Fabra avala el contrato con Calatrava que los técnicos consideraron incumplido

El arquitecto Santiago Calatrava presionó a la Generalitat valenciana para cobrar los 2,7 millones en honorarios por los proyectos del Centro de Convenciones de Castellón a pesar de haber presentado un proyecto que “excedía” todo lo acordado previamente. El Consell pagó finalmente aun admitiendo que se había incumplido el contrato de forma unilateral por parte del arquitecto y lo hizo por una “voluntad de entendimiento”. El presidente de la Generalitat,...

El arquitecto Santiago Calatrava presionó a la Generalitat valenciana para cobrar los 2,7 millones en honorarios por los proyectos del Centro de Convenciones de Castellón a pesar de haber presentado un proyecto que “excedía” todo lo acordado previamente. El Consell pagó finalmente aun admitiendo que se había incumplido el contrato de forma unilateral por parte del arquitecto y lo hizo por una “voluntad de entendimiento”. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró ayer que demostrarán la legalidad del acuerdo y del pago que ahora está siendo investigado por el juzgado de Instrucción 5 de Castellón.

Esta actuación unilateral de arquitecto insignia del Gobierno valenciano quedó reflejada en una carta interna entre dos de los imputados en la causa fechada cinco meses después de la presentación de la maqueta. En la misiva, el entonces director técnico de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), Javier de Diego, explicaba al director general de dicha sociedad, Eusebio Monzó, los intentos en balde para que Calatrava se limitara a lo acordado. En la carta se citaba una reunión mantenida con el despacho poco antes de la presentación y que, como refleja el escrito, sirvió de poco: “Dos semanas después presentó la maqueta y expuso públicamente un proyecto grandioso que excedía todos los números citados anteriormente en cualquier declaración de intenciones o en cualquier listado de necesidades”.

De ese mismo mes es un contundente informe técnico de la empresa pública en la que se dice no entender los criterios que llevaban a multiplicar por cuatro la superficie inicialmente prevista para el complejo y que solo la primera fase del proyecto costara 89,9 millones (sin IVA), por encima del “presupuesto orientativo de licitación” para todo el proyecto, que se fijó en 60 millones.

A partir de entonces comenzó un cruce de cartas entre la SPTCV y la oficina y abogados de Calatrava que ya en su día hizo público Esquerra Unida tras acceder al expediente. La primera, de diciembre de 2008, es de Monzó al responsable de la oficina del arquitecto, Fernando Benzo (también imputado) para comunicar que el diseño es una “modificación unilateral” del contrato y que no tiene el visto bueno de la Generalitat. Este respondió en febrero de 2009 exigiendo el pago con un escrito que reenvió al expresidente Francisco Camps. La correspondencia llega a su fin cuando los abogados advierten de que si no pagan acudirán a los tribunales. Cinco días después la SPTCV comunica en un burofax que pagarán pese al incumplimiento y por la voluntad de entendimiento. Monzó fue destituido poco después de su cargo en la empresa pública.

El juzgado de Instrucción 5 de Castellón quiere averiguar qué llevó al arquitecto a presentar un proyecto que ampliaba lo dictado por la Generalitat. El expediente al que tuvo acceso EU (que ha anunciado que se personará en la causa) constata que su despacho justificó este aumento a las nuevas exigencias del Ayuntamiento de Castellón, que presidía Alberto Fabra, al pasar de 16.000 metros cuadrados a 48.240 con el consiguiente “lógico aumento de costes”. El tribunal le reclama los programas de necesidades que recibió de la Generalitat y del consistorio y que indique en base a cuál presentó la maqueta.

A la Generalitat, el juzgado le pide el acuerdo por el que autorizó el sobrecoste de la obra así como el informe que justifique por qué se contrató al arquitecto a dedo en base a los supuestos fines artísticos del contrato.

El presidente de la Generalitat fue preguntado ayer si defendía que la contratación fue correcta. “Quiero pensar que sí, como todo lo que se hizo en su día. Espero que toda la información que precise el juez sea facilitada para que se pueda demostrar que sí”, dijo. Más allá de la polémica por la investigación, defendió el Centro de Convenciones: “Para Castellón, poder contar con una obra de Calatrava era importante, una referencia para poder dinamizar el sector empresarial y la economía local”, dijo. El presidente valenciano asumió que tendrían que “cambiar mucho las cosas” para retomar el proyecto, pero no lo dio por zanjado.