Respuesta a Joan B. Culla
El profesorJoan B. Culla i Clara, en artículo publicado en la versión digital de este periódico, encontraba contradictorio que yo, después de cuanto he dicho en pro de la identidad catalana y de la necesidad de obtener una solución negociada al presente conflicto entre la Generalitat y el Estado, votara como consejero permanente que soy, el reciente dictamen del Consejo de Estado, en el sentido de que existen fundamentos jurídicos para impugnar ante el Tribunal Constitucional la reciente ley de consultas catalana.
A mi juicio, no existe contradicción alguna. Una cosa es el derecho posit...
El profesorJoan B. Culla i Clara, en artículo publicado en la versión digital de este periódico, encontraba contradictorio que yo, después de cuanto he dicho en pro de la identidad catalana y de la necesidad de obtener una solución negociada al presente conflicto entre la Generalitat y el Estado, votara como consejero permanente que soy, el reciente dictamen del Consejo de Estado, en el sentido de que existen fundamentos jurídicos para impugnar ante el Tribunal Constitucional la reciente ley de consultas catalana.
A mi juicio, no existe contradicción alguna. Una cosa es el derecho positivo, único que el jurista puede interpretar y aplicar y otra el derecho que se considera deseable y que el político puede y debe propugnar.
Como ciudadano con preocupaciones y algunas experiencias políticas he defendido y defiendo por escrito y de palabra y lo he hecho hasta la hartura, más que nadie al Sur del Ebro, que Cataluña es una nación y que debe tener las cotas de autogobierno que corresponden a tal condición, algo que creo perfectamente posible en el seno de la España plurinacional que siempre he defendido y que, por cierto, el presidente Mas propugnaba no hace mucho. Y como jurista creo, como gran parte de los jurisperitos catalanes y catalanistas, que la ley de consultas es manifiestamente contraria al vigente orden constitucional. Un orden que podrá reformarse, que puede reinterpretarse, pero que no puede unilateralmente violentarse como pretende hacerse mediante la citada ley. De ahí mi voto.
Es importante respetar la legalidad y dentro y a partir de ella, negociar, como con acierto afirma el presidente del Gobierno. Pero es evidente que negociar no es un término mágico que baste pronunciar para que surta efectos. Negociar exige tomar muy en serio la posición de la otra parte, algo que no parecen haber hecho ni unos ni otros. Negociar supone renunciar a la política de hechos consumados, tanto como al hostigamiento administrativo. Negociar requiere crear un clima de confianza y, para ello, desde el propio Consejo de Estado, algunas medidas he venido sugiriendo a lo largo de muchos meses. Negociar supone sentarse con calma y discreción a buscar soluciones concretas que eviten victorias y derrotas y produzcan acuerdos. Yo ya he ofrecido alguna el pasado 9 de abril en el Círculo de Economía de Barcelona, con notable eco mediático y que el propio Círculo ha publicado. Un jurista de alto bordo, el Sr. Muñoz Machado acaba de publicar un libro docto e inteligente (Cataluña y las otras Españas, Barcelona, Critica, 2014) proponiendo otras vías que abren posibilidades varias. No son por tanto ideas lo que falta. Pero en vez de trabajar sobre ellas o producir otras aun mejores, los protagonistas del conflicto comenzaron aferrándose a categorías abstrusas -¿Qué es el pueblo? ¿Dónde radica la soberanía?- y ya van enfangándose en cuestiones de procedimiento. Pero la banalización de los problemas graves no los resuelve. Los pudre.