Un exedil del PP dice que cobró 48.000 euros en cheques de Quality Food
Francisco Villarreal exonera a su partido y arremete contra el dueño de la empresa
Francisco Villarreal, quien fuera concejal del Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz por el PP, admitió este viernes en su declaración como testigo del caso Quality Food que cobró personalmente dos cheques a su nombre y otro en nombre del administrador de esta empresa por valor de 48.000 euros cuando ejercía de comercial de la compañía.
Un dinero que recibió el 27 de diciembre de 2003, solo cuatro días después de que la Zona Franca de Cádiz, baj...
Francisco Villarreal, quien fuera concejal del Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz por el PP, admitió este viernes en su declaración como testigo del caso Quality Food que cobró personalmente dos cheques a su nombre y otro en nombre del administrador de esta empresa por valor de 48.000 euros cuando ejercía de comercial de la compañía.
Un dinero que recibió el 27 de diciembre de 2003, solo cuatro días después de que la Zona Franca de Cádiz, bajo el mando del PP, comprara la mayoría de acciones de esta sociedad. Su declaración le sirvió para acusar de graves irregularidades al que fue dueño primigenio de la empresa, Manuel García Gallardo, del que dijo que cobraba a las administraciones servicios no ejecutados y que utilizó sus influencias y las familiares para ganar contratos públicos. García Gallardo anunció una querella por injurias.
El caso Quality Food investiga si el desarrollo e impulso de esta empresa de alimentación pudo servir para estafar a la Zona Franca y saquear dinero público. La primera denuncia la inició el entonces delegado del Consorcio, Miguel Osuna, del PP, al haberse sentido engañado por García Gallardo, a quien ayudó a hacer crecer su negocio. Pero la investigación, en su última fase, ha estado centrada en aclarar si Osuna no solo no fue engañado, sino que participó en este engaño, con la colaboración de otros cargos del PP del Ayuntamiento de Cádiz.
Villarreal es el quinto concejal de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, al que la juez Rosa María García Jover llama a declarar por este caso. Fue edil de Asuntos Sociales hasta que se vio salpicado con el escándalo del caso Afanas. Llegó a ser acusado de comprarse muebles con dinero de una asociación de discapacitados. Este viernes se supo que, a pesar de que la alcaldesa le apartó del gobierno municipal y tuvo que entregar el acta, el PP le encontró acomodo como asesor en el Parlamento andaluz y después como comercial de Quality Food, donde llegó a ser gerente de una de sus divisiones. Villarreal dijo en el juzgado que estaba en el “tercer escalón” de la cadena de mandos.
El exconcejal relata
Una de sus misiones, según explicó, era la de cobrar los cheques “siguiendo indicaciones” de sus superiores, en este caso, de García Gallardo. Detalló que ese dinero se lo entregaba al propietario de la empresa. Añadió también que este sistema permitía a García Gallardo realizar cobros “en negro”. Irregularidades que Villarreal extendió a todo el funcionamiento de la empresa. Según detalló a la salida de los juzgados Felipe Meléndez, abogado de Miguel Osuna, “el testigo ha explicado que Quality ofertaba y presupuestaba mejoras en los servicios que después no prestaba. Pagaba sin cotizar esa diferencia y eso le aportaba cuantiosos beneficios a García Gallardo”.
Su relato contra el entonces dueño de la empresa ha elevado el tono cuando ha contado que García Gallardo tiró de influencias para rascar contratos con el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Con el Ejecutivo estatal, durante la etapa de José María Aznar, por su condición de afín al PP (presidió las Nuevas Generaciones de San Fernando). Y con el Gobierno autonómico porque su pareja era una destacada dirigente del PSOE, entonces con cargo público autonómico.
Nada más salir del juzgado, Marcos García Montes, abogado de García Gallardo, anunció la interposición de la querella contra Villarreal por injurias. Por un doble motivo: por acusarle falsamente de las irregularidades contables y por achacarle un posible delito de tráfico de influencias. El letrado recordó que, a pesar de que Villarreal tenía obligación de decir verdad como testigo, ha podido incurrir en algunas falsedades. Por ejemplo, que en el momento en que él cobró los cheques el 27 de diciembre de 2003 ya García Gallardo no era administrador de la compañía sino que Miguel Osuna, al comprar la Zona Franca la mayoría de acciones, también le retiró de ese cargo. “Los cheques estaban a nombre de Villarreal y del administrador de Quality pero ya entonces García Gallardo no era el administrador, por lo que habrá que ver quién cobró ese dinero”.
El abogado de García Gallardo anuncia una querella
Villarreal, que actualmente trabaja en una empresa Madrid que suministra comida al Ministerio de Defensa, se alineó con el discurso del PP al sostener que fue Osuna el que se decidió poner freno a las irregularidades detectadas. Fue el propio Osuna el que le despidió por vincularle laboralmente a García Gallardo.
“Ahora gano cinco veces más de lo que cobraba en Quality”, ha explicado. Llamó la atención a los asistentes a su declaración que negara conocer a concejales del PP como Ignacio Romaní, actualmente imputado en la causa, o Jorge Moreno, quien fue llamado como testigo y con quien compartió mandato. También Moreno negó conocer en su declaración a algunos de los protagonistas de la causa. También ha sorprendido la labor de defensa de los imputados del PP que está haciendo la acusación particular que ejerce la Corporación Quality, que se unió a la causa a pesar de ser una sociedad en vías de liquidación por parte de la Zona Franca.
García Montes tratará de seguir indagando cuál fue el papel que Jorge Moreno ha podido tener en Quality Food y no descarta llegar a plantear esa cuestión algún día a Teófila Martínez.