El Parlament retoma la ponencia sobre la ley de consultas

Todos los grupos del Parlament, salvo Ciutadans, retromaron ayer los trabajos de la Ley de Consultas tras las elecciones europeas con el objetivo, por parte de los soberanistas, de esquivar una suspensión del Tribunal Constitucional (TC) evitando en el texto referencias explícitas al 9 de noviembre, informa Efe. Las reuniones de la ponencia se celebrarán todos los viernes hasta 4 de julio cuando el borrador de la ley se llevará al Consejo de Garantías Estatutarias para que determine si se ajusta al Estatut y a la Constitución y luego se llevará al pleno del Parlament en septiembre.

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Todos los grupos del Parlament, salvo Ciutadans, retromaron ayer los trabajos de la Ley de Consultas tras las elecciones europeas con el objetivo, por parte de los soberanistas, de esquivar una suspensión del Tribunal Constitucional (TC) evitando en el texto referencias explícitas al 9 de noviembre, informa Efe. Las reuniones de la ponencia se celebrarán todos los viernes hasta 4 de julio cuando el borrador de la ley se llevará al Consejo de Garantías Estatutarias para que determine si se ajusta al Estatut y a la Constitución y luego se llevará al pleno del Parlament en septiembre.

Tras la aprobación, Artur Mas firmaría el decreto de convocatoria de consulta a mediados de septiembre para celebrar el referéndum en el supuesto de que el Gobierno no recurra el texto al TC. Según fuentes parlamentarias, las fuerzas soberanistas prevén que el texto fije las normas para consultas populares de todo tipo que no sean referendos sin mencionar a la del 9-N.

En la reunión de ayer, los grupos discutieron la regulación de instrumentos de participación ciudadana, tales como foros de debates, encuestas o foros ciudadanos, puntos que son importantes para PSC y PP, las dos formaciones más reacias a que esta ley se use para convocar el referéndum secesionista. Según el calendario previsto, a partir del 13 de junio la ponencia empezará a tratar las consultas populares y se discutirán las garantías de participación, el censo, el coste o las materias competenciales sobre las que se basarán. Cabe la posibilidad que el Alto Tribunal determine que estos criterios son los mismos que se aplican a un proceso electoral y podría actuar para declararlo inconstitucional.