Nadal niega la estafa a un empresario y dice que actuó por “interés público”
El exconsejero declara por favorecer a Lara en una operación urbanística
El exconsejero del PSC Joaquim Nadal negó ayer, ante el juez, haber estafado a un empresario en una operación urbanística en Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) cuando era presidente del Incasòl. Nadal defendió que su actuación en una modificación urbanística respondió al “interés público” y a la necesidad de “preservar el valle de Solius”, explicaron fuentes judiciales tras su declaración como imputado.
El exconsejero de Obras Públicas con el tripartito ...
El exconsejero del PSC Joaquim Nadal negó ayer, ante el juez, haber estafado a un empresario en una operación urbanística en Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) cuando era presidente del Incasòl. Nadal defendió que su actuación en una modificación urbanística respondió al “interés público” y a la necesidad de “preservar el valle de Solius”, explicaron fuentes judiciales tras su declaración como imputado.
El exconsejero de Obras Públicas con el tripartito está imputado por “estafar” a un empresario para favorecer, presuntamente, los intereses del empresario”. Según la Fiscalía, Nadal “promovió las negociaciones” para convertir una zona de Santa Cristina —donde iba a construirse, en principio, un polígono industrial— en zona verde. Pero no actuó, insisten los investigadores, movido por la defensa del paisaje o valores medioambientales, sino para favorecer a Lara, que acababa de comprar en esa misma zona una mansión por 6,5 millones de euros.
“Todos los actos que la Generalitat hizo fueron ajustados a derecho y respondiendo al interés público, sin que haya detrás de todo esto ninguna otra historia que no fuera preservar el valle de Solius”, explicó el propio Nadal a la entrada de la Ciudad de la Justicia. La operación también pretendió “garantizar los derechos urbanísticos de todo el mundo adquiridos a lo largo del tiempo”, abundó.
El caso arranca en 2006, cuando se firmó el convenio ahora bajo sospecha entre el Incasòl, el Ayuntamiento y la empresa Varal, propietaria de los terrenos donde iba a construirse el polígono. El convenio preveía trasladar el polígono a otra zona del municipio que resultó ser “inundable”. Según la Fiscalía, Nadal sabía que la zona tenía esas características y no se podría desarrollar, de ahí el delito de “estafa” al empresario, que se vio perjudicado al no poder desarrollar el polígono. La decisión coincidió en el tiempo con la compra de una masía por parte de la familia Lara en los terrenos que finalmente fueron catalogados como zona verde.
Nadal negó que tuviera conocimiento de esa inundabilidad. “La Generalitat no engaña nunca a nadie y no esconde información porque además toda la información es pública”, explicó Nadal, que atribuyó el procedimiento judicial contra él a “unos privados que legítimamente se querellan en defensa de sus derechos que entran en colisión con los derechos del interés público”. El exconsejero acudió a declarar arropado por otros dos exconsejeros del tripartito y exdirigentes del PSC, Antoni Castells y Montserrat Tura.