La ausencia de un acusado impide iniciar el juicio a Fenoll por fraude
La juez de Orihuela ordena la búsqueda y detención de Manuel Poveda antes del jueves
El juicio que estaba previsto que arrancara hoy en Penal 3 de Orihuela contra el empresario Ángel Fenoll y otras 17 personas por delitos contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil ha quedado suspendido por la incomparecencia del acusado Manuel López Poveda, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
A petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, la juez ha ordenado la búsqueda y detención de este acusado para garantizar su presencia en el juicio que comenzará el jueves con cuestiones previas.
El juzgado núme...
El juicio que estaba previsto que arrancara hoy en Penal 3 de Orihuela contra el empresario Ángel Fenoll y otras 17 personas por delitos contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil ha quedado suspendido por la incomparecencia del acusado Manuel López Poveda, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
A petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, la juez ha ordenado la búsqueda y detención de este acusado para garantizar su presencia en el juicio que comenzará el jueves con cuestiones previas.
El juzgado número 3 de Orihuela acogerá un macro juicio por un supuesto fraude millonario a Hacienda en el que están imputadas 18 personas y 11 empresas. Uno de los implicados es el empresario Ángel Fenoll que se enfrenta a penas que suman 36 años de cárcel por once delitos fiscales y por falsificar facturas.
El presunto fraude se cometió entre los años 2002 y 2004 a través de la declaración del Impuesto del Valor Añadido y del Impuesto de Sociedades, según el escrito del fiscal. En el banquillo se sentarán otras 17 personas, además del propio Fenoll, acusados de elaborar facturas por servicios ficticios prestados a las mercantiles del empresario oriolano. Al resto de acusados, colaboradores de Fenoll o administradores de las empresas imputadas en esta trama, se les piden penas que oscilan entre los ocho y los treinta años de prisión.
El juzgado de Primera Instancia número dos de Orihuela abrió juicio oral por estos hechos, que han sido remetidos al juzgado de lo Penal número 2 que ha citado a todos los imputados para este martes, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).
El supuesto fraude se cometió entre los años 2002 y 2004 a través de las dos principales sociedades del industrial: Colsur, empresa dedicada al servicio de recogida de basuras en una veintena de municipios de la Vega Baja; y Proambiente, que se encarga de la gestión del vertedero.
La Fiscalía sostiene que Fenoll, imputado también en el caso Brugal, presentó al fisco declaraciones falseadas del IVA y del Impuesto de Sociedades, para deducirse gastos y ocultar sus ganancias reales. Para ello, el industrial se valió de facturas presentadas por el resto de acusados en concepto de servicios o entregas de mercancía que jamás existieron. Para emitir estas facturas, usaban los datos que el propio Fenoll les apuntaba, como cuáles eran los servicios o mercancías prestados, el importe que se debía pagar o el Número de Identificación Fiscal.
La Fiscalía atribuye a los imputados haber confeccionado cerca de 1.300 facturas falsas en concepto de operaciones que no se realizaron. La acusación solo deja fuera de las irregularidades del periodo investigado las declaraciones del IVA correspondientes al año 2004 en la mercantil Colsur. Hasta once mercantiles diferentes, entre ellas las dos empresas de Fenoll, han sido declaradas por la acusación como responsabilidades civiles subsidiarias y por tanto tendrían que hacerse cargo del pago de las multas en caso de una hipotética condena por el juzgado de lo Penal que enjuicie los hechos.
Uno de los imputados en este caso es el exconcejal del PP de Albatera y también imputado en Brugal, Francisco José Bru, a quien se le piden penas que suman trece años de prisión. El fiscal atribuye a Bru hasta 225 facturas presuntamente falsas y que ascienden a cerca de 350.000 euros.
La investigación recoge también otras 394 facturas por operaciones de entrega de combustible ficticias en una gasolinera de la zona por importe de más de 1.730.000 euros durante los años investigados.
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