La CUP ve “lentitud” en el proceso independentista de Puigdemont
Los antisistema celebran la inclusión del referéndum, pero lamentan la evolución de las leyes de desconexión y del denominado proceso constituyente
La CUP detecta lentitud en la evolución del camino hacia la independencia que marcó con su investidura el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que empezó antes, con la aprobación en el Parlament de la declaración secesionista del 9 de noviembre. En su Observatorio del Procés, en el que analiza los once primeros meses de su alianza con Junts pel Sí, la formación anticapitalista ve con preocupación cómo se han desarrollado las tres denominadas leyes de desconexión y el proceso constituyente, la fórmula para redactar una Consti...
La CUP detecta lentitud en la evolución del camino hacia la independencia que marcó con su investidura el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que empezó antes, con la aprobación en el Parlament de la declaración secesionista del 9 de noviembre. En su Observatorio del Procés, en el que analiza los once primeros meses de su alianza con Junts pel Sí, la formación anticapitalista ve con preocupación cómo se han desarrollado las tres denominadas leyes de desconexión y el proceso constituyente, la fórmula para redactar una Constitución para una eventual república de Cataluña. Sí celebra que el Ejecutivo catalán haya hecho suya pese a las reticencias la convocatoria de un referéndum de independencia y marca "un antes y un después" en los debates sobre la cuestión de confianza, celebrado en la última semana de septiembre, y el de Política General, convocado la primera de octubre.
El Observatori del Procés es un instrumento creado por la CUP para fiscalizar el avance de los trabajos para alcanzar la independencia. Un gráfico que sirve de apoyo al texto es muy gráfico sobre lo que considera que ha sucedido para los anticapitalistas: hay muchas materias en sus inicios, otros están en proceso y ninguno ha llegado a concluirse.
La formación antisistema considera como su gran victoria la incorporación del referéndum en el proceso político que conduce el Gobierno de Carles Puigdemont. Califica como “sustanciales” los avances cosechados tras el debate de la cuestión de confianza y el de debate de Política General. Destaca que pese a las “reticencias” iniciales, finalmente la consulta se ha incorporado y se ha admitido que se convocará pese a que el Gobierno central se niegue en redondo a permitirla. No existe mención alguna a la resolución propuesta por Catalunya Sí que es Pot, en la que se reclama que antes de convocarla se haya intentado la validación de la Unión Europea y la comunidad internacional.
La CUP considera que en lo que se lleva de legislatura se ha avanzado “a buen ritmo” el desarrollo de leyes que eran posibles con el actual marco autonómico y que, en cambio, “no se había desplegado en más de 30 años de autonomía”. Sin embargo, los anticapitalistas hacen un balance crítico de las denominadas leyes de desconexión, tres normas que deben fijar la transición jurídica desde la autonomía a la independencia, señalar el marco jurídico de la Agencia de Protección Social y el de la futura Hacienda catalana. Aunque estaba previsto iniciar su tramitación antes de 30 días, “el despliegue de las leyes va más lento de lo que sería deseable”, señala el balance de la CUP.
“Se avanza lento en la activación del Proceso Constituyente”, denuncia el Observatorio del Proceso. No obstante, apunta el documento que habrá “un antes y un después” del debate de Política General que el Parlament celebró hace dos semanas. Según este, y ateniéndose a las resoluciones aprobadas por la cámara en las últimas semanas, antes de un mes se ha de crear una comisión de seguimiento y antes de dos el consejo asesor del Proceso Constituyente, mientras que tras 90 días tendría que haber un plan calendarizado de actuación. Asimismo, otro texto aprobado por Junts pel Sí y la CUP señala que medio año después del referéndum independentista fijado para septiembre de 2017 se tenían que celebrar elecciones constituyentes.
La CUP es especialmente dura en su análisis de la norma presentada por el Gobierno catalán para suplir la ley antidesahucios y pobreza energética que suspendió el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno central. La nueva, señalan, tiene “un claro retroceso respecto a los derechos reconocidos en la primera”. Denuncian también los anticapitalistas que no se ha desobedecido al Estado en materia de deuda, aportando esos recursos ‘liberados’ al plan de choque social que marcaba la declaración del 9-N.
Otra denuncia es la que atañe a la desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional, que “no se ha dado” y “en los últimos 11 meses se ha dado respuesta desde el Parlament a hasta una quincena de requerimientos del TC”. Los más importantes, los que afectan a la mesa de la cámara por permitir votar las conclusiones de la comisión de estudio del Proceso Constituyente.