El descenso electoral marca el primer año del Gobierno valenciano
La Generalitat elevará la reivindicación tras ver frustrado un Ejecutivo afín en España
El Gobierno valenciano ha celebrado este miércoles su primer año de Gobierno en un aniversario marcado por el mal resultado electoral obtenido el 26J por las tres fuerzas que lo sostienen: socialistas, Compromís y Podemos. La reivindicación de la gestión de los últimos 12 meses, guiada según el presidente autonómico, Ximo Puig, por "el trabajo, la cohesión y la honradez", se ha vist...
El Gobierno valenciano ha celebrado este miércoles su primer año de Gobierno en un aniversario marcado por el mal resultado electoral obtenido el 26J por las tres fuerzas que lo sostienen: socialistas, Compromís y Podemos. La reivindicación de la gestión de los últimos 12 meses, guiada según el presidente autonómico, Ximo Puig, por "el trabajo, la cohesión y la honradez", se ha visto enturbiada por el aviso emitido por las urnas. De haber sido unos comicios autonómicos y locales, el PP, en alianza con Ciudadanos, estaría en disposición de recuperar la Generalitat y los grandes Ayuntamientos que perdió en 2015.
La misma o mayor preocupación genera en el Gobierno autonómico el hecho de haber visto frustrada la posibilidad de formación de un Ejecutivo afín en España, sensible a su reivindicación de un aumento de calado en la financiación que recibe la Comunidad Valenciana, la más endeudada en relación con su Producto Interior Bruto (PIB).
"Queríamos un Gobierno en España que fuera aliado de las políticas de salvar personas. Somos un Gobierno esperanzado, pero también sabemos sumar y restar", ha afirmado la vicepresidenta Mónica Oltra, quien ha comparecido con Puig en el claustro Gótico del Palau de la Generalitat.
El presidente valenciano ha anunciado, en ese contexto, que en los próximos meses elevará el tono reivindicativo para pedir tanto más financiación como un mayor volumen de inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana.
La falta de financiación de la comunidad autónoma, reconocida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya acuciaba al anterior Ejecutivo autonómico del popular Alberto Fabra, y representa un gran problema para el nuevo Gobierno valenciano, cuya agenda se basa en el desarrollo de los servicios públicos.
El 26J los socialistas valencianos ganaron 6.000 votos respecto a las elecciones de diciembre, pero quedaron en tercera posición, perdieron un diputado y dos senadores. A la valenciana, la unión de Compromís, Podemos e Izquierda Unida, se dejó cerca de 120.000 votos, pero mantuvo el número de diputados y pasó de uno a tres senadores. Puig y Oltra han admitido errores en el primer año de Gobierno, pero han limitado la autocrítica y han subrayado que en los comicios no se juzgaba su gestión.
"En las elecciones se dirimía el Gobierno de España. Cada uno puede extraer sus conclusiones a nivel interno de partido. Pero los ciudadanos responden cada vez más en las elecciones sobre aquello concreto que se les pregunta", ha dicho Puig.
El presidente ha negado que existan disfunciones en la Generalitat por el hecho de que el Gobierno sea compartido. Y Oltra ha mantenido que prefiere un Ejecutivo de coalición a otro que fuera monocolor de Compromís.
Los dirigentes valencianos han destacado las medidas adoptadas a lo largo del primer año de Gobierno. Entre ellas han citado el acuerdo alcanzado con el resto de partidos, organizaciones sindicales y empresariales y otras entidades para reclamar conjuntamente la mejora de la financiación. Y también el cambio que ha supuesto pagar al mes las ayudas a la dependencia, introducir el programa Xarxa Llibres de acceso gratuito a los libros de texto, y la extensión de la sanidad pública a los inmigrantes o la eliminación del copago para pensionistas y personas con discapacidad.
Oltra y Puig han mencionado igualmente entre los logros de los primeros 12 meses de gobierno el proyecto de un nuevo sistema productivo, el esbozo de un nuevo sistema de gestión de residuos, la mejora de la transparencia de la Generalitat a través de Internet, y haber impedido la reclasificación a urbanizable de 13,3 millones de metros cuadrados de suelo.
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