La policía se sorprendió de que el Grupo Boluda esperase el registro
El juzgado pide unas facturas “que habían desaparecido de una carpeta”
Cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llamaron el pasado 15 de enero a la puerta del astillero Unión Naval de Valencia, SA, se llevaron una sorpresa. La firma del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, conocía de antemano la visita policial para realizar un registro. Un funcionario del juzgado de Instrucción número 2 de Valencia notificó el día anterior a la mercantil que la UDEF ...
Cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llamaron el pasado 15 de enero a la puerta del astillero Unión Naval de Valencia, SA, se llevaron una sorpresa. La firma del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, conocía de antemano la visita policial para realizar un registro. Un funcionario del juzgado de Instrucción número 2 de Valencia notificó el día anterior a la mercantil que la UDEF acudiría en busca de documentos. Los agentes dejaron constancia de su desconcierto en un acta, según fuentes de la investigación.
“Fue una equivocación”, explican fuentes jurídicas, que desmarcan el movimiento de un aviso. Pero admiten que lo normal habría sido entregar la notificación en el momento del registro. Así se evita una posible destrucción de pruebas.
La investigación avanza. Las pesquisas apuntan a que Grupo Boluda manipuló los conceptos de las facturas de sus subcontratas para captar entre 2008 y 2011 ayudas del Fondo Social Europeo a la formación por valor de 400.000 euros. El juzgado ha requerido al astillero los originales de las facturas de 2010 del excontratista de riesgos laborales Progene Segurlabor. La carpeta que debía contener estos documentos estaba vacía cuando la UDEF registró el edificio de Unión Naval de Valencia, SA.
Las pesquisas se encaminan ahora a conocer el grado de responsabilidad en el presunto fraude de dos directivos del astillero: el director de Recursos Humanos, Francisco T. H., y la exdirectora Alicia M. G.
Un funcionario del juzgado notificó a la firma de la visita de los agentes
La investigación no descarta que grupo Boluda utilizara a más subcontratas para el cobro irregular de dinero comunitario. Los indicios se refuerzan tras las declaraciones del pasado jueves del excontratista denunciante, Progene Segurlabor, y del representante de la firma de montaje de andamios Angloval. Unión Naval de Valencia, SA, habría cambiado los conceptos de sus facturas para fingir ante la UE que impartieron cursos de formación inexistentes. “En mi vida he dado una clase de nada. Yo solo monto andamios”, zanjó el portavoz de Angloval en el juzgado.
Fuentes próximas a la investigación se sorprendieron de que a las declaraciones de los excontratistas asistiera un abogado de Unión Naval de Valencia, SA, y otro en representación de Francisco T. H. y Alicia M. G. Ellos participaron, presuntamente, en la manipulación de las facturas. “Al conocer lo que han dicho los excontratistas, pueden preparar mejor su posible declaración como imputados”, lamentan.
La instrucción del caso Boluda se ha reforzado con un fiscal de delitos económicos. Se prevé la personación como acusación particular de la Abogacía del Estado. La Intervención General de la Administración del Estado destapó el supuesto fraude el pasado junio al requerir en nombre de la UE al exproveedor del astillero Progene Segurlabor una factura para cotejar la legalidad de una subvención recibida por Grupo Boluda por unos supuestos cursos de formación. Una portavoz de la firma naviera declinó este lunes pronunciarse hasta que finalice la investigación judicial.