“Tenemos trincado al policía, necesito una llamada anónima”

El laberinto de sumarios que mantiene atrapado desde hace meses al gobierno de Santiago ha destapado un nuevo escándalo en el ejecutivo que preside el popular Ángel Currás, quien hace año y medio sustituyó en el puesto al dimitido Gerardo Conde Roa, recientemente condenado por defraudar a Hacienda 291.000 euros. Parte de los pinchazos telefónicos ordenados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo para investigar la trama Manga, un presunto amaño de contratos en las adjudicaciones de los servicios de grúa y Ora, han sido remitidos a una juez de Santiago que indaga un supuesto abuso de pod...

El laberinto de sumarios que mantiene atrapado desde hace meses al gobierno de Santiago ha destapado un nuevo escándalo en el ejecutivo que preside el popular Ángel Currás, quien hace año y medio sustituyó en el puesto al dimitido Gerardo Conde Roa, recientemente condenado por defraudar a Hacienda 291.000 euros. Parte de los pinchazos telefónicos ordenados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo para investigar la trama Manga, un presunto amaño de contratos en las adjudicaciones de los servicios de grúa y Ora, han sido remitidos a una juez de Santiago que indaga un supuesto abuso de poder por parte de exmiembros del gobierno municipal sobre un funcionario. Esos flecos de la Operación Manga amenazan con dar un giro al caso de la supuesta persecución denunciada por un policía municipal que resultaba incómodo al gobierno de Santiago.

 El nexo entre ambos casos es el exedil de seguridad Albino Vázquez Aldrey, a quien la juez de Lugo atribuye los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, y la de Santiago, abuso de poder. El teléfono estaba intervenido, y un informe elaborado por el Servicio de Vigilancia Aduanera pone al descubierto el plan urdido a finales de mayo de 2012 por varios miembros del gobierno municipal para “cargarse” al subjefe de la policía local, José Manuel Carril, señalado como enemigo por los dirigentes del PP, según el propio denunciante por negarse a destruir el atestado de la prueba de alcoholemia que acabó con la carrera política del exconcejal y mano derecha de Conde Roa, Ángel Espadas.

Las grabaciones telefónicas involucran a la exdirectora del área de seguridad del Ayuntamiento María del Mar Hinojosa, teniente de la Guardia Civil fichada en su día por Conde Roa para coordinar la policía municipal y que regresó al instituto armado tras ser imputada por este caso, igual que el propio concejal Albino Vázquez y Ángel Espadas, en el momento de los hechos, ya sin cargo en el Ayuntamiento.

Lo que sigue es la cronología de la operación tramada por estos tres imputados, tal y como está relatada en el informe policial de Vigilancia Aduanera aportado a la juez. El 13 de marzo de 2012, el entonces edil de tráfico, Albino Vázquez, llama a su subordinada María del Mar Hinojosa para reprenderla por que la grúa municipal se está llevando coches de una zona en la que el concejal había ordenado “ser permisivos”. La coordinadora de seguridad responde a su superior que la decisión la tomó por iniciativa propia el agente Carril, “que anda descarriado”.

El 27 de abril, la coordinadora de seguridad informa también por teléfono móvil a su concejal de que al policía local un bar del centro de la ciudad “le da cajas de leche”, según la denuncia de tres agentes “que vieron al camarero meterlas en el maletero del coche oficial”.

Un mes después, los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera interceptan la llamada clave. A las 17.39 horas del 24 de mayo de 2012, Mar Hinojosa cuenta por teléfono al edil Vázquez Aldrey que “tiene trincado a Carril, que está en su casa con un mono [funda de trabajo durante su jornada laboral]“. Pero añade que necesita que “alguien sin identificar llame desde una cabina a la centralita de la policía local, que diga que vieron un coche de la policía local, un Laguna en una casa en Biduido [fuera del término municipal de Santiago], que necesita tener esa llamada registrada”. Tres minutos más tarde, es el concejal Albino Vázquez el que anuncia también vía teléfono móvil a su amigo y excompañero de gobierno Ángel Espadas de que se van a “cargar a Carril”. En esa conversación el edil pide a Espadas que sea él quien “llame desde una cabina a la Policía Pocal y diga de manera anónima que hay un coche de la policía local en una casa particular de Biduido”. Especifica que telefonee desde una cabina y diga “que no quiere dar el nombre porque eso queda grabado”.

Nada más colgar, Vázquez Aldrey llama de nuevo a Hinojosa para alertarle de que en 10 minutos se realizará la llamada. “Ella se alegra y le dice que ahora sí que está trincado”, relata el atestado de Vigilancia Aduanera. En la siguiente hora, los tres protagonistas cruzan media docena de llamadas, pero al final la denuncia telefónica no se produce, puesto que quienes están vigilando los movimientos del funcionario en ese domicilio de las afueras —e informando a la coordinadora de seguridad sobre sus movimientos— alertan de que Carril se ha quitado el mono de trabajo y no ha sido posible sacarle una foto para aportarla como prueba de la supuesta indisciplina del agente.

Pese a ello, la coordinadora de seguridad decide seguir adelante con su estratagema y abrir un expediente disciplinario al agente policial. El 1 de junio de 2012, los pinchazos policiales revelan que el alcalde, Ángel Currás, también está al tanto de una operación que no parece entusiasmarle. En conversación telefónica con su concejal, el regidor le advierte de que el expediente disciplinario puede tener consecuencias y le pide que “valore la oportunidad y conveniencia”. El edil le responde que ya su antecesor “Conde Roa tenía especial interés en este tema”.

Ese mismo día, el edil de seguridad Albino Vázquez avisa a su coordinadora de que el alcalde ha puesto reparos, pero Mar Hinojosa señala que “no depende de él” y se reafirma en “tirar para adelante”. Tres días más tarde, el 4 de junio de 2012, es Ángel Espadas el que llama a Hinojosa para recomendarle que se asesore con el secretario municipal. Hinojosa se extraña de que “Currás tenga miedo” y se reafirma en presentar una denuncia en el registro porque “así no hay nadie que lo quite”. En una llamada posterior, Espadas dice que haconsultado al secretario del Ayuntamiento, quien según su versión, le pidió “que lo presente en un sobre cerrado para que no ande pululando en registro, luego se lo lleve a Albino [el concejal] y Albino se lo traslade al secretario, que ya se encarga del resto”. El 8 de junio, según el parte de llamadas de la policía, el concejal cuenta a la coordinadora de seguridad que el alcalde “dijo que no sigueran adelante con el tema de Carril”. Hinojosa se niega a echarse atrás “porque está presentado por registro y sería un delito”.

Finalmente el expediente disciplinario al policía municipal partió de una serie de denuncias anónimas remitidas por correo electrónico y que, según la juez que instruye el caso, son falsas. La instructora del sumario dictó hace una semana un auto que eximió de responsabilidades a los dos últimos alcaldes de Santiago, Currás y su antecesor, Conde Roa. Pero esa decisión la tomó antes de recibir este informe de Vigilancia Aduanera. En el caso siguen imputados el exedil Vázquez Aldrey, el exasesor y exconcejal Ángel Espadas y María del Mar Hinojosa. La oposición municipal —que integran el PSdeG y el Bloque— exigió ayer la dimisión del alcalde, quien desde que estalló este caso dijo no que no tenía información sobre el expediente al funcionario municipal. El policía Carril no solo denunció una persecución por parte de sus superiores sino también prevaricación por degradarlo profesionalmente e impedirle ocupar el puesto de subjefe pese a que le corresponde por ser el de mayor categoría profesional.

Los pinchazos telefónicos son la última mala noticia que ha recibido el gobierno de Santiago de los juzgados. Diez de los trece ediles, incluido el alcalde, están imputados en cuatro sumarios distintos. Antes, ya se vieron forzados a abandonar sus puesto Conde Roa y Vázquez Aldrey.