléctricas que no asuman cláusulas contra la pobreza energética”, dijo la alcaldesa en su cuenta de Twitter mientras otros concejales celebraban haber roto “el oligopolio”. Pero las dos firmas recurrieron el concurso ante el Tribunal de Contratos, que admitió las medidas cautelares solicitadas por Endesa y lo ha dejado congelado.

El concurso del alumbrado público ha abierto un enfrentamiento

Los hoteleros. A corto plazo, los empresarios del sector que están en la ciudad se han beneficiado de la moratoria que decretó Colau y que ha levantado recientemente. La demanda para alojarse en Barcelona sigue subiendo, por lo que han aumentado la ocupación, los precios y el valor de los inmuebles. Pero el nuevo plan de Colau habla de “decrecimiento” en el centro de la ciudad, lo cual ha soliviantado al Gremio de Hoteles, que incluso acusó a la alcaldesa de intentar “demonizarlos”. De momento, el plan solo ha conseguido frenar 33 hoteles de un total de 107 que habían pedido licencia. Uno de ellos, la cadena Praktik, ya ha demandado al Ayuntamiento.

Grandes inversores. Solo llegar al Ayuntamiento, el nuevo equipo hizo bandera de la paralización del que iba a ser uno de los proyectos más emblemáticos de la ciudad: la transformación del antiguo edificio de Deutsche Bank en un hotel de gran lujo gestionado por la cadena Four Seasons, lo cual requería de una modificación del Plan General Metropolitano. Colau se negó, por lo que el fondo KKH decidió que en su lugar haría apartamentos de lujo. Las trabas burocráticas también hicieron que se parara otro de los grandes proyectos de la ciudad, el de un hotel de lujo en la Torre Agbar. El conflicto fue tal que sus dueños incluso plantearon apagar las luces que iluminan el inmueble en verano de 2015. Los inversores, en especial inmobiliarios, aseguran que esa política ahuyenta a los nuevos proyectos. Colau responde: “Los indicadores crecen”.

Entidades financieras. Procedente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Colau dio la batalla desde el principio por los pisos vacíos en manos de las entidades financieras y el banco malo. De hecho, una de sus primeras medidas al llegar al cargo fue convocarlos a todos para exigirles la cesión de viviendas e incluso los amenazó de no trabajar con ellos si seguían desahuciando. En dos tandas, la alcaldesa ha sancionado a varias entidades por tener viviendas desocupadas y no destinarlas al mercado de alquiler, y ha hecho públicas las multas. El enfrentamiento fue especialmente duro con el banco malo, que pese a resistirse a entregar pisos a Colau, finalmente claudicó y le cedió 200.

Inmobiliarias. La regidora anunció la creación de un índice de referencia para limitar el precio de los alquileres, que suben cada año a un ritmo de dos dígitos. Portales como Idealista o Pisos.com calificaron la propuesta de “intervencionista” y creen que pone en riesgo la seguridad jurídica. Los agentes inmobiliarios cuestionan que un índice por zonas pueda reflejar la realidad, cuando en una misma finca hay pisos con valores de mercado muy dispares, y recuerdan que la medida puede desincentivar a inversores dispuestos a apostar por el alquiler.

Los hoteleros acusan al Consistorio de demonizarlos con su nuevo plan

Airbnb. El desencuentro entre el equipo de Colau y la plataforma tiene como origen la exigencia del Consistorio de que Airbnb no incluya pisos sin licencia para operar como apartamentos turísticos. Barcelona es la única ciudad del mundo que ha multado a Airbnb. La semana pasada, la firma de California ofreció un avance: limitará los anuncios sin licencia del distrito de Ciutat Vella, el más presionado por el turismo, a uno por propietario. El concejal de Turismo respondió: “Es una tomadura de pelo”.

Restauradores. Colau heredó la ordenanza de terrazas aprobada por CiU y el PP restrictiva y compleja. Si se aplicara, supondría eliminar miles de mesas y hasta 30.000 empleos. El Gremio de Restauradores (4.400 locales tienen terraza) ha demostrado tener un gran poder de movilización y, mediante campañas mediáticas con rostros populares, logró que Colau frenara la aplicación y esté redactando un nuevo texto que debería entrar en vigor antes de la temporada de verano e incluirá una subida de tasas.

Comerciantes. Los empresarios de los ejes turísticos son los más beligerantes. En general, desde asociaciones como Barcelona Oberta acusan a la alcaldesa de paralizar la actividad económica. En concreto, han criticado medidas como la reducción de días de alumbrado de Navidad, la de los festivos abiertos o la reformu-lación de las actividades de la plaza de Catalunya durante las fiestas. En menor medida, también los negocios de alquiler de patinetes eléctricos y segways pusieron el grito en el cielo cuando en plena temporada turística de verano Colau les prohibió circular en grupo por el centro y las playas.