Un trámite frena las exhumaciones de bebés robados en Cádiz
La Junta y el Ayuntamiento de Cádiz no se ponen de acuerdo para gestionar los enterramientos
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz no se ponen de acuerdo en el trámite burocrático necesario para poder acometer 54 exhumaciones ya aprobadas de casos de bebés supuestamente robados en la provincia de Cádiz.
El Consistorio, gobernado por el PP, dice que este proceso no se puede iniciar hasta que la Junta declare oficialmente clausurado el cementerio, en el que se no se realizan enterramientos desde 1992. Pero el Gobierno andaluz dice que no puede aprobar ese trámite hasta que finalicen todas las operaciones para trasladar los últimos restos. En medio, la asociación ...
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz no se ponen de acuerdo en el trámite burocrático necesario para poder acometer 54 exhumaciones ya aprobadas de casos de bebés supuestamente robados en la provincia de Cádiz.
El Consistorio, gobernado por el PP, dice que este proceso no se puede iniciar hasta que la Junta declare oficialmente clausurado el cementerio, en el que se no se realizan enterramientos desde 1992. Pero el Gobierno andaluz dice que no puede aprobar ese trámite hasta que finalicen todas las operaciones para trasladar los últimos restos. En medio, la asociación SOS Bebés Robados se desespera por el tiempo acumulado sin que sus denuncias puedan prosperar por la falta de pruebas que pueden ser fundamentales.
El colectivo de familias que reclaman a sus seres queridos acordó hace meses con el Ayuntamiento 54 exhumaciones, de las que están pendientes varios procesos judiciales aún abiertos. Pero la primera piedra surgió cuando el gobierno municipal aseguró que las exhumaciones no se podían llevar a cabo hasta que la Junta no clausurase definitivamente el camposanto. “Sin ese trámite no sabemos si es legal o no empezar estos trabajos”, llegó a decir en mayo el teniente de alcalde, Ignacio Romaní.
La Junta, en realidad, ya ha respondido a esa reclamación. Porque la delegada de Salud, Miriam Alconchel, sostiene que el proceso es inverso y así lo recoge el artículo 48 del reglamento de policía mortuoria. La clausura del cementerio se hará una vez haya finalizado todo el proceso de exhumación, inhumación, cremación y traslado de los restos. Solo entonces el cierre será oficial. Pero Alconchel sostiene que el Ayuntamiento es el que tiene las competencias ahora para aprobar o desaprobar exhumaciones.
De este cruce de declaraciones han pasado dos meses sin que se hayan producido nuevos avances. La asociación ha decidido presentar una queja formal en el registro del Ayuntamiento y acusa al gobierno del PP de “dar largas” puesto que, en su opinión, las exhumaciones pueden comenzar sin problemas. De este proceso están también pendientes las asociaciones de memoria democrática porque en este cementerio también hay fosas comunes de la Guerra Civil, todavía sin exhumar.