El último encarcelado del ‘caso ERE’ queda en libertad tras pagar la fianza
La juez Alaya rebaja la cuantía para Eduardo Pascual de 10.000 a 6.000 euros
El exdirectivo de la consultora Vitalia Eduardo Pascual, único imputado en el caso de los ERE que permanecía en prisión, ha quedado en libertad después de que la magistrada Mercedes Alaya le rebajase de 10.000 a 6.000 euros la fianza impuesta. Según fuentes judiciales, el exdirectivo ha abonado dicha cuantía y ha salido de la cárcel de Sevilla-I sobre las siete de la tarde. El acusado permanecía en prisión desde mar...
El exdirectivo de la consultora Vitalia Eduardo Pascual, único imputado en el caso de los ERE que permanecía en prisión, ha quedado en libertad después de que la magistrada Mercedes Alaya le rebajase de 10.000 a 6.000 euros la fianza impuesta. Según fuentes judiciales, el exdirectivo ha abonado dicha cuantía y ha salido de la cárcel de Sevilla-I sobre las siete de la tarde. El acusado permanecía en prisión desde marzo del año pasado tras ser detenido en el marco de la Operación Heracles, que investigaba el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación. El exdirectivo también ha tenido que hacer frente a los 5.000 euros de la fianza impuesta por la Audiencia Nacional por su implicación en el caso Eurobank.
Acusado, entre otros delitos, de cohecho, prevaricación y malversación; la defensa de Pascual pidió el martes a la magistrada que rebajase la fianza hasta los 1.000 euros —“única cantidad que puede reunir”— ya que los quince meses en la cárcel “han agotado su tesorería, que se encuentra exhausta”, informa Efe. A su alegato, el abogado suma que Pascual precisa de un empleo. “Necesito encontrar un nuevo trabajo que me permita generar nuevos ingresos para poder pagar mis deudas actuales, pero mi permanencia en prisión lo imposibilita”, dice el escrito presentado ante Alaya. Asimismo, argumenta que de no rebajarse “considerablemente” dicha cantidad “se estaría convirtiendo en ilusoria la posibilidad ofrecida al imputado de gozar de libertad provisional y se le estaría imponiendo el cumplimiento de una pena anticipada”.
Tras esta petición, Alaya ha emitido un auto en el que rebaja, por octava vez, la fianza impuesta a Eduardo Pascual, una cantidad que la Audiencia de Sevilla fijó en en mayo de 2013 en 600.000 euros. El exdirectivo era el último imputado que permanecía en prisión después de que su compañera en Vitalia María Vaqué quedara en libertad a principios de marzo. Antes de ellos, lo hizo el conseguidor de los ERE y exsindicalista Juan Lanzas, quien pagó una fianza de 200.000 euros.
El PP critica que la Junta mantenga en el cargo al director de Idea
En el auto de ingreso en prisión, la juez Alaya apuntaba que Pascual y Vaqué “llevarían el control personal de lo que acontecía” en Vitalia, señalando que las “sobrecomisiones” cobradas por la consultora en relación con las pólizas habrían causado “un enorme perjuicio a la Hacienda Pública”. La magistrada acusó a ambos exdirectivos de lucrarse con comisiones abusivas que superaron el 20% del costo de las pólizas. Además de Pascual y Vaqué, en la primera fase de la Operación Heracles, fueron detenidos una veintena de personas, entre ellos, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.
En su comparecencia ante Alaya en marzo de 2013, Pascual rechazó las acusaciones de la magistrada. “Dígame dónde tengo el dinero. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía”, dijo el empresario, acusado de cohecho, prevaricación, un delito fiscal, asociación ilícita, falsedad y malversación como principal responsable del desvío de fondos públicos de la Junta desde Vitalia.
La instrucción del caso de los ERE ha saltado, una vez más, de los juzgados a la vida política. La secretaria general del PP andaluz, Dolores López Gabarro, ha criticado la decisión de la Junta de Andalucía de mantener en el cargo al director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), Antonio Valverde, imputado en la causa y para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió el martes una fianza civil de 3,6 millones de euros. Antonio Valverde compareció hace dos días ante Alaya y se acogió a su derecho a no declarar.
López Gabarro ha señalado que la decisión de la Administración es “el mejor ejemplo” de cómo “en realidad entiende la presidenta Susana Díaz la transparencia”. “Esta decisión es el mejor ejemplo y hay que recordar que su padre político es quien es y que su abuelo político es quien es y que ambos salieron corriendo por la corrupción”, asegura la popular. “Cuando Díaz habla de transparencia, se limita únicamente a dar titulares”, agrega.