La Generalitat regula por ley las comunidades catalanas en el exterior

El Gobierno catalán ha aprobado hoy el proyecto de ley de la Comunidad Catalana en el Exterior, que regula e institucionaliza las relaciones de la Generalitat con los catalanes residentes en el extranjero. La norma reconoce a estos catalanes como “sujetos con derechos y deberes” y establece una política integral sobre la emigración catalana. La nueva norma ha sido aprobada por el Gobierno catalán días después de que el ...

El Gobierno catalán ha aprobado hoy el proyecto de ley de la Comunidad Catalana en el Exterior, que regula e institucionaliza las relaciones de la Generalitat con los catalanes residentes en el extranjero. La norma reconoce a estos catalanes como “sujetos con derechos y deberes” y establece una política integral sobre la emigración catalana. La nueva norma ha sido aprobada por el Gobierno catalán días después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido cautelarmente la ley de Acción Exterior de la Generalitat.

El consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, ha explicado que el objetivo de la ley es apoyar al creciente numero de catalanes que residen en el extranjero, impulsar el apoyo a las “iniciativas de la sociedad civil” y fortalecer la “proyección exterior de Cataluña”. La norma también es consecuencia, según la Generalitat, de los cambios que ha habido desde la aprobación de la ley de 1996. En estos momentos existen 140 comunidades de catalanes reconocidas oficialmente fuera de España. La documentación facilitada por la Generalitat sobre la ley recuerda que estos catalanes se han convertido en “agentes destacados de la diplomacia pública catalana con un papel activo en la construcción nacional del país [Cataluña] y en su proyección internacional”.

Homs también ha valorado la suspensión de la ley de Acción Exterior de la Generalitat por parte del Tribunal Constitucional a petición del Gobierno. En este sentido ha recordado que solo se han suspendido algunos artículos de la ley y que el resto siguen vigentes. La Generalitat mantiene que este recurso no obligará a cambiar su política exterior.