Redada policial contra la trama del fuego de Valencia
La causa, en la que fue detenido el exdelegado del Gobierno Castellano, investiga empresas dedicadas a la extinción de incendios
La policía ha realizado este martes detenciones y registros en la Comunidad Valenciana y Madrid relacionadas con la conocida como trama del fuego, un grupo de empresas dedicadas a la extinción de incendios con medios aéreos que presuntamente se concertó pactando precios y sobornando a cargos públicos en varias comunidades autónomas.
Fuentes de la investigación han confirmado que la redada tenía como objetivo seguir el rastro del dinero, que presuntamente conduce a operaciones inmobiliarias. Entre los objetivos de la operación figuran tr...
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La policía ha realizado este martes detenciones y registros en la Comunidad Valenciana y Madrid relacionadas con la conocida como trama del fuego, un grupo de empresas dedicadas a la extinción de incendios con medios aéreos que presuntamente se concertó pactando precios y sobornando a cargos públicos en varias comunidades autónomas.
Fuentes de la investigación han confirmado que la redada tenía como objetivo seguir el rastro del dinero, que presuntamente conduce a operaciones inmobiliarias. Entre los objetivos de la operación figuran tres empresarios y un exasesor de la Consejería de Territorio de la Generalitat Valenciana en la etapa del exconsejero Rafael Blasco, pero ningún dirigente político. Los registros se han practicado Valencia, Alboraia y Arganda del Rey (Madrid).
El también conocido como caso Avialsa, por una de las empresas con sede en Valencia cuyos responsables estaban supuestamente estaba al frente de la red, salió a la luz en mayo de 2015 con la detención del exconsejero de Gobernación Serafín Castellano. En el momento de ser arrestado Castellano era delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
El exdirigente popular habría recibido dinero, regalos, como una escopeta, y habría disfrutado de cacerías pagadas por la trama. En total, 163.000 euros. En el caso están imputados otros cargos de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, si bien las investigaciones se han extendido a otras cinco autonomías.
Las empresas de la trama intentaron también ganar concursos en Portugal y en Italia utilizando el mismo sistema de ofertas pactadas y dádivas a responsables públicos, según la investigación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.