Gerardo Camps decidió pagar a Calatrava el proyecto de Castellón
Se buscó que la demanda del arquitecto no prosperara, declara Cristina Morató
La decisión de pagar a Santiago Calatrava los últimos 1,35 millones de euros que completaban los 2,7 cobrados en concepto de honorarios por el diseño del Centro de Convenciones de Castellón fue de Gerardo Camps, entonces consejero de Economía y Hacienda y presidente de la Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV). Esta es la afirmación que realizó ayer ante el juez la exdirectora de Grandes Proyectos, Cristina Morató, según explicó el abogado de EU, que ejerce la acción popular en la investigación sobre las posibles irregularidades que rodearon la contratación de Calatrava para este megaproyecto...
La decisión de pagar a Santiago Calatrava los últimos 1,35 millones de euros que completaban los 2,7 cobrados en concepto de honorarios por el diseño del Centro de Convenciones de Castellón fue de Gerardo Camps, entonces consejero de Economía y Hacienda y presidente de la Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV). Esta es la afirmación que realizó ayer ante el juez la exdirectora de Grandes Proyectos, Cristina Morató, según explicó el abogado de EU, que ejerce la acción popular en la investigación sobre las posibles irregularidades que rodearon la contratación de Calatrava para este megaproyecto no ejecutado.
Cristina Morató ha sido la última imputada en desfilar por el juzgado de Instrucción 5 de Castellón que investiga si la Generalitat actuó correctamente al abonar esos 2,7 millones por un proyecto del cual los propios técnicos de la sociedad pública y algunos ex altos cargos dijeron que "excedía" lo acordado. Llegaron a estimar en 180 millones el coste de un edificio presupuestado en 60. Uno de ellos llegó a declarar que nunca había visto que un proyecto que no se ajustara a lo pactado incialmente se acabara pagando.
La declaración de Morató era relevante porque fue durante su 'mandato' cuando, en contra de lo practicado hasta entonces, se puso fin a la pugna entre el arquitecto (que exigía el cobro al considerar que había cumplido con la entrega del plan maestro, anteproyecto y proyecto básico) y la SPTCV (que se negaba al pago y pidió insistentemente al proyectista durante casi un año que ajustara el diseño al presupuesto inicial). De hecho, el consejo de administración de 2009 acordó "no abonar" los 1,35 millones. La llegada de Morató en julio de ese año desbloqueó la situación y Calatrava cobró, según consta en la documentación, por "voluntad de entendimiento". El pago no fue ratificado por el consejo de administración hasta 2011, días después de que EU llevara el caso ante la fiscalía.
La exdirectora de Grandes Proyectos es la última imputada que comparece
El letrado de EU indicó que en su declaración apuntó a Gerardo Camps como la persona que tomó la "decisión política" de realizar el abono y que esta decisión se tomó porque los abogados de la Generalitat consideraron que, de presentarse una demanda, podría prosperar. En esas fechas, el despacho del arquitecto ya había comunicado su intención de denunciar a la Generalitat por enriquecimiento injusto al hacer uso de una maqueta y un diseño no pagado. La declaración "evidencia la intervención política para favorecer a Calatrava", indicó el portavoz de EU en las Cortes, Ignacio Blanco, que ayer pidió la comparecencia del exconsejero.
El juzgado de Castellón ha tomado declaración a varios ex altos cargos de la empresa pública y al propio arquitecto. El fiscal, por su parte, ha venido reclamando el archivo de las acusaciones para todos ellos. También para Santiago Calatrava al estimar que, si bien el pago puede ser improcedente, el proyectista "realizó los trabajos encomendados". La instrucción no ha despejado los interrogantes sobre quién avaló directamente los sobrecostes en el diseño.