Madrid rescata dos plantas para frenar el vertido de lodos tóxicos al campo

La eliminación de subvenciones paraliza unas instalaciones costeadas por la UE y lleva a tirar 650 toneladas al día de residuos a fincas del sur de la región

Parte de los residuos que no tratan ya las plantas de secado, en una finca de San Martín de la Vega ÁLVARO GARCÍA

Madrid produce 216.000 toneladas de residuos sólidos provenientes de sus aguas residuales. Para minimizar su impacto ambiental (eliminar olores, insectos y restos líquidos con nitrógeno, sulfatos y metales pesados que puedan filtrarse y contaminar las aguas subterráneas), el Ayuntamiento construyó dos plantas de secado de lodos en 2001 y 2002, que costaron 56 millones de euros, 10 de ellos procedentes de fondos de cohesión de la Unión Europea. Pero los cambios regulatorios introducidos por el Gobierno (PP) a partir de 2012, y la eliminación de subvenciones a las energías renovables, descarrila...

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Madrid produce 216.000 toneladas de residuos sólidos provenientes de sus aguas residuales. Para minimizar su impacto ambiental (eliminar olores, insectos y restos líquidos con nitrógeno, sulfatos y metales pesados que puedan filtrarse y contaminar las aguas subterráneas), el Ayuntamiento construyó dos plantas de secado de lodos en 2001 y 2002, que costaron 56 millones de euros, 10 de ellos procedentes de fondos de cohesión de la Unión Europea. Pero los cambios regulatorios introducidos por el Gobierno (PP) a partir de 2012, y la eliminación de subvenciones a las energías renovables, descarrilaron la explotación de estas dos plantas, que el Ayuntamiento había puesto en manos privadas. Dejaron de ser rentables, así que quedaron en parada técnica. Durante los dos últimos años, cientos de miles de toneladas de lodos se han vertido sin tratar en fincas de pueblos del sur de la región y de Toledo. Hoy, finalmente, el Ayuntamiento (en manos de Ahora Madrid desde junio), ha admitido el fracaso del sistema y ha avanzado su solución: resolverá los contratos, cederá la gestión de las plantas al Canal de Isabel II, y probablemente tenga que cerrar una de las instalaciones porque “con una es suficiente”.

Madrid cuenta con ocho estaciones regeneradoras de aguas residuales, con un caudal de 750 millones de litros diarios generado por cuatro millones de personas. Ese proceso produce electricidad y biogás, y contribuye así a convertir a la capital en la principal generadora de energías limpias a partir de deshechos de España. Pero también produce residuos sólidos (216.000 toneladas anuales). Hasta el año 2000, eran transformados en abono agrícola en plantas al aire libre mediante descomposición biológica. Eso provocaba malos olores —en Villaverde, Vallecas y Perales del Río— y lixiviados (los restos líquidos con nitrógeno, sulfatos y metales pesados).

Para evitarlo, se construyeron a principios de la pasada década las plantas de secado térmico de Sur y Butarque. Allí se deshidratan los residuos, reduciendo su peso y volumen para producir un abono granulado casi inodoro y sin elementos patógenos. En el proceso, además, se genera energía suficiente como para alimentar 100.000 hogares. El Ayuntamiento, entonces gobernado por el Partido Popular, encargó la gestión de las plantas a Sacyr y Ferrovial por un periodo de 25 años.

Pero estas instalaciones están en parada técnica desde enero (Butarque) y marzo (Sur) de 2014, con la aquiescencia del Ayuntamiento, debido a que ya no resultan rentables para esas empresas. “El Gobierno empezó en 2012 a gravar la generación de renovables y la utilización de gas natural en el proceso. Esas cargas impositivas no estaban contempladas cuando el Ayuntamiento apostó por el proyecto, y afectan ahora a su viabilidad económica. Además, se han eliminado las primas o retribuciones”, indicó en 2014 el gobierno municipal.

Así, los vertidos generados por las depuradoras, unas 650 toneladas diarias de lodo, empezaron a ser transportados en camión a terrenos de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, previo acuerdo con los dueños de esas fincas. Es una actividad legal pero con un alto coste medioambiental. Por ello, el Partido Socialista, que ya se preocupó en años anteriores por este problema, ha inquirido esta mañana sobre la situación al nuevo gobierno municipal, por boca del concejal socialista José María Dávila.

La Concejalía de Medio Ambiente ha respondido que, apoyándose en dos sentencias favorables relativas a sendas plantas en 2011 y 2012, va a proceder a resolver los contratos de gestión con Sacyr y Ferrovial, para transferir su gestión al Canal de Isabel II. “Es la mejor solución” a este “problema muy serio”, causado en opinión del gobierno municipal por “las modificaciones en el sector eléctrico”. Sobre el futuro de las plantas, Medio Ambiente ha añadido que la Sur “va a funcionar permanentemente porque tiene capacidad”, pero la de Butarque “tendrá que verse con el Canal de Isabel II qué hacer con ella, porque con una es suficiente”.

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