Puig alerta de que la Ley de Unidad de Mercado provocará una fuga de empresas

La Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM), aprobada en noviembre por el Gobierno central y que permite que las empresas puedan operar en toda España con una sola licencia, tiene graves consecuencias tanto para el autogobierno de Cataluña como para la economía catalana y su competitividad: perjudicará a las pequeñas y medianas empresas (porque fomenta los oligopolios), la calidad de los servicios turísticos o la seguridad industrial (porque relaja las normativas y desregula), el modelo catalán de comercio o las garantías de los consumidores. Así lo ha denunciado el consejero de Empresa y E...

La Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM), aprobada en noviembre por el Gobierno central y que permite que las empresas puedan operar en toda España con una sola licencia, tiene graves consecuencias tanto para el autogobierno de Cataluña como para la economía catalana y su competitividad: perjudicará a las pequeñas y medianas empresas (porque fomenta los oligopolios), la calidad de los servicios turísticos o la seguridad industrial (porque relaja las normativas y desregula), el modelo catalán de comercio o las garantías de los consumidores. Así lo ha denunciado el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, esta mañana durante su comparecencia en el Parlament para analizar el impacto de la ley. Puig ha manifestado incluso que la LGUM “propiciará el desplazamiento de empresas hacia zonas con legislación más débil y un control más laxo”, un fenómeno que ha calificado de “dumping administrativo hacia paraísos administrativos”.

La LGUM fue impulsada por el Gobierno del PP con el objetivo de uniformizar la regulación en materia de actividad económica en las 17 comunidades españolas. Lo que establece la nueva ley es que una empresa o servicio que trabaje bajo la licencia de su comunidad de origen pueda extender su actividad a cualquier otra zona sin necesidad de tener la licencia para ésta. Por ejemplo, solía ejemplificar el ejecutivo al defender la ley, que un fontanero cuya empresa y licencia estén dadas de alta en Madrid pueda trabajar en cualquier otra comunidad autónoma española sin tener que obtener una nueva licencia en cada una; o que las embotelladoras de agua no tuvieran que hacer un envase en cada territorio. Pero el Gobierno catalán lo interpreta como una invasión de sus competencias y supone una agresión tanto a la Constitución como al Estatuto y a la directiva Europea de Servicios, por lo que la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, un recurso que anunció ayer tras la reunión semanal del ejecutivo. Andalucía, País Vasco y Canarias también han expresado su rechazo a la LGUM.

Sin llamar a la insumisión, el consejero Puig sí ha instado a cualquier empresa, patronal o colegio profesional a mantener un “escrupuloso cumplimiento del Estatuto, la Constitución y la directiva europea de Servicios” y ha advertido de que el Gobierno catalán "evitará hasta el último momento" la aplicación de la Ley. Además, ha recordado que la LGUM no solo ha sido cuestionada por el Consejo de Garantías Estatutarias, sino también por el Consejo de Estado.

El consejero ha hecho hincapié por igual durante su comparecencia en las dos patas de “la agresión”, a su juicio, que supone la nueva ley: la política, por “la invasión competencial” y la económica, “que instaura un modelo económico low-legal, desregulando por el límite bajo de exigencia de la actividad económica de la UE, de forma que perjudicará a las pymes y su capacidad de consumir y favorecerá a los oligopolios”.

En la pata política, Puig ha asegurado que la LGUM “convierte la Generalitat en una administración periférica”, cuya actuación se limitará a la tutela (“imposibilita para decidir las condiciones de desarrollo económico y sancionar”) y se ha mostrado alarmado por la introducción del “principio de extraterritorialidad”, porque en caso de que una empresa inscrita en otra comunidad pero que opere en Cataluña predominará la normativa de otra comunidad. El consejero se ha mostrado vehemente al utilizar términos como “hiperactividad uniformizadora y recentralizadora”, “vaciado de competencias de la Generalitat” o “escenario preautonómico”. “La LGUM no solo busca un efecto políticos sino también económico para desestabilizar nuestra economía”, ha concluido.

Desde el punto de vista económico, Puig ha alertado de que “provocará desprotección de los ciudadanos y el desplazamiento de empresas hacia otros territorios con normas más laxas”. Puig se ha mostrado “convencido de que el Gobierno del Estado es plenamente consciente de la inconstitucionalidad de esta ley y por ello actúa de urgencia”, y ha explicado como los Ministerios están convocando “de forma frenética” conferencias sectoriales, convocando a técnicos de las consejerías a reuniones o enviando cartas a los secretarios de los departamentos de la Generalitat.