Alaya concluye la exposición razonada sobre los aforados autonómicos
El escrito, empaquetado junto con distinta documentación, será enviado al TSJA
La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha finalizado la exposición razonada sobre los cuatro exconsejeros de la Junta señalados por la magistrada en el fraude y que son aforados dada su condición de parlamentarios andaluces —Antonio Ávila, Manuel Recio, ...
La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha finalizado la exposición razonada sobre los cuatro exconsejeros de la Junta señalados por la magistrada en el fraude y que son aforados dada su condición de parlamentarios andaluces —Antonio Ávila, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo—. Según informan fuentes judiciales a Europa Press, el documento está listo para ser enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Con esta actuación, la juez accede a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción a principios de diciembre.
Según dichas fuentes, la magistrada Alaya concluyó la exposición razonada a última hora de la mañana de ayer. El escrito ha sido empaquetado junto con distinta documentación para su envío a la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz, que "la está esperando" y que, por tanto, lo recibirá en las próximas horas.
La juez ha elaborado dicha exposición razonada después de que Anticorrupción así se lo reclamara en diciembre con el objetivo de "agilizar y evitar mayores demoras en la instrucción de la presente causa" y después de que el Tribunal Supremo únicamente asumiera la competencia para investigar "a los aforados pertenecientes al Congreso y Senado" señalados por la juez, es decir, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Mar Moreno, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías.
La juez Alaya acusa a estos nueve aforados de diseñar un procedimiento administrativo (las transferencias de financiación) que, en su opinión, fue decisivo para que se produjera el fraude. En contra del criterio de la magistrada, tanto Anticorrupción como el Supremo defienden que la causa sea dividida en piezas, entre otros motivos, “para agilizar y evitar mayores demoras en la instrucción”.