Trabajadores de Antifraude se desmarcan de Daniel de Alfonso

Un grupo de trabajadores públicos de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) han entregado este jueves a la Mesa del Parlament un escrito en el que se desmarcan de su director, Daniel de Alfonso, al que recuerdan que por ley está sujeto al deber de mantener en secreto la confidencialidad de sus investigaciones. Además, desmienten que le hayan dado cualquier tipo de apoyo "ni explícito ni implícito" en relación a la polémica por ...

Un grupo de trabajadores públicos de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) han entregado este jueves a la Mesa del Parlament un escrito en el que se desmarcan de su director, Daniel de Alfonso, al que recuerdan que por ley está sujeto al deber de mantener en secreto la confidencialidad de sus investigaciones. Además, desmienten que le hayan dado cualquier tipo de apoyo "ni explícito ni implícito" en relación a la polémica por sus conversaciones con el ministro, "contrariamente a lo que éste ha afirmado públicamente en varios medios de comunicación". Para este grupo de trabajadores, la polémica suscitada tras la divulgación de sus conversaciones con Fernández Díaz "afectan directamente a la persona del director de la institución".

En el documento, este grupo de empleados de Antifraude lamentan "profundamente" que el nombre y la reputación de una institución que por ley tiene el encargo de "preservar la transparencia y la integridad en el sector público de Cataluña" hayan resultado "comprometidos" a raíz de las conversaciones divulgadas entre De Alfonso y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. "Pedimos que se distinga, a la hora de hacer la valoración (de estas conversaciones), entre la institución y la persona que, con carácter transitorio (nombrada por el Parlament a propuesta del Govern), ocupa la dirección", remarca el escrito.

En el documento, los trabajadores de Antifraude advierten a su director que todo el personal de la Oficina ha firmado un compromiso de "confidencialidad y transparencia" y que su incumplimiento acarrea la exigencia de responsabilidades penales o administrativas, así como el deber de indemnizar a la entidad "en una cuantía equivalente al triple del salario bruto anual correspondiente al momento del incumplimiento".

"Recordamos que todos y cada uno de los empleados públicos al servicio de la Oficina, incluido su director, estamos sujetos al deber de secreto para garantizar la confidencialidad de las investigaciones, deber que perdura incluso después de haber cesado en el cargo", remarcan.

Los trabajadores que firman el manifiesto lanzan un mensaje a la cámara catalana garantizando que cuando han participado en la elaboración de informes incorporados en los expedientes de investigación o análisis han tenido en cuenta "única y exclusivamente" criterios técnico-jurídicos.

En este sentido, también se dirigen a la ciudadanía para expresar su "firme e incondicional" compromiso de "continuar actuando con imparcialidad, objetividad y neutralidad política", desde la responsabilidad que tienen encomendada "exclusivamente al servicio del pueblo de Cataluña".