La Comunidad sancionará los fraudes por formación “con el triple de lo defraudado”

La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, se ha comprometido esta tarde en una intervención parlamentaria en la que se la ha visto muy tensa a endurecer la normativa que regula los cursos de formación. La responsable del Gobierno regional ha acudido por iniciativa propia a dar explicaciones en la Asamblea de Madrid tres meses después de que EL PAÍS destapara el fraude de los cursos de formación. Un escándalo que, de momento, ha t...

La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, se ha comprometido esta tarde en una intervención parlamentaria en la que se la ha visto muy tensa a endurecer la normativa que regula los cursos de formación. La responsable del Gobierno regional ha acudido por iniciativa propia a dar explicaciones en la Asamblea de Madrid tres meses después de que EL PAÍS destapara el fraude de los cursos de formación. Un escándalo que, de momento, ha terminado con el empresario cordobés José Luis Aneri en prisión, tras estafar supuestamente 4,4 millones de euros a la Comunidad. Aparte, se habría apropiado de otros 11 millones procedentes de la financiación estatal. “[A las asociaciones afectadas] les hemos pedido que se devuelva el dinero, voy a incoar expedientes sancionadores que pueden suponer el triple de las cantidades defraudadas”, ha afirmado Mariño.

La responsable de Empleo de la Comunidad ha aseverado que el Ejecutivo de Ignacio González acudió a la policía “cuando tuvo evidencias” del presunto fraude “gracias al fruto de las investigaciones de los trabajadores de la consejería”. Sin embargo, la Comunidad reaccionó un año después de tener conocimiento de los primeros indicios de que algo ocurría.

Mariño ha responsabilizado de la falta de control de los cursos a la Fundación Tripartita, el órgano que gestiona la formación y que depende del Ministerio de Trabajo y también integran la patronal y los sindicatos. “En la primavera de 2013 la Fundación Tripartita nos pidió que no le enviásemos más expedientes, y así ha sido hasta enero de este año. Hablamos de casi nueve meses de inacción de la Tripartita. Desde enero se les ha remitido 80 expedientes”, ha subrayado.

La consejera ha señalado que se cambiará el sistema actual, por el que los organizadores de los cursos reciben por adelantado las subvenciones para realizarlos. “Vamos a pedir que el seguimiento de los cursos sea del 100% y no de al menos el 5% [como permite la ley estatal], y que los fondos vayan directamente a los alumnos, no a los organizadores sean empresarios o sindicatos”, ha expresado Mariño.

La número dos de los socialistas madrileños, Maru Menéndez,ha acusado de “ocultación” y “connivencia” al Gobierno por el fraude de los cursos de formación y ha pedido, además de una comisión de investigación, la dimisión de la consejera. “¿Ocultar? ¿Connivencia de esta consejera? Es usted una faltona, lo que me pide el cuerpo es soltarle una fresca”, le ha replicado Mariño. “Escuchándola se la ve nerviosa, con un tono propio de otro lugar y no de un Parlamento”, ha reprochado en su turno Ramón Marcos (UPyD), que también ha acusado a la Consejería de Empleo de un posible delito de encubrimiento en la estafa de los cursos de formación. El portavoz de IU en el Parlamento regional, Gregorio Gordo, ha calificado de “atropellada” y “poco transparente” la comparecencia de Mariño y también ha reclamado la puesta en marcha de una comisión de investigación.

“Pueden pedir mi dimisión con desparpajo, pero esta consejera no va a consentir mala praxis ni que se ponga en solfa el trabajo de los altos cargos ni de los trabajadores de la Consejería. Estamos aquí porque esta Consejería ha levantado el escándalo”, ha proseguido Mariño, obviando la realidad: este diario destapó el funcionamiento de la red de Aneri con varias organizaciones empresariales el pasado diciembre. Desde entonces se ha ampliado el foco también a los sindicatos.

Mariño, que ha indicado que la Fundación Tripartita -engloba a Estado, patronal y sindicatos- gestionó 390 millones en 2011 y las comunidades autónomas 353, de los que 49,6 correspondieron a Madrid en 2011 (17 millones para teleformación), ha derivado la responsabilidad de controlar el cumplimiento de los cursos a los trabajadores de su Consejería. “¿Usted cree que esta consejera o la directora general se ponen a controlar los cursos uno por uno? ¿Acusa a los trabajadores de la Consejería, que realizan el control?”, ha espetado, pasada de revoluciones, al PSM.

La consejera del Ejecutivo de Ignacio González ha insistido, por más que las evidencias indiquen lo contrario, en que la Comunidad “ha ido por delante” en la denuncia del fraude en los cursos on line. Y ha apuntado su intención de “revisar” el modelo de financiación de los cursos, “que se pueden avalar, permitiendo los pagos por adelantado, porque en 2008 así lo aprobó el PSOE, cambiando una normativa anterior del PP que lo impedía”.

“En cuanto se produjo la eventualidad que marca la ley, los funcionarios denunciaron los hechos. Hemos cubierto con rapidez la tramitación administrativa cuando hemos visto las irregularidades. No arrastramos los pies a la busca de responsabilidades”, se ha enrocado Mariño, que ha destacado que en los últimos años patronal y sindicatos han devuelto 8,3 millones (4 por parte de los sindicatos y 2,2 de asociaciones de la CEIM) por cursos que no habían dado y después de que así lo hubiera comprobado la Comunidad.

Tres horas más tarde de su primera intervención en el pleno de la Asamblea, Mariño se ha referido a Sinergia empresarial, la firma desde la que Aneri ideó su estafa. "Sinergia no es adjudicataria, nunca se ha presentado a una convocatoria de la Consejería de Empleo en 2011. Este señor [Aneri] no ha firmado ninguna adjudicación publicada de subvenciones procedentes de la Comunidad. Simplemente fue subcontratada para dar servicios de teleformación. Sinergia tiene relación con esas asociaciones, y no con la Administración Pública", ha observado la consejera.

Josefa Navarro, diputada del PSM, ha criticado la postura de Mariño: “Dice que han levantado el escándalo, eso suena a chiste... Señora consejera, dice que viene por voluntad propia a dar explicaciones a esta Cámara, cuando viene arrastrada por la catarata de informaciones de un medio de comunicación [EL PAÍS]”. La parlamentaria socialista ha añadido que la anulación de los cursos, hasta nueva orden y “para los que la Comunidad no pone un euro, afecta a la formación de más de 46.000 trabajadores, con casi 700.000 parados. La formación resulta imprescindible para las políticas activas de empleo”. "Se controla lo que se quiere controlar", ha sentenciado Navarro.