Barberá cierra un mandato negro para las concesiones municipales
El Ayuntamiento de Valencia ha rescatado la gestión de un teatro, la televisión municipal y varias instalaciones deportivas otorgadas a empresas privadas
El Ayuntamiento de Valencia ha salido escaldado estos cuatro años por el estrepitoso fracaso de un puñado de concesiones encargadas de la gestión de bienes y servicios públicos. Unos gestores han caído por las dificultades financieras, otros sencillamente no han pagado el canon ni cumplido los pliegos de condiciones. En ambos casos, las arcas municipales se han resentido del fracaso de las concesiones.
El último caso es la rescisión del contrato de gestión del Teatre El Musical (TEM) del Cabanyal a la firma Crystal Forest, que administra el productor televisivo José Luis Moreno, que aca...
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El Ayuntamiento de Valencia ha salido escaldado estos cuatro años por el estrepitoso fracaso de un puñado de concesiones encargadas de la gestión de bienes y servicios públicos. Unos gestores han caído por las dificultades financieras, otros sencillamente no han pagado el canon ni cumplido los pliegos de condiciones. En ambos casos, las arcas municipales se han resentido del fracaso de las concesiones.
El último caso es la rescisión del contrato de gestión del Teatre El Musical (TEM) del Cabanyal a la firma Crystal Forest, que administra el productor televisivo José Luis Moreno, que acaba de entregar las llaves de la sala al Consistorio dos años antes de la extinción del contrato. Moreno se hizo con la explotación del teatro municipal en 2013 en concurso con otras tres experimentadas compañías. Ofreció una rebaja del 18% sobre el presupuesto de adjudicación —462.000 euros— por cuatro años. Se impuso la oferta económica más ventajosa.
Los problemas no tardaron en aflorar y a los vaivenes en la programación se unieron los impagos de impuestos y cuotas sociales por parte del productor televisivo, incumplimiento suficiente para anular el contrato de concesión. En previsión de un desastre mayor y vistos fiascos anteriores, la Concejalía de Cultura retiene desde julio de 2013 los pagos por la explotación, que suman unos 490.000 euros y que no se abonarán a Crystal hasta que no acredite que ha pagado los impuestos y las cuotas de los trabajadores.
La edil de Cultura, Mayrén Beneyto prepara un pliego para volver a sacar la sala a concurso donde se dé más importancia a la experiencia que a la propuesta económica.
El Consistorio no ha sufrido menoscabo económico con Crystal porque retuvo los pagos a tiempo, pero sí con la concesión de la Piscina de Valencia, construida en 1963, y explotada por el grupo hostelero de la familia Barrachina. La piscina está cerrada desde el verano de 2014 por el deterioro de sus instalaciones y por la suspensión de pagos del gestor. Para facilitar su adjudicación, el Gobierno local ha segregado el negocio hostelero —más rentable— del deportivo. Al primero se presentan siete ofertas, al segundo, nadie todavía porque el pliego debe corregirse por un error.
La oposición ha cargado contra el Gobierno local de Rita Barberá por mirar hacia otro lado cuando el empresario no pagaba el canon, ni el IBI ni las cuotas sociales y tributarias. Tampoco mantuvo en buen estado el recinto y el futuro gestor deberá invertir 3,1 millones de euros en su actualización. Barrachina ha dejado una deuda con el Ayuntamiento de aproximadamente 350.000 euros. El asunto derivó en escándalo cuando trascendió que el Consistorio siguió contratando con este grupo pese a los abultados impagos.
La Televisión Municipal de Valencia, que comenzó sus emisiones en 2007, hizo aguas a principios de 2012. “No es viable”, dijo entonces el equipo de gobierno. Se liquidó con 167.000 euros de pérdidas y el Consistorio solo ha recuperado unos 45.000 euros del más de medio millón de euros invertidos en el canal. La explotación de la televisión se otorgó a Gerencia de Ondas 13 pero al poco la firma Producciones Audiovisuales Digitales de Alicante, controlada por el empresario José Luis Ulibarri, salpicado por el caso Gürtel, se hizo con el 85% de las acciones de la concesionaria.
Y otro fallido. El Ejecutivo local se vio obligado a realizar una modificación de crédito de 762.000 euros para hacer frente a las cuotas sociales de la plantilla de Cleop-Servicleop, encargada del servicio de la grúa municipal. Eran cantidades pendientes de 2014, que coinciden con el final de la concesión municipal. El Consistorio es responsable subsidiario de los impagos de la contrata, en concurso de acreedores.
El servicio de retirada de vehículos de la vía pública no era rentable para la ciudad. En 2011, el Ayuntamiento pagó a la concesionaria 1,3 millones de euros más de lo que ingresaba, algo “insólito”, en palabras de la oposición, que denunció que tampoco se cumplían otras condiciones del pliego, como el número de bases para vehículos, número de trabajadores o inversiones en informática.
Otros dos ejemplos del atasco con las concesiones es el cierre y posterior adjudicación del polideportivo de la Rambleta, el retraso de casi 10 años en la adjudicación del servicio de fuentes ornamentales, o los problemas surgidos en la gestión de los aparcamientos.