La juez acusa a los sindicatos de cobrar las comisiones “doblemente”
Las retribuciones eran "a veces altísimas, según la documentación recabada”, califica Alaya
La juez Mercedes Alaya acusa a los sindicatos UGT y CC OO de cobrar las comisiones en los ERE “a veces doblemente” en Madrid y Andalucía (por ejemplo CC OO en Delphi) a través de sus federaciones regional y estatal. “Comisiones, a veces altísimas,...
La juez Mercedes Alaya acusa a los sindicatos UGT y CC OO de cobrar las comisiones en los ERE “a veces doblemente” en Madrid y Andalucía (por ejemplo CC OO en Delphi) a través de sus federaciones regional y estatal. “Comisiones, a veces altísimas, según la documentación recabada”, califica la magistrada el cobro por parte de las centrales, según el acta de declaración como imputado del ex secretario general de Desarrollo Industrial de CC OO en Andalucía, Roberto Carmona.
La magistrada censura las comisiones percibidas por los sindicatos y resalta cómo CC OO Andalucía cobró 344.840 euros entre 2006 y 2010, mientras que ITG (UGT) percibió 594.398 euros en este periodo más 447.571 euros en 2011. La Guardia Civil incluye en su atestado un listado de 21 ERE en el que destacan las sobrecomisiones respecto a la media del mercado, que ascendieron a 12 millones solo en esta veintena de expedientes. La parte refinanciada del expediente de Delphi incluyó una comisión del 35% para la consultora, los abogados y los sindicatos. Los investigadores sostienen que del total de la prima de 10 millones, la comisión gestionada por la consultora Uniter ascendió a 3,6 millones. Como la comisión media del mercado estaba en el 5% y llegó al 35%, la comisión finalmente pagada superó en tres millones.
Alaya acusa a Carmona y al secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, de exigir a Uniter “sumas de dinero a sabiendas que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos (...) en concepto de viajes y manifestaciones (...) sin que ninguno de esos conceptos respondiera a gastos necesarios soportados realmente”. Alaya subraya que Uniter aceptó la exigencia por su papel de “facilitadores en el proceso” y porque conocía “la consecuencia de lo contrario”. Mera se desdijo de su declaración ante la Guardia Civil y esgrimió que consideraba “reales” los servicios prestados. “Hubo muchas reuniones con cierta dificultad, ya que se trataba de una negociación muy amplia con muchos colectivos afectados”, afirmó. Carmona precisó: “Los trabajos duraron un año (...) y luego continuaron”.