Rita Barberá tendrá que votar sobre los escándalos que la rodean
El PP puede perder nueve de sus 10 concejales en Valencia si acepta las condiciones de C'’s
Las condiciones planteadas por Ciudadanos al PP para apoyar la investidura de Mariano Rajoy, que incluyen la expulsión de los cargos públicos imputados por corrupción, serán votadas por el comité ejecutivo nacional, del que forma parte la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá. La Fiscalía Anticorrupción considera que la exregidora participó en una presunta operación de blanqueo de capitales que se...
Las condiciones planteadas por Ciudadanos al PP para apoyar la investidura de Mariano Rajoy, que incluyen la expulsión de los cargos públicos imputados por corrupción, serán votadas por el comité ejecutivo nacional, del que forma parte la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá. La Fiscalía Anticorrupción considera que la exregidora participó en una presunta operación de blanqueo de capitales que se indaga en el caso Taula, y el juez del caso ha pedido al Tribunal Supremo que sea imputada por ello. Además de afectarle personalmente, si Barberá asiste a la votación del comité ejecutivo tendrá que pronunciarse sobre la suerte de quienes formaron parte de su equipo en el gobierno local de Valencia, ciudad que gobernó 24 años.
Nueve de los 10 concejales que el PP tiene en el Ayuntamiento de Valencia están imputados por blanqueo en una pieza separada que se ha ampliado, además, a la presunta financiación ilegal del partido a escala municipal. Si los populares aceptan las condiciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, los nueve ediles tendrían que ser expulsados de la formación.
Hasta ahora los concejales se han negado a dimitir a pesar de que la líder regional del PP, Isabel Bonig, intentó que lo hicieran con mensajes públicos y reuniones privadas en la primera mitad del año. Fuentes próximas a los concejales admiten que si la petición para dejar el acta se repitiera ahora, en el contexto de un acuerdo para facilitar la investidura de Rajoy y superar el bloqueo institucional, la presión para que renunciasen a sus actas sería intensa.
Las fuentes no descartan, aun así, que la respuesta volviera a ser negativa, lo que los conduciría al grupo de no adscritos dejando al PP con un solo concejal en la tercera ciudad de España, a pesar de que fue el partido más votado en las elecciones de mayo de 2015.
La resistencia mostrada hasta ahora para dimitir es una forma de reivindicar su inocencia, aseguran las fuentes. Las defensas de los concejales están convencidas, además, de que es muy difícil que llegado un juicio pudiera probarse la participación de sus clientes en el presunto blanqueo. Y tienen serias dudas de que el Supremo impute a Barberá con las pruebas que hasta el momento han encontrado contra ella los investigadores.
El blanqueo del que están acusados consistió, según la Fiscalía, en ingresar 1.000 euros en una cuenta del partido antes de los últimos comicios a la vez que recibían el mismo importe en efectivo de fondos procedentes de comisiones a cambio de contratos públicos.
Barberá no está imputada. Pero en los pasos procesales que ha dado hasta ahora, como el escrito de defensa que envió al juez instructor de Valencia Víctor Gómez, se ha alineado con sus antiguos compañeros de gobierno local. Su defensa está en manos del despacho de su cuñado, José María Corbín, que es a su vez letrado de una de las acusadas contra quien más pruebas ha reunido la Guardia Civil, la ex secretaria general del grupo municipal del PP Mari Carmen García Fuster.
No son solo los concejales; sumando asesores y otros empleados del PP local, la pieza de blanqueo de Taula afecta a casi medio centenar de personas. Barberá está unida a muchos de ellos por una larga relación personal. La exregidora podría esquivar el trance de tener que votar ahora por su expulsión en el comité ejecutivo evitando ir a la reunión. En conversación con la Cadena SER ha afirmado que no tiene decidido si irá.
Otra de las condiciones que Ciudadanos ha impuesto al PP para apoyar a Rajoy es acabar con los aforamientos. Ello, según el plazo en que se adoptara la medida, también podría afectar a Barberá. Si no estuviera aforada, el juez Gómez podría citarla directamente como imputada, como ya ha manifestado que quiere hacer.
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