Una diputada del PSPV acusa a Fabra de ser cómplice de Blasco
Clara Tirado afirma que el PP mintió para ocultar el saqueo en Solidaridad
Rafael Blasco ha pasado en tres años de estratega a apestado. La estela del brillante orador parlamentario, ocho veces consejero de la Generalitat Valenciana, piedra angular del ascenso al poder de un desconocido Eduardo Zaplana y hombre capaz de navegar con mano izquierda por las luchas intestinas del PP, se ha desfondado.
Su declive empieza con una carta. Y de esa misiva sin remitente, que contenía medio centenar de folios, explicó ayer algunos detalles la diputada socialista Clara Tirado. Ella fue quien gestionó la documentación que un día del verano de 2010 alguien dejó a su nombre ...
Rafael Blasco ha pasado en tres años de estratega a apestado. La estela del brillante orador parlamentario, ocho veces consejero de la Generalitat Valenciana, piedra angular del ascenso al poder de un desconocido Eduardo Zaplana y hombre capaz de navegar con mano izquierda por las luchas intestinas del PP, se ha desfondado.
Su declive empieza con una carta. Y de esa misiva sin remitente, que contenía medio centenar de folios, explicó ayer algunos detalles la diputada socialista Clara Tirado. Ella fue quien gestionó la documentación que un día del verano de 2010 alguien dejó a su nombre en la sede socialista de Blanqueries. Facturas, expedientes, informes técnicos y una somera explicación de una trama corrupta relacionada con la anodina ONG Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes).
Tirado declaró ayer en calidad de testigo en el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ), ante cuyas puertas acusó al PP de “colaborar” con el presunto cabecilla de la trama. Señaló como “cómplices” del principal imputado al jefe del Consell, Alberto Fabra, y al exsecretario general del PP regional y diputado Antonio Clemente. Los conservadores, deslizó, conocían el modus operandi de la Consejería por las declaraciones ante el juez de la esposa de Clemente, la exdirectora general de Cooperación Pilar Collado, quien reconoció un “marrón” con unos inmuebles. Con esa expresión coloquial se refería a la adquisición de pisos y plazas de garaje con fondos destinado a construir pozos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros de los 1,8 millones del proyecto subvencionado. “El PP miente si dice que no lo sabía”, proclamó la socialista en la puerta del tribunal.
Antes de trasladar la información a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, el 7 de octubre de 2010, Tirado compartió el hallazgo con la cúpula del PSPV de la época. Solo informó de la existencia del sobre al exportavoz parlamentario socialista Ángel Luna, al exsecretario general Jorge Alarte y a su jefe de gabinete. Comprobó que las subvenciones se habían adjudicado a la ONG bajo sospecha y que la Fundación Cyes había comprado los pisos. “No recuerdo el día exacto que recibí [la documentación]. Pero no tardamos mucho en presentar la denuncia. Todo parecía verosímil, había muchas pruebas”. Tirado rechazó que los papeles se los entregara un militante socialista pareja sentimental de un técnico de la Consejería.
“Es habitual que lleguen denuncias sobre corrupción”, asegura Tirado
Las defensas de los principales imputados cuestionaron matices de los papeles que destaparon la trama. El letrado de Blasco, Javier Boix, remarcó una imprecisión en un nombre atribuido por error al sobrino del exconsejero. Buena parte de las preguntas planearon sobre la identidad del remitente. “Es habitual, por desgracia, que a la sede de un partido lleguen denuncias sobre casos de corrupción”, zanjó Tirado a la letrada de la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular.
La diputada reconoció que no habló con responsables de la Dirección General de la Consejería implicada mientras ultimaba la denuncia y que su partido presentó un escrito al Tribunal de Cuentas. Atribuyó a los problemas económicos de Blanqueríes que los socialistas no se personaran como acusación popular en la causa, como sí están en Gürtel o Emarsa. “Teníamos muchos gastos”.
Tirado resumió así la aportación a la política valenciana del exconsejero que se sienta desde hace cinco semanas en el banquillo del TSJ. “Blasco es uno de los personajes más indecentes de la Comunidad”.
Anomalías y sorpresas
“Me llamó la atención que fuera aprobado. Los requisitos de la convocatoria eran muy exigentes. No era normal que un proyecto incluyese la compra de inmuebles”. Juan José Iborra, un técnico que trabajó en la Consejería de Solidaridad entre 2006 y 2010, deslizó ayer que las presuntas irregularidades en la concesión de una ayuda de 1,8 millones en 2008 a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) era vox pópuli entre algunos empleados del extinto departamento. Iborra declaró como testigo en el caso Cooperación, donde cuestionó la solvencia de la ONG bajo sospecha. Indicó que Cyes carecía de experiencia. Y así se lo trasladó la entonces jefa de área Eva Solá. “La tramitación fue poco ortodoxa”.
Iborra destacó la irrupción de “nuevas entidades” agraciadas con fondos públicos con la llegada al departamento del presunto cabecilla de la trama, el exconsejero Rafael Blasco (2008-2010). “Hay una serie de organizaciones que, hasta entonces, no habían recibido subvenciones y que empiezan a tener ayudas pese a que se presentaban por primera vez”.
En la nómina de anomalías, el testigo incluyó “presupuestos desorbitados”, la compra de inmuebles —pisos y plazas de garaje— con el dinero destinado a Nicaragua y el trabajo en red, que es como se denomina la colaboración con organizaciones que sí cumplían los requisitos.
El técnico se enteró de que la ONG investigada contemplaba estas iniciativas porque vio los formularios en los ordenadores de la Consejería. Un lugar que, sugirió, funcionaba bajo una férrea jerarquía donde era clave Marc Llinares, exjefe de área de Cooperación descrito por varios testimonios como verdadera mano derecha de Blasco. “Tuve con él varias discusiones. Era una persona que reaccionaba mal cuando se planteaba alguna cuestión que no coincidía con lo que él pensaba”. Y fue el hombre de confianza del exconsejero, según Iborra, el que custodiaba en su despacho los expedientes de los proyectos.
El testigo acudió a la Fiscalía cuando se enteró de la investigación sobre el presunto desvió de las ayudas a Nicaragua. “Era mi obligación”. Quizá por eso, respondió al abogado de Blasco, Javier Boix, que no acudió en el TSJ a perjudicar a nadie.